Hombre es dueño de una calle en la Milla de Oro

Esta es la historia del dueño de un pedazo de andén y de la carrera 43A, en El Poblado, en plena Milla de Oro. Debe pagar impuestos por una faja de terreno de la que no se puede hacer uso privado. Es mejor, la historia del dueño de un problema con escrituras.

A Gloria María Galvis Tobón, el Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín —Inval—, entidad anterior al actual Fondo de Valorización de Medellín —Fonvalmed—, le ofreció a través de una carta un lote de 55,15 metros cuadrados que no se necesitó para una obra del Municipio. La casa que heredó de sus padres todavía en vida estaba junto al predio, que ofrecía la posibilidad de extender el antejardín o construir cuando lo considerara.

“Por variaciones en la Obra 358, al Inval; le ha quedado un lote afín con su propiedad, según plano que adjuntamos”, se lee en la nota, del 8 de julio de 1987, que todavía conserva Gustavo Galvis Tobón, actual propietario del predio, luego de la muerte de su hermana y sus padres.

“El Instituto está dispuesto a venderlo a ustedes en primera opción por su calidad de colindante en dicha propiedad. La adquisición de dicho lote les permite realizar: construcciones, adiciones y/o reformas (sic.) de funcionamiento aceptables”, sigue la carta, al principio de un montón de papeles conservados en una carpeta.

Esta es también una de esas historias que se cuentan con una pila de documentos antiguos en las manos.

Lo que entenderá Mirús

“La escritura de ese lote, del supuesto lote, se hizo con una hipoteca. Aquí está la cancelación de esa hipoteca”, explica Galvis Tobón, abogado.

En el tiempo de la venta, se pagaron 330.900 pesos, 6.000 pesos por cada metro cuadrado. Así consta en la escritura 532, del 28 de marzo de 1988, con la firma del notario Ignacio Orozco Pineda. El original está archivado en la Notaría Novena.

Desde la época se ha pagado impuesto predial sin falta. Hoy la obligación por la propiedad, una casa de 300 metros cuadrados construidos, con antejardín y parqueaderos en la carrera 43A con la calle 10 sur, barrio La Aguacatala, está por 1.185.000 pesos. La cuenta está al día. Según Galvis Tobón, el cobro trimestral fue una preocupación para su hermana hasta que murió el año pasado.

“Cuando derramaron la valorización en El Poblado, entre septiembre y octubre del año pasado, a mí me llegó un gravamen de 11.200.000 pesos. Puse recurso de reposición en Fonvalmed y me lo concedieron”, cuenta. “Pero esto lo entenderá Mirús, mire todas esas fórmulas matemáticas”, señala al tiempo que repasa las 21 páginas de la respuesta del Fonvalmed.

Además hay gráficos y apartes subrayados. “Se comprobó que ese predio es un bien privado de uso público”, se lee en el documento. “Miren las contradicciones: como abogado sé que no puede haber un bien privado de uso público, como tampoco bienes públicos de uso privado”, anota Galvis.

Modificarán la valorización

“Esas áreas que fueron vendidas por el Inval al ciudadano gozan de la calidad de ser áreas privadas, independiente del uso que estén teniendo. En un proceso de valorización o de impuesto predial, todas las áreas privadas pagan contribución e impuesto”, contesta el director de Fonvalmed, Luis Alberto García Bolívar.

Cuenta que ya le reconocieron el recurso de reposición al propietario, aunque falta que salga la resolución modificadora con el nuevo monto de contribución, una situación que tiene en espera a más personas que interpusieron recursos. Mientras tanto, afirma que el cobro está congelado.

“Son 55 metros cuadrados que pagaban dos millones de pesos y hoy quedaron en 33.000 pesos. Por el resto de la propiedad —que totaliza 600 metros cuadrados— hay un cobro diferente”, explica García Bolívar.

No acaba el enredo

Pero el reclamo de Galvis Tobón va más lejos. Ante la oficina de Catastro Municipal interpuso en marzo de este año un derecho de petición. Pide que se expropie el lote que es de su propiedad pero del que no puede disponer por tratarse de un área de uso público, que lo indemnicen por esta situación —considera que en la actualidad el lote de 55 metros cuadrados debe tener un valor cercano a los 40 millones de pesos— y le devuelvan lo cancelado en el impuesto predial sobre dicha faja de terreno, además de corregir el avalúo catastral de la propiedad.

El líder de Programa de la Unidad de Cartografía de Planeación Municipal, Hernán González Medina, respondió por escrito que el asunto no puede resolverse por los términos del derecho de petición en interés particular. “Se trata de un trámite catastral que requiere estudio jurídico y visita de campo”, señaló, relacionando de paso al Instituto Agustín Codazzi, para entrar a definir los límites y la ubicación del área en cuestión.

El 31 de julio, el subsecretario de Catastro de Medellín, Iván Darío Cardona, modificó la inscripción catastral cambiando el uso del lote al de no urbanizable. Sin embargo, conservó el avalúo catastral en 36.981.000 pesos. Remitió una copia del acto administrativo a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda “para lo de su competencia”.

Galvis Tobón presentó poco después un recurso de reposición frente a lo resuelto, pero le fue confirmado el acto administrativo el pasado 5 de noviembre. El terreno es suyo a pesar de estar en el andén y debe seguir pagando impuestos por un bien de uso público.

Lo cierto es que, con todas las contradicciones que parece haber en este enredo, los cobros seguirán llegando, y de Gustavo Galvis seguirán siendo por ahora la casa de dos pisos en El Poblado con parqueaderos y antejardín, un pedazo entre la acera y la carrera 43A, y un problema que tiene escrituras con su nombre y que “mató a su hermana” de la angustia de estar pagando por algo que era suyo pero que no le pertenecía, por ser “un bien privado de uso público”.