Embargos por impuesto vehicular desatan polémica en Antioquia; Gobernación responde

Una ola de indignación y preocupación ha crecido entre cientos de contribuyentes del departamento de Antioquia tras percatarse del embargo de sus cuentas bancarias. Las denuncias ciudadanas, que se han multiplicado rápidamente en redes sociales, apuntan a que las medidas cautelares los tomaron por sorpresa y sin una aparente notificación previa.

Ante el malestar generalizado, la Gobernación de Antioquia salió al paso de las críticas y aclaró que estas acciones corresponden a procesos legítimos de cobro coactivo.

La medida fiscal está dirigida específicamente contra los propietarios de vehículos que presentan deudas en el pago del impuesto vehicular de las vigencias comprendidas entre los años 2018 y 2023.

De acuerdo con el reporte oficial de la Administración Departamental, la evasión de este tributo ha consolidado una cartera morosa que asciende a los 672.576 millones de pesos, correspondientes a 280.106 vehículos que arrastran saldos pendientes junto con sus respectivos intereses y sanciones de mora.

Las autoridades señalaron que existen casos extremos de contribuyentes que adeudan sumas superiores a los 100 millones de pesos y personas que acumulan más de dos décadas sin registrar un solo pago por este concepto.

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Frente a los cuestionamientos sobre la rigurosidad y el momento elegido para ejecutar estas medidas financieras, el Gobierno Departamental argumentó que la recaudación de estos impuestos es vital para la sostenibilidad de la inversión social en la región.

Desde el año 2024, la totalidad de los recursos recaudados a través del impuesto vehicular se destina de manera exclusiva a la financiación de programas enfocados en erradicar la inseguridad alimentaria.

Según cifras de la Gobernación, respaldadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la destinación de estos fondos permitió que Antioquia redujera en 7,8 puntos porcentuales la inseguridad alimentaria durante el año 2025.

Esto se tradujo en que aproximadamente 565.000 personas, pertenecientes a 180.000 hogares antioqueños, lograran salir de condiciones de vulnerabilidad extrema por hambre.

¿Hubo falta de notificación?

Una de las quejas más recurrentes de los ciudadanos afectados radica en que supuestamente no recibieron información oportuna sobre los procesos jurídicos que pesaban en su contra. Al respecto, la Dirección de Rentas de la Gobernación desvirtuó los reclamos de falta de garantías, asegurando que se ha cumplido estrictamente con los protocolos exigidos por la ley tributaria nacional.

La administración explicó que, antes de proceder con el congelamiento de activos financieros, se agotaron las instancias previas de cobro persuasivo, mediante las cuales se invitó a los deudores a normalizar su estado de cuenta. Al no obtener respuesta, los expedientes pasaron a la fase coactiva, emitiendo formalmente el respectivo mandamiento de pago.

“Todas las personas implicadas fueron notificadas formalmente a través de las direcciones de correo físico y electrónico que tienen registradas y actualizadas ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Adicionalmente, se realizaron publicaciones por aviso en el portal web oficial de la Gobernación de Antioquia, tal como lo dispone la legislación vigente”, dijo Martín Jaramillo, subsecretario de Tesorería de la Gobernación de Antioquia.

Para tranquilidad de los usuarios, la Gobernación puntualizó que las cuentas no han sido vaciadas, sino que se encuentran en una etapa de congelamiento. En este estado, el dinero permanece dentro del producto bancario del contribuyente, pero se restringe temporalmente su uso o retiro mientras se define la situación legal de la deuda.

Como alternativa de solución y con el objetivo de facilitar el recaudo voluntario, el departamento recordó que se encuentra vigente un beneficio tributario de alto impacto: un descuento del 70% en sanciones e intereses de mora. Este beneficio económico estará disponible únicamente hasta el próximo 31 de julio.

Aún puede ponerse al día

Las autoridades advirtieron de manera enfática que, una vez venza este plazo perentorio a finales de julio, la administración reanudará las acciones legales del proceso coactivo, lo que implicará la ejecución definitiva de los embargos y el traslado de los fondos para saldar las cuentas pendientes con el fisco departamental.

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Los ciudadanos que sospechen tener un proceso de cobro en curso o deseen verificar anomalías en sus cuentas pueden comunicarse a través de los siguientes canales institucionales: Línea telefónica de atención al ciudadano 604 4099000, Correo electrónico oficial gestiondocumental@antioquia.gov.co, o atención presencial en las taquillas de servicio del primer piso del Centro Administrativo Departamental (CAD), en La Alpujarra.

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