La Isla del Sol de El Peñol fue alquilada por $2 millones mensuales

Una mañana de junio de 1978 el agua empezó a acumularse entre las montañas del Oriente de Antioquia, hasta inundar 67 kilómetros cuadrados de terrenos y formar el embalse Peñol-Guatapé. En la mitad, como una corona de árboles de hasta 17 metros de altura, sobrevivió una montaña que luego fue llamada Isla del Sol en honor al sitio donde nacían los dioses de la cultura inca.

La isla está llena de contradicciones: es propiedad del Municipio de El Peñol pero está en jurisdicción de Guatapé y aunque es parte de una zona protegida, fue entregada mediante alquiler a una empresa que en diciembre de 2019 firmó un contrato “para la práctica de actividades de explotación turística”.

El documento está plagado de presuntas irregularidades. En la carpeta correspondiente, que reposa en la alcaldía de El Peñol, no hay estudios previos que soporten la necesidad de entregar el predio en alquiler durante 10 años por apenas $2 millones mensuales. Solo están los comprobantes de pago de cuatro meses de arriendo y el contrato con fecha del 1 de diciembre de 2019, firmado por el entonces alcalde José Cirilo Henao, y Madela Asociados firma que fue creada apenas tres meses antes, según consta en registros mercantiles.

¿Proyecto turístico?

Entre otras disposiciones, el contrato dice que la isla está “en deficientes condiciones por falta de mantenimiento”, y contempla que, en caso de que haya daños “por fuerza de la naturaleza”, será el Municipio el que asuma los costos.

Sorany Marín, alcaldesa de El Peñol, señaló que este contrato fue uno de los últimos reportados por la anterior alcaldía, durante el empalme en diciembre de 2019. “Ese contrato no tiene el lleno de requisitos: no tiene revisión jurídica de asesores o secretarios, no hubo concursos y desconoce que hay una protección porque la zona hace parte del distrito de manejo integrado ambiental”, dijo.

Marín explicó que el bien fue entregado al Municipio por parte de EPM (propietario del embalse) como compensación y con fines de conservación.

Ese uso fue ratificado con el Acuerdo Municipal No. 09 del 24 de mayo de 2003, con el que se declaró la isla como jardín botánico y se autorizó a la alcaldía a abrir los rubros presupuestales para ponerlo en funcionamiento. Además dio plazo de un año para promoverlo como un centro modelo de estudios e inscribirlo en la Red Nacional de Jardines Botánicos.

El acuerdo nunca pasó del papel y en la isla se adelantaron proyectos cortos durante los últimos 15 años, incluyendo actividades piscícolas y estudios ambientales.

José Cirilo Henao, el alcalde que firmó el polémico contrato, dijo que cuando llegó a la administración se encontró “con un campesino que vive en la isla desde hace 28 años y una deuda de $32 millones por impuesto predial con Guatapé”.

Henao sostiene que intentó impulsar un acuerdo municipal para que la deuda quedara saldada, pero no tuvo respaldo y por eso empezó a buscar alternativas: “Yo tenía que pagar ese impuesto y los jurídicos me dijeron que también había riesgos porque si le pasaba algo al señor en la isla, a la alcaldía le tocaba responder. Además había la posibilidad de que él alegara posesión y ya tenía abogados. Entonces el mismo señor amablemente se me acercó, me dijo que resolviéramos eso y me presentó a unos empresarios”.

Henao se reunió con Madela, “un consorcio que tiene varias construcciones en el departamento” y acordó con ellos el negocio al que, dice, no le ve maldad. “Hicimos un análisis y se definió que la isla no se podía intervenir en su parte natural. Fue una solución: a la isla no se podía entrar sin permiso del señor, no había forma de desalojarlo y con ese arriendo se genera plata: ya deben haber $18 millones que sirven para abonar a la deuda (de predial)”, dijo.

A pesar de eso, el contrato dice explícitamente que el arrendatario destinará el inmueble única y exclusivamente para la práctica de actividades de explotación turística.

La alcaldía certificó que en los últimos dos meses no ha recibido pago de arriendo.

Mauricio Zapata, abogado y vocero de Madela, indicó que conocieron de la isla porque los socios de la empresa, algunos de ellos constructores, han tenido negocios en Guatapé y municipios vecinos. “Hicimos un análisis jurídico y sabemos que en la zona hay restricciones para construcción. Negociamos con el exalcalde y acordamos el canon de arriendo de $2 millones, de los cuales se abonaría una parte a la deuda de predial y se entregaría el resto al municipio. Antes de firmar el contrato verificamos usos de suelo y los acuerdos municipales, y no hay nada que prohiba lo que queremos hacer”, dijo.

Según Zapata, la idea de Madela es tener un proyecto ecoturístico, en alianza con universidades. “Los investigadores irían allá y nosotros acondicionaríamos habitaciones para que ellos duerman. No necesitamos hacer construcciones en concreto, que sabemos que van en contravía de lo que se permite en la reserva, pero sí podemos tener un tipo de camping o glampig, y repotenciar la casa que ya está. Es en un área de una cuadra”, dijo.

Agregó que para esa instalación no se requiere permisos de la Secretaría de Planeación de Guatapé, pero sí un informe de la actividad: “Ellos nos pueden decir que sí o que no, el riesgo lo asumimos nosotros, así como también asumimos que cuando empiece a funcionar el proyecto, nosotros indemnizamos al señor que vive hace más de 20 años ahí”. La identidad completa del señor tampoco fue confirmada por la empresa.

Respecto al interés de constructores en una zona restringida para la construcción, Zapata reiteró que en el país hay libertad de empresa y que los inversionistas crearon una sociedad por acciones simplificada que tiene por objeto social, entre otras, las actividades turísticas. En el registro mercantil consta que Madela tiene como principal objeto el alojamiento en hoteles, así como actividades de espectáculos musicales en vivo y comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.

El patrimonio

A la Isla del Sol se llega después de recorrer media hora en lancha desde el malecón, pasando por otras islas como la de la Fantasía, hoy ocupada por fincas de recreo, y La Manuela, una hacienda casi en ruinas que hace dos décadas era paraíso de narcotraficantes.

Una perrita y dos gallinas paradas sobre un árbol de limones se encargan de la bienvenida. A escasos 100 metros hay una casa de dos niveles con pocos muebles, incluidos cama y fogón. La comida y dos camisetas que se secan al sol son los únicos rastros de vida humana aquí.

Después de cinco minutos de caminata, el paisaje de agua cambia por un bosque tropical y Wilmar García, integrante de la veeduría ambiental de El Peñol, se interna en él para buscar un tesoro: una rana roja, venenosa y en peligro de extinción.

Con sus ojos fijos en los arbustos y musgos, el muchacho se mueve sigiloso y antes de que sus acompañantes de la Defensa Civil puedan alcanzarlo, grita emocionado y muestra orgulloso al anfibio de menos de cinco centímetros. “Es la rana dardo andina (Andinobates opisthomelas), su defensa es quedarse quieta y exudar una toxina. Dicen que los indígenas usaban eso en la punta de sus lanzas para cazar”, explica y aclara que es una especie vulnerable, según consta en el libro rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

García dice que la rana y un centenar de especies de plantas ya estudiadas por la Universidad Católica de Oriente, confirman que esta isla es un patrimonio ambiental que debe ser protegido.

En el estudio Flora del Oriente Antioqueño, del investigador Mario Alberto Quijano, se describe que en la isla se encontraron 899 individuos de 85 especies, entre los que se destaca “una especie del género Protium (Burseraceae), que no ha sido descrita hasta el momento, siendo así una nueva especie para la ciencia. Asimismo, hay un nuevo registro para la flora del Oriente, la especie Sterigmapetalum colombianum (...) Con estos hallazgos se demuestra la importancia de realizar este tipo de estudios en áreas del Oriente antioqueño que no han sido exploradas aún”.

Usos del suelo definidos

En las calles de El Peñol corrió el rumor de que en la isla se haría un proyecto turístico, tal vez hotel o zona de camping, y las alarmas saltaron. García le envió cartas a la alcaldía de Guatapé, que a su vez le envió un oficio a Madela en el que les informa que no pueden realizar movimientos de tierra, camping masivo o construcción sin los permisos de la Secretaría de Planeación.

En otros dos oficios, con fecha del pasado 26 de febrero, la Secretaría de Planeación de Guatapé les pide a la secretaría de Ambiente y a la Policía que verifiquen el cumplimiento de las normas y vigilen el predio en cuestión.

Fernando López, director regional de Aguas de Cornare, la autoridad ambiental en la zona, explicó que los usos de suelo de la isla están definidos desde 1985: 90 % del territorio es zona de protección y conservación, y apenas un 10 % se destina a desarrollo sostenible. “Eso quiere decir que se permite el turismo pasivo y el establecimiento de cultivos o proyectos piscícolas, pero no la construcción de edificios, excepto tal vez de infraestructura institucional”, aclaró.

La alcaldesa Marín reportó que El Peñol ya adelanta acciones para negociar con la empresa o revocar el contrato y ratificó su voluntad de adelantar las gestiones necesarias para blindar ese “pulmón verde” y garantizar su uso como Jardín Botánico.

Zapata, vocero de Madela, pidió que la alcaldesa escuche su proyecto. “Ella solo quiere ver la legalidad del contrato, que es legal. Nosotros tenemos un proyecto. Que nos escuche, y si no nos quiere por allá, entonces miramos qué se puede hacer”..