“Es la peor crisis que hemos vivido y lo peor es que es premeditada”: secretaria de Salud de Antioquia

Los hospitales de Antioquia nunca habían tenido tanta presión financiera como hoy. Luego de más de tres años de permanente angustia, en la que las principales EPS del departamento han ido cayendo como fichas de dominó en las manos del gobierno del presidente Gustavo Petro, el 2026 pareciera mostrarse como un año de quiebre.

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En días recientes, la alerta más sensible fue presentada por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, que en medio de un cada vez más polarizado ambiente político, denunció que los pasivos de las EPS con los prestadores rompieron récords: $8 billones con corte a septiembre de 2025.

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Para la líder de esa cartera, Marta Cecilia Ramírez, quien además fue gerente de la IPS Universitaria entre 2016 y 2023 (hoy Hospital Alma Mater, de la Universidad de Antioquia) esta es la peor crisis de la que tenga memoria y señaló que se hace urgente que se tomen medidas de fondo. La funcionaria conversó con EL COLOMBIANO.

Usted antes de ser secretaria, trabajó como gerente de la IPS universitaria entre 2016 y 2023, alertando por la crisis de la red hospitalaria, ¿qué tan grave es la situación que estamos viviendo?

Es la peor crisis que hayamos podido vivir en el sector, pero lo más lamentable es que es premeditada. Era conocida la intencionalidad (del Gobierno Nacional) de asfixiar las finanzas para justificar una crisis y una reforma poco consensuada. Si bien el sector salud por diferentes periodos ha tenido crisis, la iliquidez en la que ahora están los hospitales es inmensa. Y se ha agudizado en los últimos 4 meses.

Cuando yo observo el comportamiento de la cartera en mi oficina, veo que a partir del año 2023 comienza una escalada de crecimiento, una pendiente altísima en ese indicador. Ninguna institución hospitalaria podía estar preparada para eso.

¿Qué pasó en especial en los últimos cuatro meses?

Que el giro hacia los hospitales bajó mucho. Entonces, hubo instituciones donde solo pudieron recuperar en algunos meses el 25% de lo que facturaban, máximo el 40%. Y diciembre siempre es un mes que carga mucho, precisamente por la obligación del pago de la prima de Navidad o la prima de servicios, dependiendo si la institución es pública o privada, y por ende demanda mucho flujo de recursos.

¿Cuánto se ha gastado la Gobernación de Antioquia para mantener a flote a las IPS del departamento?

En los últimos 2 años, 2024 y 2025, hemos invertido más de $220.000 millones. Precisamente en varias entidades, que apoyamos con equipos médicos y temas de infraestructura. El último modelo que lanzamos fue una línea de créditos con el IDEA con tasa compensada, en la que dispusimos $85.000 millones para apoyar un programa de saneamiento fiscal y financiero. Les prestamos a los hospitales por esta vía para que tengan mayor liquidez. El único que logró hacer todo el trámite para lograr el desembolso en el año 2025 fue Envigado, pero ya están haciendo el trámite Sabaneta, La María, y el hospital de Itagüí. Con el proyecto aspiramos hacer un derrame superior a $200.000 millones en 60 hospitales.

Pero cualquier esfuerzo que haga la Gobernación es insuficiente para cubrir los 8 billones que le deben las EPS a las instituciones públicas y privadas, $2 billones a la pública y $6 billones a la privada. Que no se nos olvide que la red privada es la que tiene mayor capacidad de atender a los pacientes graves.

¿Y esos huecos financieros cómo han afectado la atención?

Los representantes de los pacientes han denunciado que ya van más de 2.500 pacientes fallecidos con enfermedades graves, que se murieron esperando un tratamiento. ¿Quién responde por esta crisis humanitaria? Ese es el cuestionamiento que queremos hacerle al Gobierno Nacional y también un llamado respetuoso, pero insistente y casi que a nivel de recurso de súplica a la Procuraduría, porque la Superintendencia está omitiendo su responsabilidad de vigilar el flujo de los recursos.

Desde la Secretaría les hemos enviado los informes y no hay respuesta de la Superintendencia de Salud. El Ministerio (de Salud) debería también estar muy preocupado con lo que realmente está ocurriendo con los trabajadores de la salud y con los pacientes.

¿La atención de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional se está recargado en la red pública? O qué lectura hacen desde la secretaría...

No, todos, absolutamente todos. Nunca habíamos visto un hospital Pablo Tobón Uribe con una sobreocupación superior al 130%, con pacientes esperando días en urgencias por el colapso que tienen. La falta de pago está generalizada, la están sufriendo todos.

La Asociación de Clínicas y Hospitales, a la que pertenecen los privados, emitió comunicado de prensa alertando por la situación. Yo sí voy a decir algo: el sistema, además de ilíquido, además de ser víctima del hostigamiento premeditado del gobierno, tiene a sus líderes reprimidos, no pueden hablar. Y no hablan porque inmediatamente hay amenaza de sanción. Es decir, se ha intentado recriminar al hospital porque no atiende a los pacientes. Y ellos no es que no los atiendan porque no quieran.

El Hospital Alma Mater está en una crisis impresionante. Es el hospital de la Universidad de Antioquia. Lleva también pendiente salarios desde noviembre. Le ha tocado cerrar camas y cuando uno va a atender pacientes, tiene su costo. Si un hospital no tiene la liquidez para comprar los insumos, porque los proveedores le cierran por la cartera, ¿cómo va a garantizar la seguridad en la atención de los pacientes?

El tema es que está afectando igual a públicos y privados. Al menos a los públicos desde la Gobernación les hemos podido dar la manito. Al privado no le está dando la mano nadie. Ellos no hablan por temor, y otro tema por el que tampoco se atreven mucho a expresar individualmente es por el riesgo reputacional que corren cuando manifiestan una realidad de estas, pero la estamos viviendo y la estamos comprobando desde la Secretaría; nos han aumentado las quejas y, particularmente, a cada uno de nuestros celulares, todos los días nos llegan solicitudes de pacientes intercediendo por ayuda para poder acceder a una cama o a una atención.

El periodo del presidente Gustavo Petro está por terminar y no volvió a hablarse nada del plan para capitalizar a Savia Salud, ¿que pasará con la EPS de la Gobernación, la Alcaldía y Comfama?

Recibimos todos con satisfacción por fin la respuesta del gobierno a la orden de la Corte en equiparar la UPC del régimen subsidiado con la del régimen contributivo, cerrar esa brecha.

Si hoy por hoy Savia Salud tiene un pasivo de $1,2 billones, haciendo los ajustes necesarios, manejando ese recurso con transparencia, evitando y controlando el gasto médico, siendo más oportuno en la atención, en 5 años debería estar amortizando ese pasivo con los hospitales, sin necesidad de capitalización. Esta era una de las quejas que habíamos mencionado años atrás. La necesidad de pedirle al gobierno que equiparara la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo. La Corte fue a partir de la escucha también de los actores que lo ordenó y con esto sería suficiente.

Con el agente interventor se ha mantenido comunicación. Ya particularmente como secretaria de Salud me comuniqué y le solicité que fueran preparando un verdadero plan de salvamento y de amortización del pasivo con los hospitales con dicho recurso. El interventor me respondió que sí y estamos próximos a acordar una agenda con una mesa de trabajo con la Alcaldía de Medellín y con Comfama como accionistas, como asamblea, para que procedamos a delimitar, a señalar esa nueva ruta para la salida de la intervención.

Y también quiero hacer una observación: la crisis la ha profundizado la Nueva EPS, que a partir de la intervención se fue al traste. Cuando fue intervenida, tenía cerca de 1 millón de afiliados en Antioquia y lo que estamos viendo es que ya está disminuyendo esa afiliación.

¿Cómo ven la situación de los trabajadores de la salud?.

Están sufriendo mucho. No es justo que quien realmente salva la vida de los pacientes en el modelo que ellos prometieron arreglar esté hoy en una situación de estas donde el llanto que vimos (se refiere al gerente del hospital San Rafael de Itagüí) es de angustia, de dolor, de impotencia, de alguien que también es médico y que siente que no le puede garantizar el mínimo vital a los empleados. Abogo por soluciones claras y concretas de liquidez para mitigar la situación de los trabajadores de la salud y de la operación de los hospitales.