Mateo cumpliría 25 años: su crimen reabrió herida de la prensa en Antioquia

Este fin de semana se cumple un mes del asesinato de Mateo Pérez Rueda en el área rural de Briceño y también, este lunes 8 de junio, el joven periodista hubiera celebrado sus 25 años de edad, si acaso las disidencias de las Farc no lo hubieran torturado y asesinado el pasado 7 de mayo.

Sus amigos y familia le harán hoy un homenaje póstumo, ya lejos de la exposición mediática que despertó este crimen, el cual les recordó a los antioqueños que el periodismo sigue siendo un oficio de alto riesgo en Colombia, pues con el joven director del medio comunitario El Confidente, de Yarumal, se contabilizaban 170 periodistas asesinados en ejercicio de su labor en el país en el marco del conflicto armado, desde 1977, que es el año a partir del cual existen estadísticas, y 22 dentro de nuestro departamento desde 1983. Desde este sábado, con el crimen de Cristian Herrera, en Cúcuta, el dato nacional pasó a 171 periodistas sacrificados.

Así, Antioquia es uno de los territorios más golpeados por la violencia contra los comunicadores, solo sobrepasado por el Valle, que ha tenido 26 periodistas asesinados.

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Pero si nos vamos más atrás, también el departamento tiene el poco honroso registro de ser tal vez el sitio donde primero asesinaron a un periodista en esta nación. Fue el director del periódico La Voz de Antioquia, Eudoro Galarza Ossa, quien fue acribillado a tiros el 12 de octubre de 1938 por el teniente Jesús María Cortés Poveda. A este militar Galarza lo había denunciado públicamente por casos de maltrato hacia sus hombres. Acá, curiosamente, Jorge Eliécer Gaitán defendió al homicida y logró su absolución alegando “legítima defensa del honor militar”.

“Antioquia es uno de los departamentos que más ha aportado nombres a lo que llamamos la “sala de redacción de ausentes”, destacó Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) e hijo de Julio Daniel Chaparro, una de las víctimas del gremio.

Hasta ahora, el común denominador ha sido la falta de esclarecimiento; mucho menos ha habido justicia. De hecho, el único caso documentado en el país, en el cual se logró capturar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el asesinato, fue el de Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria, de Manizales (30 de enero de 2002) y fue por la presión mediática que se desató a nivel nacional e internacional.

“En los 169 casos restantes que tenemos (desde 1977 a nivel nacional), incluyendo el de Mateo Pérez, hay avances parciales, pero no son concluyentes para condenar a toda la cadena criminal”, añadió Chaparro, quien resaltó que esa es la razón por la que varios han acudido a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Justicia. Allí, luego de esperas casi interminables en procesos como el de Guillermo Cano, lo mismo que el de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, el Estado buscó un acuerdo amistoso con las familias de las víctimas.

El subdirector de la FLIP anunció que la FLIP asumirá la representación legal de la familia de ese comunicador sacrificado en las instancias donde se exigirá que su muerte no quede impune, de igual manera que ha representado los dolientes de una docena de comunicadores asesinados.

Otra coincidencia del tema de Mateo, que da algo de esperanza en que su caso no se sume a la impunidad, es que, justo el 5 de mayo pasado, el día en que este emprendió su viaje fatal desde Yarumal hacia Briceño para tratar de documentar las penalidades que sufre la población por la confrontación entre grupos armados, la Fiscalía expidió la resolución 119 que manda darles un tratamiento especial, con un enfoque diferencial a las investigaciones relacionadas con amenazas, ataques y crímenes en general cometidos contra periodistas, comunicadores y demás trabajadores de medios de comunicación.

Esto es similar a lo que ocurre con los delitos contra mujeres o lideres sociales y se da a partir de considerar que los ataques contra la prensa no vulneran solo el derecho individual a la vida de los trabajadores de los medios involucrados en cada caso, sino que generan autocensura y afectan de manera negativa el derecho de la sociedad a estar bien informada.

Lo paradójico es que esta directriz está signada por otro hecho de muerte sin castigo, pues se dio en cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano en el proceso de conciliación que llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los familiares de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, quienes fueron asesinados en Segovia el 24 de abril de 1991, presumiblemente por grupos paramilitares. En Antioquia este año van 33 agresiones a la prensa y la la esperanza de la FLIP es que la contundencia de la nueva norma se sienta en las investigaciones.

Nelson Anaya Barreto

Era columnista de El Colombiano y El Espectador. El 26 de septiembre de 1983 un sicario le disparó. Según documentó la FLIP, había dedicado sus últimas columnas al tráfico de drogas y sus repercusiones en la economía y la política de la región. Además, señaló a algunos funcionarios públicos de tener vínculos con agrupaciones dedicadas a este tipo de delitos.

Alberto Lebrún Múnera

Asesinado en Medellín el 11 de enero de 1986. Era periodista de los diarios El Colombiano y El Espectador. Su asesinato habría sido parte de la persecución del cartel de Medellín a este último medio, la cual se desató por la posición férrea a visibilizar los negocios turbios del capo Pablo Escobar y los narcos que gravitaban a su alrededor.

Mariano Ruiz Castañeda

Asesinado a tiros en Turbo, el primero de abril de 1987. Era el director-gerente de la emisora Ondas del Darién, donde realizaba trabajos periodísticos sobre la aparición de escuadrones de la muerte y la creciente violencia que afectaba a la región de Urabá. El presunto responsable o actor relacionado con el crimen habría sido, según fuentes oficiales, una “banda criminal”.

Héctor Abad Gómez

Asesinado el 25 de agosto de 1987 dentro de una oleada de violencia contra personas que pensaban “diferente”. Aparte de que se le conoció como médico salubrista pionero y activista de derechos humanos, era columnista del diario El Mundo, donde exigía que se destinaran más recursos para la salud y menos a la guerra. Fue incluido en una “lista negra” de los nacientes grupos paramilitares de la época.

Nelson Gavini Alzate

Fue asesinado en Medellín el 11 de noviembre de 1987. Se desempeñaba como director-gerente del periódico Revolución. Según diversos registros, había recibido amenazas de muerte en repetidas ocasiones. Su homicidio ocurrió en un contexto de creciente violencia contra comunicadores identificados con movimientos de izquierda . Los presuntos responsables del crimen fueron “desconocidos”.

Diego Vargas Escobar

Asesinado en Medellín el 17 de octubre de 1989 por dos hombres y una mujer, según autoridades. Trabajaba como periodista para RCN Radio en esta ciudad. En aquel tiempo, había hecho reportes sobre las masacres atribuidas al grupo paramilitar Los Masetos. En los registros judiciales el presunto responsable de este crimen aparece identificado como “banda criminal”.

Rubén Darío Carrillo

Asesinado en Medellín el 19 de abril de 1990. Era periodista de Caracol Radio y El Espectador. En este crimen hubo otras tres víctimas que integraban un proyecto de desarrollo y paz en la zona del Cararé Opón. Cuando los cuatro estaban reunidos en el restaurante La Tata, hacia las 9:30 p.m., fueron sorprendidos por tres hombres armados que los acribillaron. En ese momento trabajaba además para el Canal 4 como freelance en un documental sobre la situación de los campesinos de la región azotados por grupos paramilitares financiados por narcos.

Hernando Tavera

Asesinado en Medellín el 20 de abril de 1990. Era conductor del diario El Espectador. El crimen se presentó junto con otras tres personas más de un proyecto de desarrollo y paz en la zona del Cararé Opón cuando, al igual que Rubén Darío Carrillo, trabajaba en un documental sobre los campesinos azotados por grupos paramilitares financiados por narcos.

Julio Daniel Chaparro

Era poeta y periodista al servicio del diario El Espectador. El 24 de abril de 1991 caminaba por la llamada calle de “La Reina”, de Segovia, cuando cuatro hombres lo abalearon con armas automáticas. En ese momento se encontraba haciendo reportería para un informe sobre la masacre que había ocurrido el 11 de noviembre de 1988 a manos de un grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño, crimen por el cual condenaron a César Pérez.

Jorge Enrique Torres Navas

Era reportero gráfico de El Espectador. Junto con Julio Daniel Chaparro había viajado a Segovia a documentar algunos aspectos de seguimiento a la masacre ocurrida en ese municipio del nordeste antioqueño en noviembre de 1988 y fue acribillado por cuatro hombres que los alcanzaron a la altura de la llamada calle de “La Reina”. Ambos crímenes fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado concilió con las familias.

Jorge León Vallejo

Asesinado en Medellín el 16 de junio de 1989. Se formó como periodista en Roma y trabajaba como corresponsal, siendo parte de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, pero además era director-gerente de la programadora Pasado Meridiano-Teleantioquia.

Fue encontrado muerto de un disparo en un bosque cercano a Envigado. El día antes, tres hombres lo habían sacado a la fuerza de su empresa, en Medellín, y lo introdujeron en un vehículo. En esa época estaba de visita familiar en Bello, mientras escribía reportajes sobre la situación colombiana; y tenía planes de viajar a Centroamérica para escribir una novela. El presunto autor: “desconocidos”.

Juan Gabriel Caro Montoya

Asesinado en Medellín el 17 de junio de 1989 hacia las cinco de la tarde. Era periodista de la Agencia Slide Comunicación / El Siglo.

Hombres a bordo de dos motocicletas le dispararon cuando estaba cerca de la casa de sus familiares.

El presunto autor del crimen, según los registros oficiales es “desconocido.

Roberto Sarasty Obregón

Asesinado en Medellín el 10 de octubre de 1989. Se desempeñaba como periodista de Caracol Radio y El Cronista Demócrata. Su muerte violenta se produjo a tiros en el centro de la capital antioqueña. Había sido también jefe de prensa del Senado de la República. En los registros oficiales, la información sobre el presunto autor señala que este crimen fue obra de “desconocidos”.

Martha Luz López López

Asesinada en Medellín el 10 de octubre de 1989. Era la administradora y jefe de publicidad de El Espectador en esta ciudad. Su muerte hizo parte de la persecución del cartel de Medellín a periodistas y personal administrativo de ese diario. El grupo de los Extraditables había amenazado a todos los empleados de esa empresa, obligándolos a trabajar escondidos o abandonar la ciudad.

Miguel Arturo Soler Leal

Asesinado en Medellín el 10 de octubre de 1989. Se desempeñaba como jefe de circulación del periódico El Espectador. Su muerte habría obedecido precisamente a su negativa a renunciar a esta empresa, que estaba en la mira de los narcotraficantes del cartel de Medellín.

Martín E. Múnera

Asesinado en Medellín el 7 de septiembre de 1994. Trabajaba como locutor en la emisora Radio Reloj. Un sujeto sin identificar le inyectó cianuro en el cuello, en momentos en que viajaba en un bus, sin que las autoridades lograran aclarar los motivos del crimen, pero no se descarta que sea por razones del oficio periodístico. También se desempeñaba como vicepresidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Caracol. El presunto responsable, de acuerdo con los registros oficiales fue “desconocido”.

María Helena Salinas

Asesinada el 5 de marzo del año 2000. Era periodista de varios medios, a la vez que se desempeñaba como profesora universitaria. Las autoridades registraron su muerte en calidad de presunta guerrillera, pero sobre el tema hay dos hipótesis: según el Ejército, fue asesinada por el ELN; la otra es que falleció en un combate de ese grupo con el Ejército. La Justicia Penal Militar adelanta investigación por este hecho.

Juan Camilo Restrepo

Era director de la emisora Galaxia Stereo, de Ebéjico, en el occidente antioqueño. Fue asesinado el 31 de octubre del año 2000. Había sido convocado a una reunión por paramilitares que al parecer estaban furiosos por sus agudas críticas a la administración local. Al llegar al sitio indicado, le dispararon mortalmente frente a su hermano, quien lo había llevado y se ha negado a testificar, permaneciendo escondido.

Luis Eduardo Gómez

Tenía 70 años y trabajaba para el periódico El Heraldo de Urabá. El 30 de junio de 2011 en la noche regresaba a su casa del barrio El Deportivo cuando dos hombres le dispararon varias veces y huyeron en una moto.

En aquellos días cubría temas de turismo y medio ambiente y era testigo de la Fiscalía para casos de parapolítica. La FLIP no tenía reportados casos de amenazas en su contra, pero su hijo y colaborador había sido asesinado dos años antes y él se había apersonado de velar por que se moviera la indagación al respecto.

Édison Alberto Molina

Era abogado y periodista, y llegó al concejo de Puerto Berrío por el Partido Liberal, donde lideraba la oposición al alcalde de ese tiempo en la localidad. Trabajaba en el medio Puerto Berrío Estéreo y hacía las siete de la noche del 11 de septiembre de 2013 iba a entrar a su residencia tras hacer su programa Consultorio Jurídico cuando fue asesinado. En aquel espacio radial, el comunicador asesoraba a la comunidad y denunciaba casos de presunta corrupción.

Luis Carlos Cervantes

Se desempeñaba como corresponsal de Teleantioquia Noticias y había sido también director del medio local Morena FM, de Caucasia. El 12 de agosto de 2014 iba en su moto por un paraje del vecino municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca, cuando dos hombres le dispararon.

Tenía amenazas desde el año 2010, presumiblemente a raíz de las denuncias en contra de la corrupción en el gobierno local y las posibles relaciones con el grupo Los Urabeños. Según registros, el presunto responsable o actor relacionado con el crimen fue “corrupción Política”.

Mateo Pérez Rueda

Tenía 24 años y dirigía la revista El Confidente, que se difundía a través de internet, donde trataba temas relacionados con corrupción administrativa, orden público, seguridad y política de los municipios del Norte antioqueño.

El 5 de mayo pasado llegó en su moto al casco urbano de Briceño, donde buscó que lo acompañaran a la zona rural en la que días antes se habían presentado combates entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Aunque le recomendaron no desplazarse a las veredas, él se introdujo en el área y fue abordado por grupos armados que lo habrían torturado y finalmente lo mataron con un tiro de gracia.