Antioquia

Entregan a terceros 300 bienes de ilegales

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Comunicador social-periodista de la Universidad de Antioquia. Redactor del área Metro hace 20 años. Periodista judicial hace 30 años. También ha trabajado como locutor y periodista de radio en la Cadena Caracol. Autor del libro Expresión oral para periodistas, editorial UPB.

03 de mayo de 2016

La Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda, SAE, entregó en administración de terceros 300 bienes inmuebles que fueron objeto de extinción de dominio por el Estado en Antioquia.

El gerente para la Regional Occidente de la SAE, Julián López, dijo que las entregas se hicieron el jueves y el viernes de las semana pasada.

Indicó que en este caso las adjudicaciones se hicieron mediante un mecanismo donde los depositarios fueron escogidos de un grupo de personas idóneas dentro del gremio inmobiliario donde se tuvieron en cuenta su capacidad financiera, operativa y experiencia en administración de bienes inmuebles.

Agregó que en esta primera etapa seleccionaron tres empresas inmobiliarias del Valle de Aburrá.

Recalcó que este es un nuevo modelo de administración donde la pretensión es que haya una asignación objetiva de administradores de activos ya que cuando funcionaba la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes “no tenía un manejo eficiente lo que permitió que se permeara con unos manejos muy subjetivos”.

Explicó que este será un preámbulo, porque se van a asignar de la misma manera 12 mil inmuebles en todo el país y en Medellín y Antioquia serán unos 4.200.

En cuanto a las ganancias que obtendrán estas personas y las empresas anotó que están estudiando una tabla de comisiones y, adicionalmente, les darán unos incentivos por la producción que desarrollen.

El producto de estos recursos, según la Ley 1708 de 2014, (extinción de dominio) distribuye el 25 % ganancias para la Fiscalía, el otro 25 % para la Rama Judicial y el 50 % para la Nación que los deberá destinar para la reparación de las víctimas del conflicto armado del país.

Los bienes son fincas, viviendas y bodegas, decomisados a la delincuencia y el narcotráfico.