Contraloría anuncia investigación en Hidroituango por cambio de contratistas en la era Quintero
El ente busca determinar si hubo detrimento patrimonial en el cambio de contratista para la construcción y puesta en marcha de las unidades 5,6,7 y 8 de la hidroeléctrica.
La Contraloría General de Antioquia ordenó la apertura de una actuación especial de fiscalización a la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., con el objetivo de indagar si hubo detrimento patrimonial en las decisiones que llevaron al cambio de contratistas para la terminación de las obras de la central hidroeléctrica. La lupa del ente de control se centrará en la contratación para las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, proceso que se gestó durante la administración del exalcalde Daniel Quintero y del exgerente de EPM Jorge Andrés Carrillo.
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El proceso fiscal nace a raíz de una denuncia ciudadana interpuesta por Gloria Patricia Jaramillo Aristizábal, en la cual se advierte sobre un presunto aumento desproporcionado en los costos de las obras finales del proyecto tras la salida del consorcio original CCC Ituango y la llegada de nuevos ejecutores.
Un salto de $410.000 a $900.000 millones
El punto central de la investigación radica en la variación de los valores contractuales sin que, aparentemente, existiera un cambio técnico que lo justificara. Según informó el ente de control departamental, se busca verificar si las decisiones administrativas generaron un impacto fiscal negativo, dado que el costo de las obras pasó de $410.000 millones a cerca de $900.000 millones.
La Contraloría de Antioquia explicó que evaluará “eventuales afectaciones al patrimonio público derivadas del cambio de contratista”, así como los “posibles sobrecostos y contingencias fiscales asociados a la modificación contractual”.
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El Contralor General de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, aseguró en el boletín oficial de la entidad:
”Nuestra acción será objetiva e imparcial, buscando proteger el patrimonio de las Antioqueñas y los Antioqueños, garantizando el derecho de contradicción, de defensa y el debido proceso a los presuntos implicados”.
La entidad regional asumió esta competencia luego de que la Contraloría General de la República informara que no ejerce poder preferente sobre la Sociedad Hidroituango para este asunto específico, aunque solicitó ser notificada de los resultados.
Contexto: la pelea con los contratistas
Esta investigación revive la polémica estrategia jurídica y mediática implementada durante la alcaldía de Daniel Quintero (2020-2023), quien sostuvo una narrativa de culpabilidad contra los constructores originales (Consorcio CCC Ituango), acusándolos de reducir la calidad de los materiales y cambiar diseños, lo que habría provocado la contingencia de 2018. Bajo esa premisa, se buscó cambiar a los contratistas para la segunda etapa del proyecto (turbinas 5 a 8), que finalmente fue adjudicada al consorcio CYS, compuesto por la empresa china Yellow River y la colombiana Schrader Camargo.
Sin embargo, fallos judiciales recientes han desvirtuado las tesis que impulsaron dicho cambio. En diciembre pasado, un tribunal de arbitramento emitió un laudo que determinó que el consorcio constructor no fue responsable del colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), hecho que detonó la crisis. El fallo concluyó que el constructor siguió los diseños entregados por EPM y que la causa del colapso fue un evento geológico imprevisible o deficiencias en el diseño, mas no en la ejecución de la obra,.
Además, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó recientemente una millonaria demanda que EPM había interpuesto contra los constructores, argumentando que el tema ya era “cosa juzgada” debido al laudo arbitral.
La actual indagación fiscal deberá determinar si el cambio de contratistas, impulsado en medio de ese pleito jurídico y político, terminó costándole al departamento el doble de lo previsto para finalizar la hidroeléctrica que hoy es clave para la seguridad energética nacional.