¿Frenará este delito el nuevo Grupo Antiextorsión en Medellín?

La extorsión y el “fleteo” son dos modalidades criminales con las que Medellín viene lidiando desde hace años. En medio de la sensación de inseguridad, los ciudadanos han reclamado en diversas oportunidades más acompañamiento de las autoridades y mejores estrategias para desincentivar el asedio ilegal.

Aunque la Alcaldía reconoce la existencia de un subregistro en el caso de la extorsión, el año pasado se procesaron 506 denuncias y 165 capturas por esta clase de delito. Por ello, recientemente fue creado y puesto en operación el Grupo Táctico Antiextorsión, con el que se pretende combatir a las estructuras dedicadas a esta renta criminal.

De acuerdo con las autoridades, esta unidad estará enfocada en 83 grupos de delincuencia común y 10 grupos de delincuencia organizada, mapeados principalmente en las comunas 4 (Aranjuez), 10 (Candelaria), 13 (San Javier) y 16 (Belén).

Serán 70 agentes los encargados de contrarrestar a los extorsionistas. Sin embargo, a juicio de expertos en seguridad, defensa y conflicto, los uniformados se enfrentan a un delito de alto impacto arraigado en el territorio desde hace más de 20 años.

El contexto

Para Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para el Desarrollo Social (Corpades), todas las acciones institucionales encaminadas a enfrentar las llamadas “vacunas” son válidas.

No obstante, a su juicio, se debe tener en cuenta que en Medellín existen unas 350 bandas compuestas por cerca de 8.000 miembros directos, esa cifra de actores clandestinos “en una ciudad como esta, te da más del 70 % con presencia criminal”, apuntó.

“¿Cómo le quita usted la extorsión a la ciudad cuando ellos hacen presencia en casi toda el área?”, cuestionó Quijano, y señaló que “no es solo un asunto del actual alcalde, Daniel Quintero, es un asunto de décadas y no ha sido bien tratado”.

Según las cuentas de Corpades, un 80 % de los habitantes termina pagando la cuota ilegal directa o indirectamente y, al hacer especial énfasis en la comuna 10, detalló que las extorsiones al comercio formal pueden valer hasta 8.900 millones de pesos mensuales (100.000 millones anuales), esto en caso de que la “vacuna” fuese de 40.000 pesos, como en su momento lo sostuvo Fenalco Antioquia.

“Pero eso no es tan cierto porque las 'vacunas' pueden variar de precio. Fenalco solo agrupa a los comerciantes que están afiliados, entonces no tuvo en cuenta el comercio informal. Así las cosas, las cifras pueden ser astronómicas”, expuso el director de Corpades.

Conforme con el diagnóstico de Quijano, “si en el centro de la ciudad son más de 100.000 millones de pesos anuales, sume el resto de la ciudad y el monto puede llegar hasta el billón de pesos o superarlo”. En consecuencia, a su manera de ver, es difícil desmontar este negocio,

En línea con ello, el temor ciudadano -desde su óptica- no es el mayor obstáculo. Tal como lo argumentó, el inconveniente está relacionado con la “pérdida” de Estado en la ciudad.

Otras dificultades

En la ausencia estatal coincidió John Marulanda, consultor en seguridad y defensa, quien remarcó que en las zonas periféricas son los actores ilegales los encargados de reemplazar la justicia y la Fuerza Pública. Por ende, “se necesita una acción de Gobierno para garantizar que en esos sectores, sea el Estado el que mantiene el control”, añadió.

De otro lado, mencionó que también hay dificultades en el campo judicial, toda vez que el miedo impide las denuncias formales y se entorpece la recolección de material probatorio. Sumado a ello, agregó: “hay un sistema sumamente garantista para los delincuentes. Se permiten muchas argucias por parte de sus abogados para poder evadir la acción de la justicia”.

Ante este escenario extorsivo en los barrios, dijo que se debe iniciar por una fase de contención, “que pasa por una decisión política, que lleve a que el Estado realmente haga presencia efectiva en esos sectores”.

“Después vendría la parte investigativa y represiva del grupo antiextorsión, todo eso buscando desvertebrar, no solo las bandas pequeñas, sino las federativas, que tienen el mayor poder para expandir este tipo de delito”, puntualizó Marulanda.

De la expectativa a la realidad

“Nosotros sabemos que de las organizaciones criminales existentes en la ciudad, todas alimentan su economía delincuencial a través de la extorsión. En un inventario criminal que hicimos conjuntamente con inteligencia, tenemos el listado de estas organizaciones pero siempre mostramos las líneas principales”, apostilló José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín.

Debido a lo anterior, la mira está fijada en 83 grupos delincuenciales y el recién creado grupo -dilucidó el funcionario- busca la acción oportuna e inmediata en el territorio cuando se esté llevando a cabo la práctica ilegal a manos de quien está recogiendo, reclamando o amenazando a la víctima.

En este sentido, también argumentó que entre los puntos geográficos para intervenir, será “fundamental” el centro de la ciudad y las otras tres comunas ya citadas. Allí los agentes estarán atentos en lugares y horarios previamente determinados, según lo comentó Acevedo.

Referente al tema judicial, detalló que “la información que obtiene este grupo y que nos dan los ciudadanos, se pone en conocimiento de las demás organismos para que alimenten sus investigaciones y poder dar esos golpes grandes a estas estructuras”.

“El reto es que el grupo de los resultados esperados y que no solamente se quede en expectativas”, afirmó el secretario de Seguridad frente al propósito de iniciar el camino para erradicar esta renta ilegal.

“Así como hemos avanzado en la captura de cabecillas, en ese mismo sentido vamos a acabar con la extorsión”, puntualizó.

El año pasado se procesaron 506 denuncias y 165 capturas por esta clase de delito en Medellín. FOTO: CARLOS VELÁSQUEZ