Hidroituango: dos meses más de atraso ¿qué está pasando?

Hoy se puede decir que la contingencia de Hidroituango ocurrida en 2018 ya se superó, pero de lo que no hay aún certeza es si esta megaobra va a poder superar los manejos que le ha dado la dupla integrada por el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y el exalcalde Daniel Quintero.

La noticia ahora es que a pesar de que la licitación para la terminación de la obra se adjudicó desde el 10 de octubre pasado; esta es la hora, dos meses después, que aún no arranca trabajos los nuevos contratistas.

De acuerdo con fuentes de entero crédito dentro de EPM, la demora tiene que ver con que el consorcio ganador de la licitación no habría podido lograr las coberturas de dos pólizas, tal y como se las exige EPM, para poder dar inicio al contrato.

Hay que tener en cuenta que para estas grandes obras el Estado colombiano exige lo que se llama una garantía única de cumplimiento que incluye varias coberturas: una es el buen manejo de los anticipos; la segunda es la póliza de cumplimiento de contrato; la tercera es para garantizar el pago de salarios y la cuarta es la póliza de estabilidad de la obra.

Todo indica que el consorcio CYS, integrado por la empresa china Yellow River y la colombiana Schrader Camargo, no logró que las aseguradoras le cubrieran dos de los ítems en los términos en los que los pide EPM: la cobertura de salarios y la de estabilidad. Y mientras no se cumpla ese requisito, el contrato no puede arrancar.

El consorcio, consultado por EL COLOMBIANO, da a entender que la demora es normal. “El consorcio CYS entregó todos los requisitos para el acta de inicio, incluyendo las pólizas de seguros. Cómo es normal, se han realizado reuniones técnicas para dar alcance a los diferentes requerimientos que tiene el contrato”, fue su respuesta.

Sin embargo, es difícil atribuir la demora a un asunto de trámite si se tiene en cuenta que cada día que pasa sin que entren las ocho turbinas de Hidroituango en funcionamiento, EPM puede estar perdiendo hasta 6.000 millones de pesos (en estos dos meses, haciendo cuentas de servilleta, podría haber perdido unos 360.000 millones de pesos).

El problema de no tener los seguros tal y como se los pidieron no es menor, entre otras cosas porque por esa misma razón EPM descalificó a los otros dos competidores en la licitación: la firma italiana Todini, tal vez la de mayor reputación entre las que se habían presentado; y la también china Gezhouba, que es la contratista número 33 del mundo en utilidades.

EPM subrayó en el informe en el que las descalifica lo siguiente: “Respecto al oferente Todini Costruzioni Generali S.P.A., si bien presentó garantía bancaria emitida por un banco extranjero, esta no cumple con lo establecido en el numeral 5.6.2. -Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias-”.

Un contratista de grandes obras, que no ha estado vinculado con Hidroituango, le dijo a este diario: “Es increíble que hayan descalificado a la italiana que además ofrecía un respaldo bancario importante y que además ofreció hacerlo por 200.000 millones de pesos menos que los chinos”.

A la otra firma, la china Gezhouba, EPM la descalificó por no cumplir con los requisitos exigidos en materia de garantía de seriedad. Supuestas fallas no muy distintas a la que al parecer ahora estaría incurriendo el consorcio ganador CYS.

No sería extraño que la Procuraduría General de la Nación, que ha estado muy pendiente de este proceso, pueda discernir mejor qué es lo que está pasando. “Si no tienen esos seguros, no se pueden poner a enmendar el pliego, y EPM les tendría que aplicar la garantía de seriedad de oferta”, explica un conocedor de la licitación.

No es el único problema

Lo que está ocurriendo luce escandaloso. Cabe recordar que desde la llegada de Daniel Quintero a la alcaldía y a la presidencia de la junta de EPM, se denunció que su objetivo era sacar el consorcio que construyó cerca del 90% de Hidroituango para poder abrir una nueva negociación y darle el contrato a una empresa china.

Hacer un nuevo proceso no solo parecía innecesario –porque ya el contrato estaba acordado con el primer consorcio hasta finalizar la obra– si no que se sabía iba a resultar costoso a EPM. Sobre todo en tiempo y recursos invertidos en la nueva licitación.

Al gerente de EPM Jorge Carrillo, en ese entonces, le tocó hacer maromas para justificar el cambio de contratistas, como decir que se trataba de una “segunda fase”, a pesar de que ya estaba casi el 90% construido. No sería extraño que esa movida dé lugar a algún tipo de investigación de los entes de control.

Esa licitación, como se recordará, fue atropellada. Una primera licitación que se hizo debía adjudicarse en marzo de 2022, pero tuvo cinco aplazamientos porque ninguna firma se apuntaba. Las únicas que mostraron interés fueron Yellow River y Schrader Camargo, pero no estaban de acuerdo con muchos puntos del pliego de la licitación. Fueron tantas las exigencias de ajustes por parte de estas dos firmas, que terminó convertido en un “pliego sastre”, hecho a la medida del consorcio que finalmente formaron las dos.

Ante tanta irregularidad, la Procuraduría intervino y a EPM le tocó declarar desierta esa primera licitación en marzo de este año. Entre otras cosas, porque la firma colombiana no logró acreditar la experiencia que se le pedía. Se perdió entonces todo un año.

EPM volvió a abrir una nueva licitación en abril de este año y se presentaron en alianza las mismas dos firmas, Yellow River y Schrader Camargo, simplemente le cambiaron el nombre al consorcio (de Ituango PC-SC, a consorcio CYS). Pero curiosamente en esta nueva licitación también se anotaron a la licitación dos pesos pesados de la construcción en el mundo, las ya mencionadas Gezhouba de China y Todini de Italia.

Esta vez todo ocurrió más rápido. EPM sacó de concurso a estas dos últimas y le adjudicó el contrato a CYS (Yellow River y Schrader Camargo) el 9 de octubre, es decir, tres semanas antes de que tuvieran lugar las elecciones de alcaldes. La fecha es significativa porque para ese momento las encuestas eran claras en decir que el equipo de Daniel Quintero iba a perder las elecciones y, por ende, tenían que apurarse porque ya no podrían tomar decisiones en EPM.

EPM terminó entonces entregando la obra al consorcio que no había sido capaz de acreditar la experiencia en la primera licitación, pero además al que en la segunda licitación había hecho la oferta más cara de los tres y había acreditado menos experiencia. La oferta de Yellow River y Schrader Camargo era 23% más cara (cerca de $200.000 millones más) que la de Todini y acreditó apenas un 9% de la experiencia que acreditó otra de las firmas en una de las categorías clave.

Como si eso fuera poco, ese mismo consorcio (el de Yellow River y Schrader Camargo) que en marzo de 2023 estaba pidiendo 991.000 millones de pesos por hacer la obra, como por arte de magia, en abril pidió 1,126 billones de pesos cuando se abrió la siguiente licitación. Es decir, con una diferencia de apenas un mes cobraron 135.418 millones de pesos más para concluir la hidroeléctrica.

Es decir, gracias al embeleco del entonces alcalde Daniel Quintero, no solo la demora en terminar las obras le podría estar costando cada día 6.000 millones de pesos a EPM por la energía que se deja de producir; sino que el interés de entregarle el contrato a los chinos le valió a EPM, mínimo, 200.000 millones de pesos más. Para solo sumar los rubros más grandes de lo que podría configurar un detrimento patrimonial.