Metrosalud alerta por recorte de recursos tras aprobación del PND

Un artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 ronda por los pasillos de Metrosalud como un virus contagioso al que no le han encontrado cura. Se trata del 235, que reorganiza los recursos que perciben las entidades públicas de salud por el Sistema General en Participaciones y que reduce en siete puntos porcentuales (del 10 al 3 %) el subsidio para la atención de la población no afiliada.

Leopoldo Giraldo, gerente de Metrosalud, estimó que cada año, a partir del 2020, dejarían de ingresar a las arcas de la entidad cerca de $14.000 millones, lo que representa un 7 % del presupuesto anual.

“De entrada ingresaríamos a un riesgo fiscal y financiero. Lo que entendemos es que los entes territoriales deberían asumir esos recursos que ya no llegarían desde el Gobierno Nacional”, indicó Giraldo.

El artículo 235

El cambio radica en que el nuevo PND modifica la Ley 715 que distribuye el Sistema General de Participaciones a la salud y que hasta el 31 de diciembre del 2019 opera con un 80 % de subsidio al régimen subsidiado, 10 % a salud pública y otro 10 % para el subsidio a la oferta que está destinado a atender a la población pobre no afiliada, es decir, población no asegurada.

Ahora, según consta en el artículo 235 se distribuirá de la siguiente manera: “Los recursos del Sistema General en Participaciones en salud se destinarán y distribuirán en los siguientes componentes: El 87 % para el componente de aseguramiento en salud de los afiliados al régimen subsidiado, el 10 % para el componente de salud pública y el 3% para el subsidio a la oferta”.

Más necesidades

La perspectiva de la disminución de dicho rubro para atender a la población más vulnerable, que no está afiliada al sistema de salud, tiene un agravante adicional y es que la atención a población migrante (en su mayoría venezolanos) viene creciendo en los últimos meses.

“Solo en abril fueron 500 millones de pesos en atención a población migrante que llega sin estar afiliada al régimen subsidiado (Sisbén). Es claro que tenemos que atender a los venezolanos y que no vamos a dejar de prestar servicios de urgencias o de cuidar a las embarazadas, pero la gran pregunta es con qué recursos”, declara Giraldo.

Un dato adicional ilustra la discusión: en abril pasado 3 de cada 10 partos en Medellín, atendidos por Metrosalud, eran de padres venezolanos que llegaron buscando un mejor futuro para sus familias.

El senador Juan Luis Castro, miembro de la Alianza Verde, comparte la preocupación de Metrosalud por la disminución de recursos para la entidad y agrega que no es un problema exclusivo de la capital antioqueña porque en Bogotá, por ejemplo, la cifra que se dejaría de percibir sería de 60.000 millones de pesos.

“Nosotros logramos que no bajaran el recurso a la salud pública que también pretendían hacerlo del 10 al 3 %. Ellos le bajan el subsidio a la oferta (población no afiliada) y por eso presentamos ponencia negativa. Esas son las desgracias de un plan que no contempla las repercusiones que puede tener en las finanzas de una ciudad y en la salud de la gente más pobre, que es la que usualmente acude a este tipo de servicios”, declaró.

Quejas atemporales

El representante Óscar Darío Pérez (Centro Democrático) enfatizó en que los recursos no disminuyeron y reclamó que estas quejas del gerente de Metrosalud habrían sido muy útiles hace unas semanas cuando se estaba discutiendo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso.

“Las propuestas vienen del Gobierno Nacional pero hay que dejar claridad que no hay disminución de recursos, lo que hay es una distribución diferente. Desprotegimos la población migrante, quizás, pero aseguramos a los otros pobres del régimen subsidiado que no tenían todos los recursos garantizados. Si quedó una población desprotegida vamos a buscarle los recursos necesarios”, aseguró.

Para tal fin, dice el congresista ponente del PND, el comité de Regla Fiscal pretende ampliar el déficit y lograr 4 billones de pesos adicionales, que representan 0,5 % del PIB y que tendrían como destino suplir las necesidades de los miles de migrantes venezolanos que demandan servicios básicos.

Aunque esos recursos adicionales serían a priori la solución más expedita para tapar el hueco fiscal de la atención a la población no afiliada que requiere servicios de salud, voces como la del senador Castro dicen que el panorama aún es difuso y que falta detallar cómo esos recursos llegarán a los municipios y a los hospitales públicos.

“No hay claridad en cómo recuperarían o redistribuirían esa plata a los entes territoriales porque no hay nada que los obligue”, sostuvo.

Es decir que lo único claro por ahora parece ser que la red hospitalaria pública seguirá atendiendo a la población más vulnerable, así no haya un antídoto para solucionar los problemas de plata que se avecinan.