La masacre olvidada de las Farc

El golpeteo de la culata del fusil contra la puerta aterró a la familia. Track, track, track, “¡salgan, gallinas de Carlos Castaño!”, proferían los guerrilleros. Track, track, “¡aquí está el dueño de la proveedora, tírenle una bomba!”.

Gustavo Díaz Tarraz y sus seres queridos guardaron silencio, pero Antonio, de 11 años, no soportó el tormento y salió por la parte trasera de la casa, hacia el río Mulatos. La noche estaba más negra que siempre, porque los invasores habían cortado la electricidad, y llovía de manera tan violenta que parecía que las gotas también estuvieran huyendo despavoridas.

“No te tirés al agua, porque está crecida y te ahogás”, le dijo Gustavo al infante, sin ser escuchado. Corrió entonces detrás de él, oyendo el silbido de los proyectiles rozando los platanales, y lo alcanzó cuando estaba sumergido hasta el pecho en el caudal. Lo abrazó y como pudieron aguantaron la corriente. Oyeron más disparos y los alaridos desgarrados de las mujeres, hasta que el fuego desatado por los bárbaros en su vivienda iluminó el vecindario. Así pudieron ver lo que estaba pasando, que el Apocalipsis había llegado a Pueblo Bello.

Entre el 4 y el 5 de mayo de 1996, un centenar de combatientes de los frentes 5 y 58 de las Farc arrasaron ese corregimiento de Turbo, al igual que el poblado vecino Alto de Mulatos.

Tildaban a sus pobladores de paramilitares, riéndose con vulgar saña e incinerando los locales. Al farmaceuta Humberto Ramos, de 70 años, lo sacaron de su propiedad y lo arrastraron hasta la calle principal. Su esposa Aura Castro, de 68, corrió tras los insurgentes abrazando un crucifijo, con la esperanza de que eso los conmoviera, y les rogaba que por favor, por favor, no mataran a su marido.

La cuadrilla se detuvo en la gruta de la Virgen María y frente a la sacra escultura fusiló a los esposos y a dos hombres más, para que no quedara duda de que esa noche no iban a respetar a nadie, ni siquiera a Dios.

El ataque en Alto de Mulatos, a 20 minutos de Pueblo Bello, empezó cuando sus habitantes celebraban una misa evangélica. Entre los primeros que salieron a responder estaban los hermanitos John y Elkin Loaiza Graciano, de 14 y 16 años, quienes hacía apenas 20 días habían sido reclutados por las autodefensas.

Aún no sabían manejar las escopetas, muy pesadas para ellos, y pronto los maniataron y ejecutaron. “Nosotros podemos con los escopeteros mal formados”, se jactaron los verdugos.

Su sabio abuelo Alfonso Loaiza les había advertido que no se metieran con los “paras”, pero ellos no obedecieron, recuerda el anciano lamentándose.

Luego los agresores hallaron a una hermana de los adolescentes, que nada tenía que ver en el conflicto, Martha Loaiza Graciano, y la mataron junto a su cónyuge Francisco Rivero.

En la caseta comunal amarraron de dos maderos a Juan Carlos Hernández, de 24 años y apodado “Gorra Plancha”. Igual que los inquisidores de la Edad Media, le prendieron fuego, que lo consumió vivo.

Los subversivos se marcharon a las 4:00 a.m., prometiendo hacer “otra visitica antes de que se acabara el año”. El Ejército no llegó a socorrer a los pobladores. El saldo de la masacre fue de 9 muertos en Pueblo Bello y 7 en Alto de Mulatos, que los mismos residentes tuvieron que recoger en volquetas, porque la Fiscalía solo apareció a los dos días.

Al amanecer, Gustavo Díaz Tarraz y su niño emergieron del río, deambularon cual almas en pena entre el gentío de dolientes y llegaron hasta el despojo de cenizas que antes fue su casa. Bajo la cama quedó un pequeño bulto carbonizado, eran los cadáveres fusionados de su esposa Mercedes Muñoz (39 años), sus hijas Arlys Patricia y Rocío Díaz Muñoz (de 17 y 18), y su nuera embarazada Cielo Vásquez, de 15.

“Quedaron chiquiticas”, dice Gustavo usando el antebrazo como referencia de medida, “la gente me agarró porque yo me iba a echar a la candela”. Su vecino Gil Arrieta participó en la penosa tarea de recoger los restos de las mujeres y asegura que “el que no lloraba ese día, era porque ya no tenía lágrimas”.

La maldición de Pueblo Bello

Según la Alcaldía, en Turbo hay 70.000 víctimas del conflicto, casi el 50% de su población (148.544 habitantes).

Pueblo Bello apareció por primera vez en el mapa de Colombia el 14/1/90, cuando la facción paramilitar “los Tangueros” lo devastó. Secuestraron a 43 hombres, los llevaron a la finca Las Tangas en Córdoba, los torturaron y enterraron en fosas. El motivo fue banal y humillante, explica el líder comunitario Ramón García: “El jefe paramilitar Carlos Castaño mandó un panfleto anunciando que venía por 43 campesinos, porque la guerrilla le había robado 43 cabezas de ganado. Se desquitó con vidas humanas”.

La maldición de los 4.000 pobladores, de vocación agrícola y ganadera, es vivir en un corredor estratégico entre el Nudo de Paramillo, la Serranía de Abibe y el Golfo de Urabá, que los grupos armados se han disputado para el transporte de armas, drogas y combatientes.

La matanza del 90 es apenas un clavo de los muchos que usó la guerra para crucificar a la comunidad. Al concejal Heriberto Anaya se le inundan los ojos al recordar a su amigo del colegio, Édgar Largos Pino, quien tenía apenas 12 años cuando lo descuartizaron con motosierra, junto a su papá y hermano, en la vereda Mono Macho (27/10/95). “Los estudiantes del colegio de Pueblo Bello juntamos los pedazos del compañerito, y el ambiente en las aulas se vino al piso. Vivíamos una guerra sicológica, cocinábamos aquí y a las 4:00 p.m. nos escondíamos en el monte”, precisa.

Tras la matanza del 96, el entonces gobernador Álvaro Uribe pidió el apoyo de tropas extranjeras para Urabá; el ministro de Defensa, Juan Esguerra, declaró que se reformaría la Constitución para invocar una legislación de guerra; la Iglesia condenó lo sucedido y se repitió el clásico bla bla bla de las autoridades. Y no pasó nada, ni siquiera pusieron una estación de Policía (solo se inauguró en 2006).

El 26/6/99 regresó la guerrilla a Pueblo Bello y mató a 5 hombres que bebían en el bar Las Delicias: Jimmy Arrieta, Álvaro Gutiérrez, Héctor Muentes, Miguel García y Dayron Atencio.

A Susana Herrera, la madre de este último, las Farc le enviaron un comunicado en el que “se disculpaban por lo de mi hijo, decían que le habían preguntado si se iba con ellos, y Dayron respondió que ni con ellos ni con los otros. Por eso me lo mataron”.

Previo a esa matanza, la insurgencia había advertido que la cometería, por eso tres días antes la población convocó al general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada 17. “Nos trató de mentirosos, que él había patrullado con 400 soldados y no vio guerrilla. Y vea lo que pasó”, cuenta Ramón García.

Ahora Del Río paga una sentencia de 25 años por la muerte de un campesino chocoano, perpetrada en asocio con las Auc.

Sin justicia

“Periodista, quiero contarle algo. Me van a trasladar de despacho, y por tanta congestión no alcancé a resolver varios procesos. Pero hay uno en particular que me preocupa, porque está en el olvido, nadie habla de eso, y fue muy grave. Mírelo”, me dijo un fiscal en su oficina del Palacio de Justicia de Medellín, en octubre de 2014, introduciéndome así al abismo judicial de esta historia.

El expediente 1037766 consta de 4 cuadernos, que contienen las actuaciones de la Fiscalía por la masacre de 1996. Allí están las fotos de la inspección a los cadáveres, que en su momento los criminalistas filaron en plena calle para hacer la “sábana de evidencias”, a la vista de todos. En una bolsa blanca destapada se veía el montículo de carbón en que convirtieron a la familia de Gustavo Díaz Tarraz. La descripción que él me hizo la semana pasada fue exacta.

Los folios estuvieron 14 años enterrados en una Fiscalía Especializada de Apartadó, pasaron a la Unidad de DD.HH. y después rotaron por cinco despachos de la Fiscalía Especializada de Medellín, sin que a la fecha haya un solo criminal arrestado.

EL COLOMBIANO habló con tres de los fiscales que han tenido el caso, los cuales solicitaron la protección de su identidad por tratarse de un expediente con reserva sumarial. Uno de ellos comentó: “Nunca entendí la apatía de las autoridades con este proceso, no me asignaron investigadores, el Ejército no quiso aportar un organigrama de las Farc, la Dirección de la Fiscalía no aprobó viáticos para viajar a tomar testimonios ni le dio estatus de connotación nacional para darle prioridad. No sé si está politizado, me preocupa que quede impune”.

Con la evidencia recopilada y las declaraciones de testigos, el ente acusador sindicó a 6 guerrilleros, aunque a ninguno les expidió orden de captura. Entre ellos están Elda Neyis Mosquera (“Karina”) y Danis Sierra Martínez (“Samir”), quienes integraron las cúpulas de los frentes involucrados y gozan de beneficios penales por ser gestores de paz autorizados por el Gobierno.

Por eso los fiscales esperaban su colaboración con el interrogatorio, sin embargo, “Samir” eludió la responsabilidad y culpó a los “paras”, incluso presentó de testigo a otro desmovilizado (“Duverney”), cuya versión de un combate contra el Ejército y las Auc no tuvo sustento.

“Karina” dijo que no estuvo ese día en el área, aunque admitió que sí fueron las Farc. “Supe por compañeros que habían ajusticiado a varias personas que trabajaban con los paramilitares en Pueblo Bello, pero nunca se nos dio a conocer oficialmente ese hecho”.

El folio le fue asignado este año a la Fiscalía 32 Especializada de Medellín, donde apenas hay un fiscal y un asistente para atender una carga de 1.500 expedientes, sin contar los 50 que llegan cada semana. ¿Algún día habrá justicia por este crimen?

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Reparación a medias

A diferencia del caso de 1996, por la masacre de 1990 sí ha obrado la justicia, pese a que apenas se recuperaron 8 cadáveres. Hay 23 “paras” y exmilitares pagando penas de 25 a 60 años y el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de DD.HH. (31/1/06). Eso derivó en que el Gobierno adelante actos de reparación con las víctimas.

La Gobernación de Antioquia inició en Pueblo Bello la primera experiencia de reparación colectiva en el Departamento (2012) e incluyó a 402 familias en la Ruta Integral de atención.

El secretario de Gobierno, Santiago Londoño, indica que hay proyectos productivos para 100 familias con cultivos de maíz, se invirtieron $1.200 millones en el centro social Remanso de Paz y habrá $3.200 millones para el colegio.

Son ayudas que la gente agradece, así todavía no haya acueducto y tengan que recolectar agua de lluvia o del río.

Aunque la reparación no está completa, la personera de Turbo, Yuliana Cardales, acota que la atención otorgada a Pueblo Bello provoca reclamos en otras comunidades “que se preguntan por qué a unos les dan y a otros no”.

El presidente de la JAC de Alto de Mulatos, Darío Velásquez, sugiere que los recursos deberían descentralizarse hacia otros sitios que también sufrieron la violencia.

Hoy se cumplen 19 años de impunidad desde que las Farc incursionaron en los dos poblados. La seguridad es mejor, mas persiste la influencia de los frentes 5 y 58, comandados por “la Frita” y “Manteco”, y de la banda “los Urabeños”.

Lo que sí ha cambiado es que ahora los jefes de la subversión negocian la paz en Cuba y la agenda se concentra en el punto de las víctimas.

Al consultarles a los sobrevivientes qué les dirían a los negociadores, la respuesta es unánime y la encarna Gustavo Díaz Tarraz: “Les preguntaría por qué lo hicieron, si en esta guerra solo pagó el inocente y el desarmado, por qué, si aquí por cualquier imaginación nos mataban”.