En Jardín y La Pintada, expectativa por alcaldes

En el Suroeste antioqueño hay dos municipios que, aunque muy disímiles entre sí, tuvieron algo en común por estos días: sus alcaldes fueron capturados y vinculados a una investigación en la que está inmersa la Contraloría Departamental. Sin embargo, el miércoles de la semana pasada fueron dejados en libertad.

El proceso de ambos continúa. César Augusto Zapata, en La Pintada, es investigado por presuntos contratos suscritos para el transporte escolar con una empresa del subcontralor Rubén Darío Naranjo, sin estudios previos y sin más proponentes.

En Jardín, William Rendón habría contratado servicios en una hostería de Naranjo, con quien el mandatario habría hablado según audios de la Fiscalía, para llevar a los funcionarios de la alcaldía, pero luego la factura, por 5 millones de pesos, aparecía a nombre de otro establecimiento comercial.

La semana pasada el juez que lleva el proceso decidió dejar a los dos implicados en libertad, sin que esto signifique que la investigación se detiene, porque el ente acusador no tenía pruebas contundentes para imponer medida de aseguramiento, por lo cual podrán afrontar el juicio en libertad, aunque la Fiscalía apeló y aún podrían ir a prisión de acuerdo con lo que decida la justicia en menos de 15 días.

EL COLOMBIANO viajó al Suroeste para conocer cómo trabajan las administraciones en medio del escándalo en el que se ven inmersos los mandatarios, y tras ser dejados en libertad pudimos escuchar las reacciones de la comunidad ante la noticia que sacude a ambos pueblos.

Al borde del río Cauca

En La Pintada, la gente es reacia a hablar del tema y muchas voces coinciden con la de José Vidal Velásquez, un habitante del pueblo que piensa que el municipio históricamente ha sido muy descuidado, que no se ve el desarrollo, por lo cual no es de extrañar que haya corrupción.

“Por ejemplo, en el tema del transporte escolar, que es el asunto investigado, desde aquí de La Bocana a tres kilómetros del casco urbano, mis nietas muchas veces se quedan esperando a que pase el bus, pero es que hasta el del Municipio lo prestan para otras cosas y no llega, entonces hay que pagarles un carro o moto que las lleve”, expresó.

Tres casas adelante, Viviana Ayala dijo que esta situación sucede desde hace más de tres años, y que no hay manera de que los niños caminen para ir al colegio, porque la vía por donde lo hacen es nacional, y el paso de mulas, buses y automóviles a toda velocidad representa un alto riesgo para cualquier persona.

Nelly Saldarriaga, una mujer que vive en el barrio El Carmelo, otro sector que sufre por la falta de transporte escolar, reveló que ni siquiera se había enterado de la liberación del alcalde, como muchos de sus vecinos, y atinó a comentar que “hay que seguir la investigación para demostrar si el alcalde es inocente o culpable”.

La voz desde el Concejo fue de su presidente, Jairo León Bermúdez, del Partido Conservador, quien prefirió no referirse al proceso y esperar lo que defina la justicia, pero señaló que en el municipio las obras no se detuvieron.

De hecho, según la secretaria de Gobierno, Mitsy Albani Mejía, quien fue alcaldesa encargada las dos semanas que estuvo capturado el alcalde Zapata, el Plan de Desarrollo de La Pintada superó el 75 % y las grandes obras serán entregadas este año.

Es así como proyectos que han tenido contratiempos por incumplimientos del contratista o por algunas dificultades en las instalaciones, estarán listos antes de diciembre: la nueva sede del centro administrativo municipal (más de dos años de retraso), que hoy en día funciona con oficinas arrumadas en el Parque Educativo, y el Centro Vida para la atención del adulto mayor.

El presupuesto aprobado para este año en La Pintada fue de 10.970 millones de pesos, y de allí, con aportes de la Gobernación, también se inició este año la construcción del parque principal, que no lo había, y el plan de acueducto, una obra que dejará una cobertura del 100 %. Ambos proyectos, anotó Mejía, se terminarán este año.

El concejal José Evencio Mesa Franco, de la Alianza Verde, señaló que el gran parche de esta administración ha sido la vivienda, pues se prometieron más de 500 casas para la comunidad más vulnerable y no se ha ejecutado nada.

“Más del 90 % del pueblo está en terrenos de invasión, y a menos que se modifique el esquema de ordenamiento territorial no se va a poder avanzar en el tema”, manifestó.

El corporado también defendió la presunción de inocencia del alcalde Zapata y aseveró que, pese a que quizás existan las irregularidades en el tema del transporte escolar, las pruebas aportadas por la Fiscalía no tenían peso y era casi evidente que liberarían al mandatario.

La secretaria de Gobierno reveló que, aunque Zapata había pensado en tomar sus vacaciones, finalmente solo descansará alrededor de tres días, pero aún no ha definido la fecha. El alcalde retomó sus funciones desde el fin de semana pasado y su gabinete confía en que salga limpio del proceso judicial.

Jardín confía en su alcalde

En Jardín no hubo 9 contratos de mínima cuantía (menos de 21 millones de pesos) como en La Pintada, pero sí hubo una salida que costó aparentemente cinco millones de pesos a una hostería que sería del subcontralor Naranjo. La diferencia, según el concejal Humberto Restrepo Garcés, del Centro Democrático, es que el del alcalde William Rendón puede que sea “un pecado muy pequeñito”.

Aunque la voz generalizada en el pueblo es a favor del mandatario local, por lo cual hubo un ambiente tranquilo mientras estuvo capturado, y de felicidad cuando salió en libertad, también hay ciudadanos críticos, como el comerciante Luis Aníbal Hurtado, quien fue tajante al opinar que, “si hizo sus cosas mal, que pague. Un buen alcalde no comete ese tipo de errores que parece que cometió”.

A diferencia de la sensación de desorden que se vive en La Pintada, en Jardín el casco urbano refleja tranquilidad y equilibrio, quizás también por su vocación turística.

“De pronto hizo un mal contrato, es lo que dicen, pero no vemos que se haya untado de algo para recibir plata. En el pueblo su trabajo ha sido inmenso”, comentó el concejal Restrepo Garcés sobre el alcalde.

Otro concejal, Juan Camilo Restrepo Sánchez, del Partido Conservador, defendió a Rendón y dijo que no en vano ha sido elegido cuatro veces, lo que demuestra que su liderazgo está consolidado en Jardín.

Agregó que desconocía los motivos de la investigación, pero espera que el juicio obre de acuerdo con la verdad y, entretanto, las obras en el municipio no se detienen.

“Están ejecutando la segunda fase del parque principal, en el atrio de la iglesia, y pavimentando calles en el pueblo, como la carrera 4, que será la entrada principal al municipio”, observó.

La dotación e inauguración del teatro o el proyecto de gramado y drenaje del estadio, son algunas obras que, señaló Restrepo Sánchez, ya se entregaron a la comunidad.

Durante dos semanas la alcaldesa encargada fue Ángela Patricia Jaramillo, quien se desempeña como secretaria de Gobierno. Ella afirmó que los días de la captura fueron “de incertidumbre y muy injustos”, y agregó que si existió algún error no se hizo “con mala fe o con interés de apropiarse de los recursos públicos”.

Jaramillo manifestó que muestra de ello es que la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal ya superó el 79 % y anotó que desde la alcaldía han tratado de ser disciplinados administrativamente, documentando todo.

El presupuesto de Jardín para 2019 fue aprobado por un valor de 13.456 millones de pesos y, reconoció la secretaria, en único bache fue el tema de vivienda urbana por falta de apoyo del Gobierno Nacional.

El concejal Restrepo Garcés consideró esto como una deuda. Según él, si bien se construyeron 100 viviendas para el resguardo indígena en Cristianía, hay gente en el casco urbano que requiere una solución en este tema.

Jaramillo reveló que alcanzaron a dejar un lote al frente del hospital y la próxima administración podrá ejecutar allí un proyecto con al menos 180 nuevas casas urbanas para familias de escasos recursos.

“El alcalde ya retomó sus funciones, se tomó dos días de descanso. Sabemos que la investigación continúa, pero en Colombia estamos haciendo las cosas al revés, no se debería encarcelar a las personas antes de tener certeza de su culpabilidad”, concluyó.