Concejales de Itagüí aparecen certificados en un diplomado al que dicen no haber asistido

El poder de la Inteligencia Artificial es tal que varios concejales de Itagüí aparecen con un diploma que acredita que se capacitaron sobre ese tema, sin que ni siquiera hayan sido convocados al respectivo curso, y mucho menos hubieran asistido. Por lo menos eso denuncian.

Aquí el problema mayor es que por cada participante el Concejo de Itagüí habría pagado en promedio tres millones de pesos de recursos del erario, es decir, plata correspondiente al pago de impuestos de los habitantes de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

La queja fue presentada en público en días pasados y ahora amenazan con llegar incluso hasta los estrados judiciales no solo por el presunto mal uso que le habrían dado a los dineros públicos sino debido a que, según los denunciantes, posiblemente incurrieron en falsedad ideológica en documento y celebración indebida de contratos.

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El caso lo esbozaron los concejales Walter Betancur y Camilo Andrés Valencia, quienes habrían sido dos de los que figuran como graduandos de un diplomado con 40 horas de duración que se dictó en marzo pasado.

Aunque eso ocurrió hace más de cuatro meses solo se conoce ahora porque en un ejercicio de control político de los corporados de la oposición pidieron los informes de contratos ejecutados en los últimos meses que ya dieron lugar a una denuncia con fecha del pasado 12 de agosto ante la Contraloría y la Personería locales para que averigüen si se produjo un detrimento patrimonial o si funcionarios incurrieron en conductas impropias de sus funciones, además, dan por hecho que también llevarán el caso ante la Fiscalía.

La denuncia se refiere a la ejecución del contrato CM002-2026, celebrado entre el Concejo y el operador Propcol SAS., una de cuyas actividades es la ejecución de un Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada, dirigido a concejales y funcionarios de la corporación itagüiseña.

Resulta que en el informe correspondiente a marzo, la firma mencionada facturó esa actividad por $60 millones, más otros $39 millones por la instalación de un aplicativo cuyo fin sería facilitarles el trabajo a los concejales.

La primera irregularidad, según Betancur, es que entre las evidencias para soportar que los componentes del contrato sí se cumplieron, solo ponen una planilla de asistencia, correspondiente a las cuatro horas del 2 de marzo de 2026, y no las diez por el número total de sesiones de capacitación que estaban programadas entre el 1 y el 26 de marzo.

Pero también figuran los 20 diplomas expedidos el 25 de marzo por el Politécnico Nacional de Formación e Innovación, que supuestamente les entregaron a los participantes por cumplir con la mayoría del entrenamiento. Ahí estaría lo más grave, en su concepto, pues por lo menos él y otros dos concejales de la oposición para el momento —Camilo Andrés Valencia y el exalcalde León Mario Bedoya (quien renunció a su curul el 23 de abril)— ni hicieron el curso ni recibieron jamás ese documento.

“Declaro de manera expresa y bajo la gravedad de juramento que NO asistí, NO participé y NO recibí ninguna de las sesiones, capacitaciones o acompañamientos que conforman el citado diplomado, ni firmé documento alguno de asistencia o de recepción de la herramienta digital referida. La certificación de 40 horas de formación a mi nombre no corresponde a la realidad”, dice el concejal Betancur en el texto de su queja ante los organismos de control.

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El 26 de marzo también se habría realizado la entrega del aplicativo de IA a los concejales, pero Betancur, Bedoya y Valencia aseguran que tampoco se los entregaron.

Además, aseveran que hubo otro hecho que daría para una demanda por falsedad ideológica en documento, pues compararon la hoja con las firmas de los asistentes a las capacitaciones con los listados de asistencia al Concejo y constataron que frente a los nombres de varios concejales aparecen rúbricas que sería diferentes a la que estos normalmente estampan.

Ese sería el caso de Shirley Ortiz (Mais). Por Jadison Bustamante (movimiento Itagüí Somos Todos, que apoyó al alcalde actual) firmó alguien llamado Carlos Durán; además frente al nombre de Cristian Osorio (Aico, también trujillista y quien renunció a mediados de junio para hacer campaña) y Andrés Camilo Arcila (conservador) aparecen las iniciales RC.

Este medio trató de contactarlos a todos los anteriores, quienes hacen parte de la coalición que apoya al alcalde Diego León Torres, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de esta publicación.

“Yo no me diplomé, no hay una foto mía capacitándome y de hecho en el listado de asistencia no firmo”, apuntó por su parte el concejal Valencia (Alianza Social Independiente-ASI), quien dice que por aquellos días no podía aceptar este tipo de invitaciones debido a compromisos de trabajo por su condición de empresario.

“Es más, no sabía siquiera que había un diplomado, hasta que vi el informe de actividades”, apuntó al asegurar también que se estaría poniendo en riesgo su seguridad jurídica porque aparece en algo que no es real.

Bedoya le dijo a este medio que su sorpresa fue gigante cuando se dio cuenta del presunto entuerto al examinar el informe de ejecución de Propcol SAS en el que estaba el diplomado: “Nos miramos y nos dijimos ‘eso cuándo pasó’. La inteligencia artificial es tan inteligente que no sé si fue por osmosis que estudiamos”.

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Contrato firmado por primo del “cacique” de Itagüí

Quien suscribió el contrato por parte del Concejo fue el entonces presidente del Concejo de Itagüí, Daniel González, primo del cacique conservador y excongresista Carlos Andrés Trujillo González. No obstante, el Consejo de Estado le quitó a este la investidura en junio por haber votado a favor un homenaje que le hicieron a su familiar.

Con todo e IVA, lo pagado a la firma Propcol SAS, de acuerdo con la denuncia de Betancur, habría ascendido a $151’883.318, de los cuales $71’400.000 correspondieron al diplomado, según documentos, y $46’410.000 a la instalación del aplicativo asesor Concejo de Itagüí, mientras que el resto sería por cuenta de otros componentes que hacen parte del contrato.

El concejal Betancur les pide a la Personería y la Contraloría Municipal que solicite la totalidad de los listados de asistencia y verifiquen la veracidad de todos los diplomas confrontándolos con las planillas correspondientes a las cuarenta horas que debió durar el proceso de formación sobre Inteligencia Artificial Aplicada.

Adicionalmente, solicitan mirar si acaso existió un pago o facturación por un servicio de formación “no efectivamente recibido por el suscrito, y en general por los demás beneficiarios cuyos nombres no figuran en las planillas de asistencia aportadas”. Y que a partir de ahí se “adelanten las actuaciones fiscales, disciplinarias y/o penales a que haya lugar”.

EL COLOMBIANO trató de comunicarse al Politécnico Nacional de Formación e Innovación pero en el número hallado en la web respondieron de otro sitio. Llamó igualmente al celular de Propcol que aparece en registros: la primera vez contestó una mujer prometió darle el mensaje al representante legal para que devolviera la llamada, pero esto nunca ocurrió ni volvieron a contestar.

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El Secretario y el Presidente del Concejo tampoco respondieron. Finalmente, el expresidente de la corporación y primo de Trujillo, Daniel González, aseguró que todo lo denunciado es falso y que lo demostrará ante los organismos competentes, pero se negó a dar explicaciones para este diario.

Empresa nació como firma de reciclaje

Propcol SAS fue creada en 2016 con el nombre de Recolecciones Ecológicas SAS; su único accionista era Daniel Felipe Barrera. En 2016 pasó a llamarse Proyectos Públicos y Privados para Colombia y adoptó la sigla actual.

En noviembre de 2021 cambió estatutos y varió el objeto para permitir la ejecución de proyectos públicos y privados, participar en licitaciones y concursar por obras civiles, organizar fiestas y cursos, entre otros, al lado de la importación y exportación de excedentes industriales, es decir, algo que llevaba a otro nivel su primer objeto.

En los últimos dos años, esta empresa aparece con contratos en municipios como Anzá, Caldas, Salgar, Santa Rosa de Osos y Bello, entre otros, así como con la Asociación de Municipios del Magdalena Medio. A estas alturas, como cabeza figura una persona diferente a su creador.

En los últimos balances presentados, Propcol SAS reportó por el año 2025 ingresos por 8.094 millones de pesos, activos por 6.700 millones y pasivos por 3.600 millones.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuánto pagó el Concejo de Itagüí por el diplomado de Inteligencia Artificial?

Según la denuncia presentada ante los organismos de control, el diplomado tuvo un valor de $71,4 millones, incluido IVA. El contrato CM002-2026 también contempló otros componentes, entre ellos la instalación de un aplicativo para los concejales.

¿Cuántos concejales y funcionarios de Itagüí aparecen certificados en el diplomado de Inteligencia Artificial?

En los documentos del contrato aparecen 20 diplomas expedidos el 25 de marzo de 2026 por el Politécnico Nacional de Formación e Innovación. Los denunciantes sostienen que algunos de los concejales certificados aseguran no haber asistido al diplomado.

¿Qué irregularidades denuncian en el diplomado de Inteligencia Artificial del Concejo de Itagüí?

Los denunciantes señalan, entre otras posibles irregularidades, que solo se presentó una planilla de asistencia correspondiente a cuatro horas de capacitación, pese a que el diplomado debía completar 40 horas; además, cuestionan la existencia de diplomas de personas que dicen no haber participado y la autenticidad de algunas firmas.