El 16 de mayo se definirá la suerte del Toyo
La mesa de trabajo, entre Gobernación, Alcaldía, Contraloría, Procuraduría, contratista, Invías y ANI, para discutir reparos al contrato, está en recta final.
La primera entrevista que hice, a los 8 años de edad y con la ayuda de mi padre, fue al futbolista Andrés Escobar. Desde ese día no he dejado de hacer preguntas, ni de amar el periodismo. Soy egresado de la Universidad de Medellín.
A 13 días del vencimiento del plazo fijado para resolver las dudas que la Gobernación tiene frente al contrato de ejecución del túnel del Toyo, tanto contratista como la Administración Departamental vislumbran alternativas frente a la continuidad o no del proyecto. En mesas de trabajo, acompañadas por entes de control y gremios de la construcción, se ultiman detalles para la trascendental decisión.
En acta de inicio conocida en exclusiva por EL COLOMBIANO, con fecha del pasado 16 de marzo, se estableció que por solicitud de la Gobernación, las partes realizarán un análisis conjunto del contrato.
El documento, firmado por el secretario de Infraestructura, Gilberto Quintero Zapata y el representante del consorcio Antioquia al Mar— contratista de la obra—Germán Alberto Ángel Toro, plantea que “uno de los aspectos objeto de estudios por las partes será buscar alternativas durante la realización de los diseños a fase tres, que procuren que el presupuesto definitivo de la obra, según diseños definitivos, no exceda, en términos razonables, las sumas aprobadas tanto por la Asamblea Departamental de Antioquia (...) y el Concejo de Medellín”.
Según el acta, el valor del contrato es de 1 billón 45 mil millones de pesos. Lina Vélez de Nicholls, directora de la Cámara de Comercio de Medellín, dijo que “una vez se conozcan los conceptos jurídicos y técnicos definitivos en cuanto a legalidad de contratos y ahorro en tiempos de desplazamiento a Urabá, el Grupo de Infraestructura para Competitividad emitirá un comunicado que recoja el criterio de los miembros de esa colectividad”.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el gobernador Pérez dijo que le preocupaban las ilegalidades del contrato del Toyo, y agregó que no contemplaba la opción de indemnizar al contratista por un supuesto incumplimiento, “pues la obra no se había cancelado”.
“Sino se hace es porque la ilegalidad del contrato no se puede superar”, apuntó.
Contrario a esta posición, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirma que existe certeza de la transparencia y la conveniencia de la ejecución.
José Fernando Villegas, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, dijo que no se puede perder más tiempo para iniciar la obra. “Se debe reactivar el contrato inmediatamente. Hay contratistas que habían montado equipos profesionales y los pararon dos meses. Estos equipos se van a desintegrar, algunos se trajeron de afuera y no pueden estar indefinidamente esperando a que se aclaren más dudas”.