Las batallas jurídicas que tienen detenida la revocatoria de Quintero

El proceso para revocar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se convirtió en un tire y afloje de alegatos, acusaciones y discusiones en las redes sociales. Pero tal vez lo más relevante se ha jugado en el plano jurídico.

El comité que busca la dimisión del mandatario, que está compuesto por cinco colectivos, ha interpuesto dos acciones de tutela para evitar la para del proceso. Y, justamente, otra tutela, interpuesta por un ciudadano y admitida por el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, tiene la recolección de firmas suspendida desde el 23 de junio.

Todo comenzó el pasado 4 de enero, cuando el comité revocatorio se inscribió ante la Registraduría. El 25 de ese mismo mes, los contradictores y el alcalde se vieron las caras en la audiencia de revocatoria. Una vez pasada esa discusión, estaba pactada la entrega de planillas por parte de la Registraduría. Pero las cosas cambiaron el 1 de febrero.

Ese día, la Registraduría suspendió el trámite de revocatorias de mandato en el país. El argumento fue el crecimiento exponencial de la pandemia. La entidad envió un oficio al Ministerio de Salud para que, una vez se prestaran las condiciones de salubridad, se les autorizara a seguir con dichos procesos.

Julio Enrique González, miembro del comité que busca la revocatoria y quien fue vocero en la audiencia pública, consideró que esta suspensión “no tuvo sustento”. Advirtió: “El registrador, sin ningún acto administrativo, le hizo una zancadilla al proceso. Lo hicieron por un comunicado de prensa. Finalmente, Minsalud contestó que ya estaban los protocolos de bioseguridad para seguir con la recolección de firmas. Eso fue en marzo”.

Como la Registraduría se demoró para entregar las planillas, el comité interpuso dos acciones de tutela para que estas fueran repartidas lo más pronto posible. El 5 de mayo de 2021, la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia de segunda instancia ordenando a la Registraduría entregar las planillas en un lapso de 48 horas. “La Registraduría no obedeció. Eso es un fraude a resolución judicial. Entonces decidimos denunciar penalmente al registrador ante la Fiscalía y la Procuraduría, por el incumplimiento de sus funciones”, precisó González.

Ante este hecho, este diario se puso en contacto con la Registraduría. Sin embargo, desde allí respondieron que no podían pronunciarse hasta que no haya un fallo de un juez al respecto.

El otro tropiezo del proceso sucedió el pasado 21 de mayo, cuando la Procuraduría pidió la designación de un alcalde ad hoc que se encargara de vigilar los protocolos de bioseguridad en el proceso de recolección de firmas. Esto, después de que el mandatario Daniel Quintero se declarara impedido para tal labor.

Con el nombramiento del funcionario ad hoc, anunciado el viernes 18 de junio, se destrabó el expediente de revocatoria. El encargado de vigilar el proceso será el actual viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Juan Pablo Díaz Granados. Con esto previsto, el comité revocatorio recibió las planillas para recolectar las firmas necesarias que pretenden remover a Quintero de su cargo.

El comité deberá recoger un número de firmas no inferior al 40 % de los votos que obtuvo Quintero en 2019. Es decir, deberán reunir 91.211 firmas. Sin embargo, desde el comité han reiterado que la meta es recoger hasta 350.000 rúbricas.

No obstante, el proceso dio otra vuelta el pasado 23 de junio, cuando el tribunal 33 Administrativo decidió detener las firmas de nuevo.

La decisión se dio luego de admitir una tutela del ciudadano José de Jesús Serna, quien alegó que para la recolección de las rúbricas no se estaba haciendo un adecuado uso de los protocolos de bioseguridad. Así las cosas, el proceso fue detenido “hasta tanto se profiera sentencia en este trámite constitucional”. Es decir, apenas pudieron recoger firmas durante cuatro días, del 19 al 23 de junio.

“El juez ordenó una medida cautelar para detener las firmas. Presentamos una acción para que se revoque esa medida y falle de fondo la tutela”, dijo el vocero del comité revocatorio.

Néstor Julián Restrepo, coordinador de la maestría en Comunicación Política de Eafit, argumentó que la revocatoria es una herramienta válida de la democracia. Sin embargo, dijo que no es momento para utilizarla en Medellín. “Los que lideran la revocatoria no han argumentado claramente por qué hay que revocar al alcalde. No hay un argumento sólido, claro, para hacer la revocatoria. Veo más un oportunismo de un grupo político muy significativo que quiere buscar en el río revuelto”, expresó el académico.

Por su parte, Germán Valencia, doctor en Política de la Universidad Externado, expresó que las revocatorias de mandato tienen problemas de fondo: “Muy pocas prosperan, porque el poder está mucho más en el Estado que en la sociedad civil, y hay mucha burocracia. Lo otro es que los procesos se politizan. No se tiene en cuenta la realidad, lo pragmático, sino las ideologías”