Antioquia

Imputan cargos a dos exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín por venta de lote en la Mayorista en 2015

Los presuntos responsables habrían cometido irregularidades en la celebración de un contrato para vender un lote propiedad del Municipio de Medellín que estaba ubicado en la Central. El detrimento sería de $15.000 millones.

15 de junio de 2022

Dos exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el sonado caso de las presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para vender un lote ubicado en la Central Mayorista hace siete años.

Este caso se remonta al año 2015, cuando el hoy gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, era alcalde de Medellín. Entonces, Vera Cristina Ramírez López, exsecretaria de Servicios Administrativos, y Jorge Mario Velásquez Serna, quien era subsecretario de Adquisiciones y Desempeño Contractual, se vieron inmersos en una investigación porque habrían incurrido en las irregularidades para vender el lote de 8.300 metros cuadrados, que era propiedad de la administración municipal.

Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación evidenció en medio de la investigación que entre el 27 de marzo y el 24 de abril de 2015, los procesados habrían negociado dicho predio por $19.123 millones, pese a que este estaba avaluado en más de $34.933 millones.

“La Fiscalía determinó que durante este proceso se omitieron las normas para establecer el valor del referido lote, permitiendo que el mismo fuera entregado a un particular por un valor muy inferior al real”, se lee en el informe del ente acusador.

Asimismo, la investigación evidenció que, el 19 de marzo de 2015, Vera Cristina Ramírez habría omitido, de manera arbitraria, un avalúo contratado por la Alcaldía de Medellín y habría solicitado otro, que era, presumiblemente, más conveniente a los intereses de los compradores. Por este hecho, la mujer también deberá responder por el presunto delito de prevaricato por acción.

Tras conocerse este hecho en su momento, la auditoría de la Contraloría determinó que el avalúo que soportó en 2015 la compra no siguió “las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de avalúos”. Siendo así, no podía ser el referente de la transacción. Por ello, para el organismo de control, los responsables del presunto daño fiscal carecieron de sentido común para proteger el patrimonio público, porque no vieron esas inconsistencias.

“Se pregunta este despacho: ¿Quién que le digan que su inmueble vale $15.810 millones menos que un avalúo que ya le habían practicado y que adicionalmente su valor es inferior en $797 millones al avalúo que tenía dos (2) años atrás se queda tan tranquilo y no solicita un segundo avalúo, máxime que la pretensión es efectuar la venta del inmueble y que el principio de eficiencia le obliga a buscar la mayor rentabilidad?”, daba cuenta un informe de la época.

Asimismo, en 2018, la Personería de Medellín inhabilitó por 12 años a los dos exfuncionarios de la Alcaldía, con el argumento de que incurrieron en “una falta disciplinaria de naturaleza gravísima realizada a título de culpa gravísima” porque incumplieron con el deber legal que tenían de velar por el adecuado manejo de bienes y recursos del Municipio.

Según el documento con el que la Personería formuló cargos a los implicados, aunque la oficina de Planeación Municipal dijo que el lote no era un activo estratégico para las labores misionales del Municipio, “ello no justifica que su venta se hiciera de manera ligera y por cualquier valor; como quiera que el dinero producto de su venta tenía como finalidad la inversión en programas y proyectos misionales y sociales que benefician a la comunidad”. Este fallo fue ratificado en segunda instancia en 2019.