Fiscalía imputará delitos por “contratación a dedo” de Hidroituango
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El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció este miércoles que el ente investigador imputará la probable comisión de un delito por la adjudicación a EPM de la construcción del proyecto de Hidroituango.
Los procesados serán Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango S.A (para la fecha de los hechos) y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango (para la fecha de los hechos), con el fin de formularles cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Dicha audiencia de imputación se realizará en Medellín y será programada por el centro de servicios judiciales, añadió Martínez Neira.
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Asimismo, en relación con una segunda hipótesis investigativa en estudio, adelantada por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, la Fiscalía General citará a varios exfuncionarios a interrogatorio.
Se trata de Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque y Juan Esteban Calle Restrepo.
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“Contratación a dedo”
Martínez Neira dijo que por Hidroituango, la Fiscalía adelanta investigaciones que avanzan en dos ejes fundamentales: uno, por el daño ambiental; y dos, por el proceso de contratación de la hidroeléctrica, línea que denominó “el pecado original de Hidroituango”.
La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias desde el inicio del proyecto como presuntas anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de los contratos, los estudios de diseño y ejecución de la obra, así como en las adiciones autorizadas a la firma contratista.
En 2009, la junta directiva de la sociedad Hidroituango decidió dejar en manos de un tercero el desarrollo de las obras, de tal manera que asumiera su construcción con autonomía, recursos propios y responsabilidad individual sobre los riesgos.
Con las reglas de juego fijadas, el 17 de noviembre de 2009 la sociedad hizo la primera invitación pública internacional a precalificar en la “contratación de la financiación, construcción, operación y mantenimiento de una central de generación hidroeléctrica con capacidad de 2.400 MW”.
A esta etapa precalificaron siete empresas: cuatro brasileñas, una china, una coreana y EPM. Una vez precalificaron, continuó el proceso y se entregan los términos de referencia preliminar, explicó Martínez Neira.
“El 9 de junio de 2010 se suspende el proceso de oferta pública internacional. Se hizo la convocatoria y, en medio del proceso, se suspende abruptamente para iniciar una negociación directa, no concurrente, no de libre competencia, con EPM”, sostuvo el fiscal.
El 18 de septiembre de 2010, añade el expediente del ente investigador, se define que EPM iba a construir Hidroituango. “Se habla de los pasos que se llevan a cabo para que EPM pueda ser el constructor por selección unívoca y a dedo para la construcción del proyecto”, afirmó Martínez.
“Por consideraciones regionales”
El 30 de marzo de 2011, finalmente, se celebra el contrato de construcción entre la sociedad Hidroituango y EPM.
“Como se dispone que la hidroeléctrica no saldrá a licitación internacional, se le manda una carta a los seis operadores que habían preclasificado. EPM, por consideraciones regionales, como se le informó a los precalificados, terminó siendo el contratista, asignado a dedo para llevar a cabo esta macro obra civil”, dijo Martínez.
El fiscal anotó que de este proceso se desprende que hubo “incumplimiento” de los principios de transparencia; selección objetiva, porque “no hubo libre concurrencia”; y tercero, “no hubo libre competencia buscando el socio estratégico y excluyendo por razones locales, a competidores extranjeros, lo cual vulnera tratados internacionales que ha suscrito Colombia”.
¿Qué dice EPM?
Luego de que se conociera la intervención del fiscal, Empresas Públicas de Medellín reiteró que tiene toda la disposición de colaborar con información para los entes de control que lo necesiten:
“EPM ha actuado de manera transparente y en el marco de lo que permite la ley”, indicó la empresa.