Estado reconoció que falta justicia por Jesús M. Valle
Tras el acto de reconocimiento de responsabilidad, la familia del defensor de derechos humanos asesinado reitera que autoría intelectual sigue impune.
Periodista Paz y D.H. Egresado UPB. Ser testigo de los hechos que hacen historia me apasiona del periodismo. La buena música y las deportes alegran mi vida.
La ausencia del abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle, para su familia, desde el día de su muerte, a manos de paramilitares, han pasado 17 años de impunidad. Para las autoridades, un crimen con justicia parcial.
Por ello, para saldar esa deuda el Estado y sus autoridades judiciales deben llegar a los autores intelectuales. Este fue el compromiso asumido en el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado, ordenado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así lo ratificó ayer de forma pública el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera Flórez, al aceptar las omisiones para proteger al defensor de derechos humanos por sus duras denuncias contra los paras y su connivencia con organismos de seguridad y otras autoridades en Antioquia, además de la violencia del Estado contra los habitantes de Ituango, hechos por los que fue asesinado.
En la U. de A., donde se descubrió una placa en su memoria, Rivera pidió a nombre del Gobierno “perdón público”. Con su asesinato se violaron los derechos a la vida y la integridad personal de Valle y de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo, dijo.
En cuanto a la justicia que reclama la familia, Rivera indicó que “subsiste una impunidad parcial en el caso al no ser determinadas toda la verdad de los hechos y las responsabilidades”. Instó a la Justicia a perseverar.
Ese reconocimiento “parcial” no satisface del todo a los familiares del defensor asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina, en el centro de Medellín.
Juan Guillermo Valle, sobrino del activista, reclama que “sus denuncias contra el paramilitarismo y complicidad de agentes estatales son hoy verdades comprobadas, por eso no se puede aceptar un perdón que no está respaldado por una justicia y una verdad completa”.
Según María Victoria Fallón, directora del Grupo Interdisciplinario de D.H. que demandó al Estado ante la CIDH, aunque hay varios paramilitares condenados, falta esclarecer la autoría intelectual”.