Hidroituango: BID no quiere más incertidumbre

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se pronunció sobre la inestabilidad del proyecto Hidroituango, que en las últimas semanas se ha bamboleado con los comentarios del alcalde Daniel Quintero. Dijo el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone: “Lo que nos preocupa, porque crea dudas, es cuando no hay certidumbre y cada seis meses cambian los términos y hablan de algo diferente. Ahí es donde tenemos que enfocarnos y asegurarnos”. Con esta declaración quedó claro que no se quiere más improvisación, pues esto pone en alerta a la banca privada.

La rueda de prensa donde se habló del tema tuvo lugar en Glasgow (Escocia, Reino Unido), en la Conferencia Anual sobre Cambio Climático COP26.

Desde hacía varias semanas se rumoraba que desde el BID le habían advertido a la Presidencia de la República que en caso de que EPM no empezara a generar en junio de 2022, cobraría todo lo que le adeuda el proyecto hidroeléctrico, una suma que supera el billón de pesos y cuyo riesgo más latente es que detrás de este cobro estaría todo el de la banca privada. La declaración es un llamado de alerta para que el alcalde Daniel Quintero evite la inestabilidad que vendría con el cambio de Consorcio constructor —CCCI —, lo que pondría en riesgo las entregas y los compromisos energéticos adquiridos.

Pese a toda la oposición que hay por el cambio de contratista y el planteamiento de una nueva licitación, Quintero se ha mantenido en su posición, la cual trata de bandear el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien se ha mostrado más cauto.

Esa posición ambivalente quedó clara en la reunión de la semana pasada que tuvo EPM —con el alcalde a bordo— con la Comisión accidental del Congreso de la República que analiza la situación jurídica y económica de Hidroituango. Varios congresistas le dijeron a EL COLOMBIANO que mientras Carrillo no se refería al cambio de contratistas, el alcalde Quintero tuvo un discurso totalmente político.

Uno de los mayores contradictores que tuvo Quintero en esa reunión fue el senador José Obdulio Gaviria, quien le pidió al alcalde mantenerse en el rol de la institucionalidad y de las razones técnicas.

“Nosotros nos comportamos como senadores en una audiencia, pero el alcalde comenzó a politiquear. Estamos hablando de que hay dos discursos, el del alcalde Quintero y el del gerente Carrillo. El primero es un tipo totalmente irresponsable, nunca entró en la formalidad de la reunión, nunca se puso en los términos técnicos, parecía en campaña”, dijo Gaviria.

En medio del diálogo, los congresistas pudieron establecer que en caso de que EPM no cumpla con los compromisos que tiene con el sector energético tendría que pagar multas por 1 billón 20 mil millones de pesos.

“El espíritu rabulesco le produciría a Medellín esa pérdida. Entonces el gerente, el propio gerente del proyecto que brillaba por su sentido común en esa reunión, me aseguró que no había retrasos en este momento, entonces por qué insistir en cambiar a los contratistas. Si se empieza a generar en junio, esa turbina generando va a dar un millón de dólares diarios, ¿cómo perder eso? ¿Por qué insistir en el cambio de contratista?”.

Pese a la petición de los senadores por claridad de parte del alcalde, este no respondió en esta dirección. Desde EPM se pudo establecer que el gran riesgo constructivo de retrasar las obras —lo que sucedería en caso de cambiar al contratista— recaería en la estructura del vertedero, por el que está pasando el caudal del río Cauca pese a que no está hecho para ese propósito. Convertir la obra en un vertedero permanente es un riesgo para la seguridad de las comunidades ubicadas aguas abajo.

Por ahora sigue siendo incierto el futuro del Consorcio CCCI al frente de las obras en Hidroituango, y justo la comisión del Congreso se reunirá con sus representantes para saber a detalle qué es lo que sucede al interior del proyecto. Todos los ojos están atentos