Las cuentas que encendieron el debate por las finanzas de la U. de A., ¿un estudiante cuesta 52 millones?

El debate empezó con una cifra que cuestionaba el costo anual por estudiantes de la universidad pública más importante del departamento. El concejal Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, aseguró que formar a un alumno en la Universidad de Antioquia cuesta 52 millones de pesos anuales. Con ese dato comparó a la UdeA con instituciones públicas del Distrito —Pascual Bravo, ITM y Colegio Mayor— donde, según él, el costo ronda los 13 millones.

Su señalamiento se dio en un contexto ya caldeado por la discusión sobre quién debe responder por la fragilidad financiera de la alma máter. Para López, quien debe girar los recursos es la Nación y el Gobierno Petro “le está quedando mal” a la Universidad. “Respeto a la Universidad de Antioquia y valoro su importancia para la región, pero es necesario hablar con la verdad: quien debe girarle los recursos a la UdeA es el Gobierno Nacional, y hoy ese Gobierno, el de Gustavo Petro, le está quedando mal a la institución”, dijo. Y allí comenzó un debate que no es nuevo, pero que por estos días ha tenido mayor alcance.

La UdeA respondió y a través de un “FastCheck” declaró falso el dato. Explicó que dividir el presupuesto total por el número de estudiantes es un cálculo equivocado que mezcla rubros que no hacen parte del proceso de formación como los dineros para investigación —una de sus funciones más fuertes—, recursos del programa de salud para empleados y docentes, proyectos de extensión y fondos pensionales. Además, advirtió que incluso en los 12 campus regionales, donde operar cuesta más, no hay programa que se acerque a los 52 millones por estudiante.

“Definir un costo preciso por estudiante, implica entender que este no será uniforme, pues depende del programa, la duración y el lugar donde se desarrolla. Y, en todo caso, nunca llega a 52 millones al año, ni siquiera en el caso de los 8000 estudiantes que se forman en los 12 campus regionales que están por fuera de Medellín, donde llevar educación superior de excelencia nos implica un esfuerzo mayor”, explicó la institución al precisar que comparar instituciones sin reconocer su tamaño, misión, trayectoria e impacto alimenta una “narrativa dañina” sobre una universidad que por 222 años ha sido patrimonio del país.

Aunque la Universidad quería hacer un llamado sobre la necesidad de un debate riguroso respecto a su estado financiero, no dejó pasar la coyuntura para recordarle al Distrito de Medellín que desde hace varios años está solicitando “que aporte recursos de base presupuestal como un reconocimiento a la contribución que por décadas hemos realizado a la ciudad”.

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Aquí es donde queda claro que el debate nunca ha sido solo sobre cifras. La afirmación del concejal López llegó justo después de que fracasara la propuesta del también corporado José Luis Marín para que Medellín hiciera una donación modal de 55.000 millones a la Universidad. Su iniciativa buscaba una ayuda puntual (y por una sola vez), no asumir la base presupuestal de la institución —que es responsabilidad de la Nación y la Gobernación— para apoyar programas como el consultorio jurídico o la Facultad Nacional de Salud Pública.

Sin embargo, su iniciativa no fue aceptada y escasamente se discutió, entre otras cosas porque este solo la presentó en el último debate antes de aprobarse el presupuesto de la ciudad y sin lograr ningún consenso o acuerdo previo con ningún otro cabildante. Además, la Alcaldía alegó que no existía un mecanismo legal claro para hacer esa transferencia y que un movimiento apresurado podría generar consecuencias disciplinarias.

Pero más allá de la fallida propuesta de Marín, el debate sobre si la Alcaldía debería aportar también al financiamiento de la U. de A. sigue vigente por una razón: nunca la ciudad de Medellín ha tenido tantos recursos disponibles como ahora y la Universidad tantas necesidades.

El problema es que por ley el Distrito no tiene ninguna obligación financiera con la U. de A., y ya invierte importantes recursos en las universidades que son su responsabilidad. Desde la Alcaldía han señalado que la prioridad de la ciudad deben ser sus instituciones de educación superior: ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor, donde en estos cuatro años invertirán más de $800.000 millones.

La discusión también se sostiene sobre un trasfondo que nadie desconoce: la crisis financiera de la Universidad de Antioquia tiene raíces profundas en el desbalance entre lo que la Nación transfiere y lo que la institución realmente requiere para funcionar, sumado a años de gastos que han crecido por encima de su capacidad presupuestal.

Esta combinación dejó a la UdeA frente a un recorte cercano a los 100.000 millones para el próximo año, un ajuste que muchos consideran injustificable en una ciudad que, al mismo tiempo, planea proyectos de gran escala como el megaparque con playas y mar —estimado en 195.000 millones— o la remodelación del estadio Atanasio Girardot, cuyo costo supera los 750.000 millones.

Para otro sector, sin embargo, el debate no debería centrarse en comparaciones con inversiones locales, sino en la responsabilidad del Gobierno Nacional: Antioquia aporta suficientes recursos al país como para que las transferencias a su principal universidad pública no dependan de auxilios puntuales, sino de reformas de fondo que garanticen estabilidad a largo plazo.