“Antioquia les compró pensión vitalicia a 3.000 adultos mayores con pobreza extrema”: Andrés Julián Rendón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, logró en menos de un año y medio, lo que al presidente Gustavo Petro le ha dado dificultad consolidar: conseguirles a 3.000 personas de entre 60 y 86 años, que viven en condiciones de pobreza extrema, una pensión vitalicia financiada por la Gobernación de Antioquia que les será entregada por Colpensiones.

El gobernador explicó que este programa tendrá un costo de $70.000 millones, recursos recogidos gracias al drástico recorte en gastos de funcionamiento que aplicó en 2024.

En conversación con EL COLOMBIANO, Rendón también calificó como “extraños” los reclamos del presidente Gustavo Petro sobre el proyecto de Puerto Antioquia, anunció que este mes el Gobierno Nacional entregará al departamento el contrato pendiente del Túnel del Toyo, y dice que la Paz Total, como una “sombrilla de impunidad”, le ha significado a Antioquia un aumento del 70% de las disidencias de las Farc y del 60% del Clan del Golfo.

¿Cómo logró conseguir la plata para que los adultos mayores tengan una pensión? Cuéntenos de qué se trata.

“Nos ahorramos en 2024 en funcionamiento un poco más de $235.000 millones. El ahorro estaba fundamentado en lo siguiente: el presupuesto que yo recibí aprobado contemplaba gastos de funcionamiento de un poco más de $1 billón, y nosotros terminamos gastándonos un poco más de $800.000 millones. Además del recorte de secretarías, que de 33 pasamos a 17, también redujimos los contratos por prestación de servicios de casi $30.000 millones a $645 millones. De ese ahorro, lo que hicimos fue destinar $70.000 millones a comprarles una pensión vitalicia a los mayores que cumplan tres condiciones: uno, que estén entre 60 y 86 años; dos, que estén en pobreza extrema; y tres, que tengan una discapacidad certificada”.

¿De cuánto será ese bono pensional y para cuántos?

“Será un bono pensional de $225.000 mensuales, que los pone inmediatamente por encima de la línea de pobreza extrema. Es decir, los sacamos de la pobreza. Son cerca de 3.000 personas. Alguien me decía que no podía imaginar cómo sobrevive alguien que cumpla con esas condiciones, y sí, pues milagrosamente viven en esas difíciles circunstancias”.

¿Cuántos adultos mayores están en esas circunstancias?

“Según nuestras cuentas podríamos tener casi cobertura universal para los mayores de Antioquia que cumplan esas tres condiciones”.

¿El Gobierno Nacional, en teoría, no les está dando ya a estas personas un bono pensional?

“A ellos todavía no les ha llegado. Usted recuerda que en campaña Gustavo Petro dijo que iba a ser de medio salario mínimo ($500.000 en ese entonces), y ahora bajó a $225.000. Pero nosotros no tenemos registro de que a ese grupo poblacional le hubiesen llegado con esa asignación”.

¿Es decir, los 3.000 adultos mayores más vulnerables del departamento no están recibiendo apoyo del Gobierno Nacional?

“No. Lo van a recibir de cuenta de nosotros. Hay otros mayores que sí reciben apoyo del Gobierno Nacional, los que reciben Colombia Mayor. A comienzos del año pasado les dieron esa asignación a algunos del departamento. Hicieron un acto aquí, en el Jardín Botánico. Nosotros hicimos un ejercicio muy juicioso de focalización de quiénes serían los primeros receptores. Solo tenemos $70.000 millones para esas 3.000 personas”.

¿Cómo será la operación, se los pagarán cómo?

“Cada mes les consignarán $225.000, desde el momento en que le paguemos a Colpensiones hasta que ellos se mueran”.

¿Quedaron muchos por fuera? ¿Ya los notificaron? ¿Desde cuándo les llegará?

“Ya hemos hecho las primeras convocatorias. Tenemos los primeros 900 listos. El primer pago hay que hacerlo presencial, y lo vamos a hacer en mayo, por tarde en junio. Y a partir de ahí ya pueden bancarizarse y tener un canal de pago electrónico para que les puedan pagar a través del celular o del mecanismo que acuerden con el banco de su confianza”.

¿Hay interés de la Gobernación en ampliar esta población?

“Claro. Peso que nos encontremos, que sigamos consiguiendo fruto del adelgazamiento burocrático, lo vamos a destinar principalmente a combatir el hambre y a sacar a la población antioqueña de la pobreza extrema o moderada”.

¿Y usted le contó esto al Presidente? ¿Que estaba sumando esfuerzos a su propósito de dar bonos pensionales?

“No. Las veces que nos hemos visto él ha estado con su fijación en las vías del Toyo y nos toca siempre explicarle que eso no pasa ni por El Poblado ni por Llanogrande. Le hemos invitado a que la recorramos, creo que deberíamos hacer un esfuerzo muy grande en invitar a mucha gente por fuera de Antioquia a que conozca una región maravillosa como Urabá, a que conozca lo que va a implicar esa vía que nos ha significado un esfuerzo gigantesco a los antioqueños culminarla, porque la Nación no quiso honrar su obligación, y sobre todo lo que van a ser los puertos”.

Recientemente el Presidente salió con un trino diciendo que el Puerto necesitaba cumplir unos permisos ambientales y usted le preguntó si no le gustaba que a Antioquia le fuera bien. ¿Por qué el Presidente exige permisos ambientales para el puerto de Urabá?

“Ese trino es muy extraño por dos razones. Primero, porque me pide algo que no está en mis competencias, que les exija a las autoridades que le otorgaron licencias de distinto orden al Puerto que las cumplan. Segundo, es como si tuviera un fastidio porque el puerto de Antioquia fuera bien, el puerto ha honrado todas las licencias, las que les ha dado la Anla y las de Corpourabá”.

¿Entonces qué reclama él?

“No sé, porque las licencias que le dio la Anla, que es una entidad bajo su tutela, están en pleno orden. Y las que le dio Corpourabá para la vía eléctrica y la física también están en orden. Puerto Antioquia ha cumplido. Le corresponde a la Anla vigilar que el 1% de lo que cueste el proyecto se destine como una compensación ambiental en programas de saneamiento básico.

Es decir, ahí podría haber una fuente de financiación con estricta vigilancia de la Anla para resolver problemas de saneamiento básico que son bastante evidentes en Urabá, para que él le cumpla a esa región. A él le correspondería dedicarse a buscar un recurso, porque por lo menos hay una fuente de financiación definida, y no a torpedear un proyecto que nos llena a todos de orgullo y satisfacción, y que será muy potente no solo para Antioquia, sino para el país”.

Parece que no fuera la primera vez que Petro ataca al puerto de Urabá, ya había hecho otro comentario en otra ocasión.

“A él le molesta, es como si le molestara cuándo los privados logran sacar la cabeza con una inversión que termina beneficiando a una sector importante de la población. A veces, su dogma de que todo sea estatizado y que todo lo haga el Estado le hace ver con recelo la inversión privada, pero qué sería de nosotros sin la inversión privada en distintos sectores”.

¿Lo llamaron antes de publicar ese trino del Gobierno o es como un canto de batalla?

“Yo nunca he recibido una llamada del Presidente”.

¿Ni del Gobierno?

“Del ministro de Defensa actual, sí. He hablado con él tres o cuatro veces”.

A propósito, ¿se está agudizando el problema de la seguridad en el país, qué piensa de lo que está sucediendo con los ataques recientes a la fuerza pública?

“Lo que hemos visto en las últimas dos semanas es la más cruda manifestación del fracaso de la Paz Total. La Paz Total le ha significado a Antioquia un crecimiento de disidencias Farc del 70% y el Clan del Golfo del 60% por esa sombrilla de impunidad.

Eso lo que necesariamente implica es que al estar bajo una sombrilla de impunidad con cese al fuego o con suspensión de operaciones, le dificulta muchísimo la tarea operativa a la fuerza pública. A un soldado o a un policía le queda muy difícil a la distancia visualizar quién está al frente, si está cobijado por la Paz Total, por el decreto de cese al fuego, o si lo puede enfrentar, sobre todo, si usted no tiene un Gobierno que lo lidere, que le dé confianza, que le dé garantías jurídicas”.

¿Eso fue lo que pasó cuando detuvieron a integrantes de las disidencias en una carretera de Cisneros y después los soltaron?

“En junio del año pasado, en un retén que hizo el Ejército en el norte del Valle de Aburrá, se pudo haber desmantelado prácticamente toda la estructura criminal en cabeza de alias Calarcá, porque él estaba ahí, junto a alias Erika, su compañera sentimental, que delinque en el Guaviare, donde nos asesinaron en días recientes siete soldados; estaba alias Firu, cabecilla del frente 30 de disidencias, que está detenido; y estaba alias Ramiro, que es más peligroso que alias Firu, cabecilla del frente de 18 disidencias. A todos, a excepción de Firu, los convirtieron en gestores de paz.

El Presidente, en lugar de haberlos detenido y habernos ahorrado el dolor y la sangre que han generado desde entonces, los convirtió en gestores. La paz no se logra negociando con el crimen, la paz solo se impone con seguridad, justicia, con oportunidades sociales. El crecimiento que han tenido en todo el país los distintos grupos armados organizados en este gobierno ha sido realmente triste porque nos ha vuelto a llevar a épocas bastante difíciles que creíamos ya superadas”.

¿Qué pasó al fin con la tasa de seguridad, ya se está cobrando la primera factura trimestral?

“Ya hemos recogido un poco más de $5.000 millones, pero el momento de corte duro va a ser a finales de mayo, cuando vamos a poder tener el recaudo con cargo del primer trimestre de 2025. Hacia finales de mayo vamos a poder hacer un balance de cómo ha sido el recaudo y la tasa de seguridad. La base gravable de la tasa de seguridad es el consumo de energía para los contribuyentes de los estratos 4, 5 y 6, y del sector industrial, comercial y oficial. A partir de mayo va llegar también físicamente para el primer semestre”.

¿Cuánto se espera recaudar y en qué se va a invertir?

“La expectativa de recaudo es de $300.000 millones. Ya tenemos el presupuesto de seguridad que se aumentó en ese valor, una adición aprobada en la Asamblea. Ya comenzamos los trámites contractuales para tener más cámaras, movilidad segura para soldados y policías, vehículos blindados que les permitan tener protección, capacidad de fuego, reacción oportuna para tener antidrones, drones y para vincular el comercio con cámaras rudimentarias a los nuevos nodos regionales y departamentales de seguridad. Son inversiones en infraestructura para mejorar las condiciones educativas de soldados y policías en tecnología y en movilidad”.

¿Cómo va el Túnel del Toyo, que pasará con el segundo contrato que la Nación le iba a entregar a Antioquia?

“El túnel del Toyo arrancó en 2015. Y los responsables de hacerlo eran la mitad de la Nación y la otra mitad el Municipio de Medellín y la Gobernación. La Alcaldía y la Gobernación terminaron su tarea, pero la Nación arrancó 4 años después y cuando llegó Petro dijo que no les iba a meter plata a las vías que eran para los ricos. No hubo poder humano que le hiciera entender que eso no pasaba por allá. Nos pudimos haber quedado todo el gobierno de él y parte del nuestro tratando de explicarle.

Opté por decirle: ‘Entrégueme los contratos a su cargo que yo termino las vías’, y ya nos dieron el primer contrato, lo recibimos en enero, iba en el 50%, ya lo llevamos en un avance de obra del 60%. En cualquier momento de la primera quincena de mayo nos deben entregar el segundo contrato. Con eso, la totalidad de la obra queda a cargo de la Gobernación, eso marcha bien y yo tengo la ilusión de que tal vez en el primer semestre del 2027 ya podamos transitar por el túnel más grande de América Latina”.

La vaca al final no funcionó...

“La vaca funcionó como mecanismo de presión ciudadana y yo creo que fue útil en el entendido de que finalmente la Nación nos cedió los contratos, pero como fuente de financiación recogimos cerca de $6.000 millones que utilizaremos en revestir una de las galerías de desviación del Toyo”.

¿Que ha significado para la Gobernación ese recorte burocrático?

“Los cargos directivos se redujeron prácticamente a la mitad, es decir, recibimos el gobierno departamental con 34 organismos y tenemos 17. Significó un ahorro de entre $15.000 y $16.000 millones por año. La Gobernación tiene 3.000 funcionarios y todos los cargos que quedan vacantes de personas que se jubilan, pero que son de carrera o son provisionales, opto por no ocuparlos”.

¿Pero ha tenido algún impacto en el funcionamiento?

“Ningún secretario se me ha quejado. Es importante seguir Insistiendo en la autonomía fiscal”.

A propósito, ¿en qué va el referendo por la autonomía fiscal de las regiones?

“Está cursando su primer debate en la comisión primera del Senado, ya tiene senadores ponentes. Me han informado que van a hacer unas audiencias públicas y va surtiendo su trámite. Puede ser bastante factible que en lo que resta este año o en el primer trimestre del otro se convoque a elecciones si llegara a pasar exitosamente”.