Exigen más vigilancia a los restaurantes escolares

Una revisión con lupa a la adjudicación de los próximos contratos para la atención de los restaurantes escolares pidió el concejal Bernardo Alejandro Guerra en la Plenaria del Concejo, dado que a principios de año la Alcaldía solo adjudicó la tercera parte de los mismos, quedando pendiente el resto para julio, lo que, a su juicio, no es conveniente por ser año electoral.

El corporado cuestionó el Ítem 5 -del total de 7- de la adjudicación de los restaurantes, que corresponde a la atención de 25.000 niños de las comunas Castilla, La América y Belén, y los corregimientos Palmitas, San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal, que dejaron de ser atendidos en el primer mes por dificultades en la adjudicación de los contratos.

“La licitación este año se hizo fraccionada porque hay desfinanciación de $60.000 millones de un programa que le cuesta a Medellín $100.000 millones para 192 días, pues la licitación se hace solo por 66 días, que es una tercera parte de la cobertura”, precisó.

A este mal comienzo se suma que uno de los tres proponentes presentó documentación falsa, la cual fue investigada por la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que corroboró las denuncias presentadas por los otros proponentes, lo que retrasó el proceso y obligó a descartarlo.

Dicho proponente certificó que había manejado contratos para la misma función en el municipio de Caramanta por $100 millones, cuando en realidad eran de $10 millones, y también pasó documentación que decía que había prestado el servicio en San José de la Montaña por cuatro años seguidos, con contratos de $240 millones, pero que la Secretaría de Inclusión pudo comprobar que allí el proponente hizo fue donaciones.

Al final, el contrato del Ítem 5 le fue adjudicado al consorcio Nutriendo a Medellín, por valor de $3.800 millones, también cuestionado por el corporado Guerra Hoyos.

“Para ganar acreditaron una bodega de 350 metros en La Estrella, pero con la misma bodega se ganaron una licitación por $8.000 millones en Itagüí, y no es legal”, advirtió.

Hay transparencia

Para Santiago Londoño, “hubo un error administrativo en la demora para adjudicar el contrato, pues en últimas los niños dejaron casi un mes de recibir el servicio”, pero ello no implica que se haya incurrido en prácticas de corrupción”.

Señaló que aunque se recomienda asignar los contratos por un año, fraccionarlo en año electoral tampoco lleva a presumir corrupción.

Héctor Fabián Betancur, secretario de Inclusión Social y Familia, desde donde se ejecuta el programa que nutre a 278.000 niños de 470 colegios, defendió la transparencia y cuidado con el que se maneja el proceso.

“Tenemos los ojos puestos en los operadores y en el servicio que prestan, es nuestra responsabilidad garantizar que quienes ganen las licitaciones sean los más idóneos y en 7 licitaciones que llevamos ha habido igualdad de condiciones para todos”.

En el debate, Betancur explicó cómo por las denuncias se debió descartar a uno de los proponentes, pero a la vez se confirmó que la adjudicación al ganador había estado dentro de los términos correctos.