Ejército intervino cinco entables de producción de oro en el Bajo Cauca antioqueño, ¿qué tan efectivo son los operativos?
El Ejército desmanteló varias unidades de minería ilegal en Cáceres y Puerto Libertador, afectando rentas criminales por más de $2.000 millones. Las operaciones revelan cuánta plata produce un solo entable y por qué esta destrucción sigue encendiendo protestas en el Bajo Cauca.
En el área rural de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, el Ejército decomisó maquinaria y otros elementos que eran utilizados para la minería ilegal, según informaron fuentes de la Brigada 11.
Esta operación se realizó en la vereda San Lorenzo, donde las autoridades intervinieron cuatro unidades de extracción y procesamiento de oro. Allí los soldados se incautaron de dos excavadoras, dos motores industriales, dos motobombas, dos clasificadoras, 300 metros de manguera negra y 380 galones de ACPM.
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El valor de los elementos decomisados, de acuerdo con la información oficial, serían más de mil millones de pesos, pero lo más importante es que con este montaje se estarían extrayendo aproximadamente 12 kilos de oro al mes, generando ganancias por más de 5.000 millones de pesos a los dueños del entable.
Esa misma guarnición militar, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizó una segunda operación en el sector conocido como Mandinga, también de Cáceres, donde las tropas intervinieron una unidad de producción minera ilegal y procedieron a la inutilización de dos retroexcavadoras.
Y en el corregimiento Villanueva, jurisdicción del municipio de Puerto Libertador (departamento de Córdoba), limítrofe con Antioquia, las tropas de la Brigada 11 allanaron otras cinco unidades mineras y destruyeron una excavadora, dos motobombas, cuatro motores, tres clasificadoras, 600 metros de manguera negra y 450 galones de ACPM. Todo esto tenía un avalúo superior a los 900 millones de pesos.
El informe militar indica también que con esos recursos constitutivos de rentas ilegales, se estarían fortaleciendo estructuras de delincuencia organizada que hacen presencia en esta subregión del departamento.
Aunque los valores de la maquinaria parecen sugerir pérdidas enormes para los propietarios de los entables, comparadas con la rentabilidad que estos montajes generan, hace ver que la destrucción es una estrategia que poco resultado puede tener.
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La destrucción de este tipo de maquinaria ha sido la causa para que se hayan realizado varias marchas mineras tanto en el Bajo Cauca como en otras zonas mineras del departamento de Antioquia, incluso provocando alteraciones del orden público graves. Particularmente en esa subregión la extracción de oro emplea al 90 % de la población y es el motor principal de la economía.
Uno de estos movimientos tuvo lugar en septiembre de 2024. Las protestas en ese momento se centraron en hacer oposición al Decreto 1035, que otorga a la Policía, el Ejército y la Armada de Colombia la autoridad para incautar y destruir maquinaria amarilla, como excavadoras y dragas, utilizadas en la minería sin necesidad de autorización de una autoridad judicial.
Antes esta era una actividad controlada exclusivamente por la Policía y por eso la medida fue catalogada por los mineros informales como un ataque directo a su modo de vida, llevándolos a sentirse criminalizados por las autoridades a pesar de que muchos han trabajado en la minería de manera tradicional durante generaciones.
Bloque de preguntas y respuesta
- ¿Cuánto oro producen los entables ilegales destruidos en Cáceres?
- Según el Ejército, generaban alrededor de 12 kilos de oro al mes, equivalentes a más de $5.000 millones en ganancias mensuales para estructuras criminales.
- ¿Qué permite el Decreto 1035 en minería ilegal?
- Autoriza a Ejército, Policía y Armada a incautar y destruir maquinaria amarilla sin orden judicial cuando se use en explotación ilícita.
- ¿Por qué hay protestas de mineros en el Bajo Cauca?
- Porque la destrucción de maquinaria afecta a mineros tradicionales que dependen del oro y consideran que están siendo criminalizados sin alternativas económicas.