La planta de mal tratamiento a los subcontratistas

Mayor permanencia en obra con mínima productividad, la fórmula perfecta para llevar al desastre financiero a una empresa subcontratada para realizar obras de infraestructura.

Más de 17 empresas, la mayoría antioqueñas, sostienen que eso fue lo que les sucedió al celebrar contratos con el Consorcio Aguas de Aburrá (HHA), para desarrollar varias obras civiles en el proceso de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello (Ptar Bello), que recibirá las aguas de Medellín y Bello para tratarlas y disminuir en más de un 50% la carga contaminante vertida al río Aburrá-Medellín, producida por los usuarios conectados al sistema de alcantarillado operado por EPM en el tramo dos de este afluente.

El Consorcio HHA, integrado por las firmas coreanas Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co.Ltd., y por la española Acciona Agua; es una asociación entre dichas empresas que se ganó la licitación de EPM para construir la planta de tratamiento. Es decir, la dueña del proyecto es EPM y el consorcio es el encargado de que se construya y los subcontratistas son las pequeñas empresas que el consorcio contrata para que realicen trabajos específicos de la obra.

“Los perjuicios y los retrasos se deben a que HHA no ha sido un consorcio organizado en la obra. Nunca tuvo listas programaciones, cronogramas, diseños, ingeniería, obra civil, materiales, entre otros, necesarios para que los subcontratistas pudieran ejecutar sus trabajos o actividades en el plazo estipulado y sin ningún tipo de perjuicio”, explicó Carolina Peralta, gerente de Civilmec Ingeniería, pequeña empresa paisa de acabados en concreto de pisos industriales, que casi se va a la bancarrota por la planeación en obra del consorcio.

Como Civilmec Ingeniería hay otras 16 empresas perjudicadas (ver recuadros), casi en la quiebra, que ya tuvieron que sentarse con EPM, para que intervenga, se haga responsable de la situación e interceda por estas compañías ante el Consorcio HHA y así lograr una reparación.

“A eso hay que sumarle que la interventoría que nombra EPM para el proyecto, una firma extrajera (Nippon Koei) en consorcio con una firma colombiana (Sedic S.A.), no le hacía seguimiento a las problemáticas de los subcontratistas”, mencionó John Ánderson Gómez, delegado de la firma Noria SAS, empresa que hoy está en proceso de liquidación por la superintendencia debido a los problemas que tuvo en la ejecución de sus contratos durante la construcción de la planta.

El proyecto Ptar Bello se empezó a construir en 2012 y debía finalizar en 2015.

Mesa de negociación

Ante la presión ejercida por los subcontratistas y después del último debate de control político en el Concejo de Medellín, en el que EPM tuvo que rendir cuentas en la Corporación acerca de los atrasos y sobrecostos en la construcción de Ptar Bello —que ya suman 24 meses y más de 60.000 millones de pesos—, EPM propuso la creación de una mesa de negociación.

Actualmente hay 17 empresas subcontratistas que alcanzaron a presentarle a EPM la documentación que respalda sus reclamos. Sin embargo, otras 15, que también se han visto perjudicadas por el Consorcio HHA, pero que no alcanzaron a ingresar en grupo inicial de negociación o no quieren reclamar por miedo a represalias, ya que todavía están en Ptar Bello o quieren seguir licitando para proyectos de EPM.

EPM pidió que los subcontratistas negociaran primero con el Consorcio HHA; este último solo aceptó sentarse con 10 de las 17 empresas subcontratistas que están reclamando. De las otras siete compañías, cinco adelantaron procesos de negociación con ellos (en obra) —pero igual se sienten afectadas—, una es extranjera y otra está en proceso de liquidación.

El jueves 31 de agosto se cerró el ciclo de negociación entre las 10 empresas y el Consorcio HHA. A la fecha solo una llegó a un acuerdo; las otras nueve no han podido.

Reclamación

Aunque solo estén negociando con 10, los 17 subcontratistas le hacen dos reclamaciones al Consorcio HHA.

La primera es la exigencia de la liquidación correcta de sus contratos; pagar las facturas pendientes y que les devuelvan los retenidos en garantía (en toda obra se retiene el 10 % del pago, una manera de obligar al subcontratista para que concluya todos sus trabajos).

La segunda es que los reparen por los daños y perjuicios que sufrieron por la mayor permanencia en obra con una mínima productividad. Entre los 17 reclamantes, la exigencia monetaria asciende a los 35.000 millones de pesos.

SintraHHA

Los subcontratistas del proyecto Ptar Bello no son los únicos perjudicados. Unas 35 personas que trabajaron para el Consorcio HHA y que alcanzaron a conformar el sindicato SintraHHA, también se declaran víctimas. Aseguran que desempeñaron sus funciones bajo pésimas condiciones laborales y que fueron despedidos (el 18 de noviembre de 2016) por crear la mencionada agrupación.

“No teníamos centros de hidratación, no había baterías sanitarias suficientes y en buenas condiciones, el casino no era el apropiado para el consumo de alimentos, etc. Verbalmente solicitamos que nos mejoraran las condiciones en el sitio de trabajo, pero nunca atendieron nuestras peticiones.

Como fuimos ignorados, pasamos una carta con las exigencias. El consorcio se comprometió a ayudarnos pero nunca lo hizo. Debido a lo anterior, nos asesoramos y conformamos un sindicato, pero el día que quedó constituido realizaron un despido masivo de las 35 personas que nos asociamos”, le dijo a EL COLOMBIANO Wilfredo Caliz García, vicepresidente del sindicato SintraHHA.

Según el exempleado, los liquidaron sin seguir el debido proceso. Ellos demandaron de manera colectiva, acción que a la fecha no ha tenido ningún resultado.

“Allá incluso se presentó un código rojo, una fatalidad en campo. El personal de seguridad y riesgos profesionales era mínimo. Firmaban los permisos de trabajo, pero no hacían presencia en el proyecto. Fueron muchos trabajos mal hechos, por falta de un cronograma de ejecución”, afirma Caliz García.

El sindicalista enfatiza que muchas veces se hacían trabajos de lunes a viernes, pero tocaba regresar el sábado y el domingo a desmontarlo porque había quedado mal hecho. Esto hizo que se perdiera tiempo, material y había que volver a empezar de nuevo.

“Fue algo repetitivo. Allá hay una cantidad de obras muy mal ejecutadas. Muchas empresas subcontratistas se quebraron porque el Consorcio HHA nunca orientó, acompañó o tuvo las condiciones listas para que las otras compañías realizaran bien y a tiempo sus tareas”, sostiene el vicepresidente de SintraHHA.

Los representantes del sindicato aseguran que su despido fue ilegal y que por ende le deben a cada trabajador (35 en total) el salario de nueve meses, en promedio de 2 millones de pesos mensuales (incluidas primas); es decir, unos 630 millones de pesos.

“Pésima ingeniería”

EL COLOMBIANO contactó a Carlos Escobar Rodríguez, un ingeniero industrial que trabajó durante 30 meses para el Consorcio HHA como ingeniero residente y quien tenía a cargo la revisión de planos contratados previamente y la supervisión del montaje mecánico de tuberías y la soldadura en el proyecto.

Rodríguez asegura que durante todo el tiempo laborado detectó muchas irregularidades que podrían afectar el funcionamiento óptimo de la planta cuando esta entre en operación.

“Es una de las peores ingenierías que yo he visto. Cuando los subcontratistas iniciaban el montaje, nada de lo que estaba plasmado en los planos cuadraba, porque estos los habían hecho personas inexpertas; todo había que repetirlo hasta dos y tres veces”, resalta Escobar Rodríguez.

Según el ingeniero, las especificaciones técnicas que el cliente le dio al Consorcio HHA tienen muchas inconsistencias en el tema de las normas; hay especificaciones que nombran una norma y otras, que hablan de lo mismo, mencionan otra norma. “Eso parece un copiar/pegar de otro proyecto y así se lo presentaron”.

Escobar Rodríguez opina que algunos interventores del proyecto Ptar Bello tampoco tenían las competencias necesarias para su función y que no entendían muchos temas.

Finalmente, el ingeniero Carlos Escobar Rodríguez, quien se retiró de HHA por vencimiento de su contrato, comenta que dentro del consorcio han tenido muchos problemas, por falta de entendimiento entre los coreanos (Hyundai) y los españoles (Acciona), lo que ha generado que se tomen decisiones contradictorias y que en ocasiones se quiera avanzar en direcciones diferentes; “cada parte tiene distintos intereses, tanto en lo administrativo como en la ejecución”, sostuvo.

Consorcio HHA responde

Ante la gravedad de las denuncias, EL COLOMBIANO contactó al español Manuel Vera Serrano, uno de los representantes del Consorcio HHA.

Respecto a las problemáticas que expusieron los subcontratistas, sostiene que “estas opiniones provienen de 17 de las aproximadamente 800 empresas que han pasado por el proyecto, por lo que representan la opinión del 2 % de los contratistas y proveedores. Algunas de estas compañías, incluso, habían firmado liquidaciones, transacciones y paz y salvos con el consorcio tiempo atrás, y otras muchas nunca, antes de esta aparición en medios, habían reclamado nada al Consorcio HHA”.

En cuanto a las negociaciones, solo responde que “las mesas de negociación ya se han dado con las diez (empresas subcontratistas) según la agenda prevista, durante el mes de agosto”.

El Consorcio HHA también se refirió al caso particular de los empleados que al parecer fueron despedidos por crear un sindicato. Afirma que “no es cierto que dichos despidos se debieran a la creación del sindicato, como se puede verificar en una reciente sentencia de la Corte Constitucional (la T-402 de 2017), que ha declarado improcedentes las solicitudes de dicho sindicato”.

Al indagar por las causas que atrasaron la construcción de la planta, Vera Serrano argumenta que “las razones y responsabilidades del atraso en la construcción de la Ptar Bello, y la resolución de las mismas, son motivo de una de las controversias que el Consorcio ha presentado ya ante la Comisión de Resolución de Controversias”.

En cuanto a los diseños de ingeniería y las especificaciones técnicas que denunció un exempleado del proyecto, el Consorcio HHA alega que también son objeto de controversia con EPM.

Finalmente, el representante español del Consorcio HHA, Manuel Vera Serrano, indicó que el inicio de la operación de la planta está previsto durante el segundo semestre de 2018.

Mauricio Cadavid Londoño
Representante legal de Colbombeos de Concreto SAS

“Ingresamos al proyecto Ptar para vaciar 111.000 metros cúbicos de concreto. Nos ganamos la licitación por las condiciones de mi empresa y los precios que nosotros ofrecimos; en esa época se manejaba un precio en el mercado de $30.000 por metro cúbico vaciado y nosotros lo ofrecimos a $22.000. Era un contrato de 28 meses por un valor $2.454 millones de pesos; el ejercicio financiero nos daba perfecto. Firmamos en diciembre de 2012 con acta de inicio para mayo de 2013. Teníamos los equipos necesarios pero compramos tubería, un contenedor, un vehículo, un trailer y otra bomba de repuesto. Arrancamos el 7 de mayo de 2013 para terminar en septiembre de 2015. Empezamos a bombear, los primeros cuatro meses trabajamos muy bien, pero desde septiembre metieron a Argos a hacer lo que nos tocaba a nosotros. Tenía cuatro equipos de bombeo, con los trabajadores, sin hacer nada. Le reclamé a maestros, ingenieros, director de obra, gerente, pero nadie me supo dar razón de por qué Argos empezó a hacer para lo que me contrataron a mí; entré en desequilibrio financiero porque tenía que pagar nóminas sin ejecutar y no me dejaban abandonar la obra. Así pasaron cuatro meses y nunca me dieron respuesta. El 20 de diciembre de 2013 me dicen: ‘nos equivocamos con eso, usted ya no va a vaciar 111.000 metros cúbicos de concreto, solo serán 33.000 metros cúbicos y nosotros vamos a continuar con Argos’, pero necesitamos que se quede en la obra por si acaso’. Me dijeron que si no podía, tenía que esperar el plazo contractual del contrato para poder liquidarlo. En el desespero, me tocó firmar una renegociación del contrato para poder pagar la prima de los trabajadores. En octubre de 2015, para reclamar el saldo retenido, me obligaron a firmar un acta de no reclamación para poder liquidarlo. Se demoraron 14 meses para devolvérmela. En resumen, en 28 meses solo vacié 23.000 metros cúbicos de concreto, quedé endeudado y la empresa al borde de la quiebra”.

Afectaciones: Para poder pagar proveedores y acreedores, vendió el carro de la empresa y un local familiar, hipotecó una propiedad, deudas con los bancos. Problemas familiares y psiquiátricos.

Reclamación: $1.800 millones

Carolina Peralta Durán
Representante legal Civilmec Ingeniería SAS

“Al proyecto Ptar entramos en enero de 2015, nos invitaron a licitar la construcción de los pisos en concreto acabado. El contrato se firmó el 15 de agosto de 2015. Iniciamos en unos edificios que ya estaban listos para los trabajos, nuestro rendimiento era muy rápido, durante 45 días no tuvimos problemas. Luego empezaron las dificultades porque ya la planta no tenía ningún edificio para que nosotros realizáramos nuestra labor. Me dijeron que no tenían dónde ponerme a ejecutar porque no había edificios listos para vaciar y me pidieron que suspendiera el contrato durante dos meses para después seguir con la ejecución. El pago del contrato era por trabajo realizado, con actas de cobro quincenales, pagadas cada 30 días. Con el otrosí #1 se firmó por $2.740 millones, de los cuales solo facturamos $1.200 millones. Llegamos a una ejecución total del 45 % del contrato. Se vencieron los dos meses y el arquitecto nos dijo que no había nada para ponernos a hacer. Se venció el plazo contractual (120 días) y ampliamos el contrato por otros 120 días pero con la condición de que me dieran área adicional; se firmó un segundo otrosí. Sin embargo, seguía sucediendo lo mismo, ellos nunca estaban preparados, pero nos obligaban a estar en obra. Del otrosí #1 solo alcanzamos a facturar $450 millones. Entré en desequilibrio financiero. Pedí que me garantizaran un cronograma de ejecución para ejecutar 5.700 metros cuadrados; eso quedó en el otrosí #2, el cual se venció el 31 de marzo de 2017 y solo alcanzamos a ejecutar el 22%. Al mes me mandaron una carta de incumplimiento porque había abandonado la obra (el contrato ya se había vencido)”.

Afectaciones: Iliquidez de la empresa, tener que usar el patrimonio y las utilidades de los últimos seis años, deudas bancarias y el despido de 12 empleados que llevaban siete años en la compañía.

Reclamación: $1.700 millones.

Guillermo Pava Pulido
Representante legal de Ingevel Ltda.

“Ganamos una licitación de un contrato especializado, por tres meses de $800 millones, para hacer el montaje de tubería acero carbón. Por nuestra experiencia, era una ejecución relativamente fácil en la que ni siquiera íbamos a tardar los tres meses. Firmamos en noviembre de 2015 con acta de inicio para el 14 de marzo de 2016; es decir, debíamos terminar y entregar obra el 14 de junio de 2016; sin embargo, salí del proyecto —desesperado— el 5 de diciembre de 2016. Tenía que instalar unas tuberías, con soldadura mecánica especializada, en tres sitios distintos. ¿Qué pasó? Para yo empezar a instalar, me tenían que entregar las áreas listas (tierra compactada), lo cual sucedía mucho tiempo después; hubo una zona que se demoraron seis meses en entregármela, pero me obligaban a permanecer en la zona del proyecto haciendo prácticamente nada. También se demoraban semanas en entregarme planos. Tengo empleados, soldadores de tubería especializada, que me pueden cobrar entre 5 y 8 millones de pesos mensuales y yo los tenía haciendo nada. Mi gran salvavidas ahora para la reclamación es que yo siempre documenté (en una bitácora) los motivos por los cuales se atrasaba la ejecución de mi contrato, los cuales nunca fueron por mi empresa sino por el consorcio. Intentaron cobrarme pólizas de incumplimiento, pero con mi libro de pruebas la aseguradora concluyó que yo nunca tuve la culpa. La ejecución de mi contrato alcanzó el 85 %”.

Afectaciones: La empresa quedó ad portas de cerrar. Despidieron a los empleados del área administrativa. Están tratando de salvar la empresa en papel.

Reclamación: $2.200 millones (liquidación correcta del contrato y daños y perjuicios).

John Ánderson Gómez
Delegado de Noria SAS

“Nosotros fuimos contratados en agosto de 2013 para obras civiles y proveer personal (maestros, oficiales, ayudantes, residentes, etc). Nos pagaban por precios unitarios pero no nos dejaban considerar el valor del concreto ni del acero. Nosotros llegamos a tener en el proyecto hasta 500 empleados. Se nos permitía subcontratar el personal, pero por estar EPM de por medio, nos convertimos en patrono directo de todas estas personas, con todo lo que eso implica. En los 40 meses que estuvimos facturamos $14.400 millones solo en mano de obra; inclusive nos tocó terminar trabajos que otros subcontratistas no alcanzaban a terminar porque se retiraban quebrados. En abril de 2015, nos íbamos a ir del proyecto porque no nos pagaban nada, huecos quincenales de más de $200 millones. En febrero de 2016 volvimos a decir que nos íbamos, pero el consorcio cambió el contrato por administración delegada, con lo cual asumía los costos de Noria de la permanencia del personal. Aceptamos pero sí se resolvían en dos meses nueve puntos y reclamaciones que estaban pendientes; llegó diciembre de 2016 y solo se habían resuelto dos. Hubo obras que no se hicieron en el tiempo previsto, ¿Por qué? No había hierro, madera, Argos suspendía el suministro de concreto, etc; entonces nos tocaba estar con 500 personas en el proyecto pero sin materia prima para trabajar. En resumen, firmamos 11 contratos y 51 otrosí, y nunca aceptaron liquidar ninguno. Nos deben $500 millones en retenidos de garantía”.

Afectaciones: La empresa, fundada en 1994, se quebró. Le quedó debiendo $4.000 millones a los bancos y proveedores, de los cuales más de $3.000 millones son facturas que no ha pagado el consorcio HHA. La empresa entró a un proceso de liquidación en la Superintendencia.

Reclamación: $6.400 millones (liquidación correcta del contrato y daños y perjuicios).

Fabián Darío Gómez Suárez
Representante en Colombia de SDV Energía e Infraestructura

“Nuestro alcance comprendía el montaje de equipos electromecánicos y tubería. El contrato tenía un plazo de ocho meses, nos tocó estar en la obra 20 meses. Iniciamos el 25 de mayo de 2015 y debíamos terminar el 21 de enero de 2016 y se extendió hasta el 31 de enero de 2017. La extensión se debió a que el consorcio no entregaba oportunamente la ingeniería detallada para que nosotros hiciéramos nuestro trabajo. Eso fue un requerimiento que hicimos durante la licitación pero nos dijeron que cuando se adjudicara el proyecto entregaban la ingeniería detallada completa para la construcción, lo cual nunca ocurrió. Cuando llevábamos el 50 % del tiempo en la obra, apenas habíamos alcanzado un avance del 4 %. El avance tan lento se debía a que las obras civiles no estaban aptas para que nosotros ejecutáramos, no habían vías para movilizarnos, materiales o equipos, fundaciones, etc. (ni ingeniería, ni materiales ni obra civil). Hicimos una reclamación por mayor estadía y el consorcio aceptó su responsabilidad. A lo largo del contrato tuvimos seis otrosí, de los cuales cinco tenían que ver con la ampliación del plazo por incumplimientos del consorcio. En la última etapa de nuestra estadía, ellos cambiaron su forma de ver el proyecto y nos acusaron de incumplimiento porque sabían que no íbamos a alcanzar a terminar, con todo y que solo nos faltó 2,5 % de ejecución. Solicitamos la terminación, pero ellos no aceptaron y continuaron con la acusación con el fin de retener unos dineros (todavía los tienen) que suman casi $900 millones en retención de garantías. No nos dejaron facturar el trabajo de diciembre y enero; tuvimos que iniciar un proceso jurídico para eso. Fueron una cantidad de artimañas para dilatar los pagos”.

Afectaciones: Por lo anterior, la junta directiva de SDV estuvo a punto de cerrar la sucursal en Colombia. Debido a que tenían otros proyectos en el país, decidieron no cerrar e iniciar el proceso de reclamación del dinero.

Reclamación: $3.000 millones (liquidación correcta del contrato y daños y perjuicios).