La millonaria demanda que tiene en vilo a la FLA

Una millonaria demanda interpuesta ante una corte de Estados Unidos podría tener graves repercusiones en las exportaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia. Con una pretensión inicial cercana a los 11 millones de dólares, equivalentes a cerca de 45.523 millones de pesos, el proceso no sólo podría poner al Departamento a desembolsar una cuantiosa indemnización, sino que acarrearía problemas en la distribución de los productos de la licorera en Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Ecuador.

Aunque el litigio fue manejado con discreción por más de dos años, la revelación de una serie de contratos por más de 8.000 millones de pesos entre la Gobernación y un bufete de abogados en Estados Unidos terminó sacando a flote la cuantiosa disputa a comienzos de este mes.

Pese a que dicha contratación despertó suspicacias por estar concentrada en una sola firma y financiarse directamente con recursos de la Gobernación (aunque la FLA ya no haga parte de la Secretaría de Hacienda), el Departamento se defendió argumentando que la contratación sería transparente y con la misma se buscaría evitar daños en su empresa pública estrella.

Las claves del conflicto

Para llegar al comienzo de esta disputa hay que remontarse a 2019, cuando la FLA, aún dentro de la Secretaría de Hacienda, suscribió una serie de nuevas ofertas de concesión mercantil para ampliar la distribución de sus productos en Europa y Estados Unidos.

Dicha movida, cabe recordar, se enmarcaba en una reducción progresiva en las ventas de la compañía, que de acuerdo con las cifras de Fedesarrollo pasaron de un promedio de 60 millones de botellas entre 2008 y 2011, a 54 millones entre 2015 y 2019.

Aunque la Gobernación sostiene que dichas concesiones fueron completamente legales, los distribuidores históricos de la FLA en esos territorios vieron el cambio como una afrenta y acudieron a los tribunales, argumentando que la empresa había violado un acuerdo de exclusividad.

La demanda se instauró en mayo de 2020 en la División Compleja de Asuntos Comerciales del condado de Miami Dade y aparece a nombre de las empresas Grupo Universal Beverage y Marketing Global Brands.

En respuesta a un cuestionario remitido por EL COLOMBIANO, la FLA precisó que en dicha acción las empresas formularon una pretensión inicial por 4 millones de dólares por inversiones de marketing, que después fue ampliado a 11 millones más por inversiones en infraestructura.

“La demanda ha sido enmendada (reformada) en 4 ocasiones, dentro de las cuales se han incluido nuevas pretensiones como conspiración civil, enriquecimiento injusto, incumplimiento de contrato no exclusivo (subsidiaria), entre otras”, detalló la FLA en su respuesta escrita.

El inicio del proceso en 2020 coincidió con el arranque del debate por la transformación administrativa de la FLA, que a mediados de ese año revivió por cuenta de un plazo fijado por el Consejo de Estado, que obligaba a la Gobernación a convertirla en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE).

Además de cumplir con ese fallo, uno de los ejes que ocuparon la discusión fue la necesidad de idear alternativas para incrementar las ventas e impulsar las exportaciones de la empresa.

Según se planteó entonces, al constituirse como una entidad independiente, la FLA tendría un mayor margen para navegar en un mercado cambiante y fortalecer sus estrategias comerciales.

En noviembre de 2020, mientras en Estados Unidos continuaba cursando la demanda, finalmente la Asamblea le dio luz verde a la Gobernación para escindir a la empresa de la Secretaría de Hacienda. En 2021, tras cobrar vida jurídica propia, la recién creada empresa fue vinculada al proceso, abonando terreno para la controversia que estalló este año.

Contratos cuestionados

La polémica de este mes se desató por cuenta de la filtración de una serie de contratos firmados por la Gobernación de Antioquia cuyo costo se acerca a las pretensiones que aparecen en la demanda.

Según reveló la emisora Caracol Radio, en total fueron cuatro contratos entregados a dos firmas de abogados con lazos entre sí: uno en octubre de 2020 por 700 millones de pesos, con la firma Suma Legal S. A. S., y otros tres por más de 7.100 millones de pesos con una firma identificada como Peláez García Abogados S. A. S., cuyo representante legal, Mateo Peláez García, aparece como socio de la primera. El último de estos tres contratos, firmado por 4.500 millones de pesos, todavía está vigente.

Cuando dicha información se hizo pública, la Gobernación quedó en el banquillo por destinar una suma tan alta de dinero a la financiación de esa defensa, que equivale casi a la mitad de los 4 millones de dólares iniciales que pidieron los demandantes por concepto de indemnización.

Casi una semana después, la Subsecretaría de Prevención del Daño Antijurídico de la Gobernación y la FLA publicaron una carta defendiendo el contrato.

“Esta firma de abogados de Estados Unidos cuenta con conocimiento en los temas materia de litigio, tiene la capacidad e infraestructura para afrontar esta clase de procesos y una amplia experiencia en litigio en instancias internacionales”, expresó la Gobernación entonces.

“Se cuestiona que la Gobernación de Antioquia haya destinado casi $8.000 millones de pesos en honorarios de abogados, sin embargo, debe aclararse que este valor (...) corresponde al monto asignado como presupuesto que opera como bolsa de recursos, del cual no solo se cubren los honorarios de los abogados en Estados Unidos y en Colombia, sino que también se incluyen costos de peritos, traducciones, transcripciones y otros, previamente acreditados”, se lee en el pronunciamiento, firmado David Andrés Ospina Saldarriaga, subsecretario de Prevención del Daño Antijurídico, y Javier Ignacio Hurtado Hurtado, gerente de la FLA.

No obstante, más allá de la polémica, la principal señal de alerta revelada por la Gobernación es que el litigio podría acarrear consecuencias en las estrategias comerciales de la empresa.

Además de la indemnización, cuyo objetivo consiste en reparar los supuestos daños causados por la aparición de otros distribuidores, las empresas demandantes buscarían que por orden de un juez la FLA se vea obligada a entregarles de forma exclusiva la comercialización de sus productos.

Lo que sigue

De acuerdo con los estimativos de la propia FLA, el territorio disputado con las empresas demandantes, es decir, Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Ecuador, concentran aproximadamente el 70,4% de las exportaciones de la empresa.

Dichas regiones, además, ocupan un lugar central en la estrategia de expansión de la licorera tras su salida de la Secretaría de Hacienda.

“El año 2021 fue el de mayores ventas históricas de exportaciones de los productos de la FLA, siendo la licorera que más exporta en el país (4.3 veces lo que exporta la segunda licorera), territorios como Europa y EE. UU. son mercados que representan importantes oportunidades de crecimiento”, expresó la FLA en las respuestas entregadas a este diario.

De acuerdo con los tiempos calculados por la Gobernación, el litigio podría tardar cerca de un año y medio más en llegar a una etapa resolutiva.

De las dos empresas que interpusieron recursos, el Grupo Universal Beverage vio desestimada su demanda, manteniéndose solamente en curso por ahora la acción instaurada por la empresa Marketing Global Brands.

En este último caso, el proceso se mantiene en etapa de descubrimiento, lo que implica que el demandante aún tendría margen para enmendar su acción antes de que esta llegue a juicio.

Aunque en su pronunciamiento la FLA se mostró confiada en poder hacerle frente al litigio, la incertidumbre por los giros que pueda tomar el mismo aún se mantiene.

En el caso del Departamento, el futuro del lío no solo influirá en el camino que tome la FLA en medio de su plan de expansión, sino que podría golpear directamente su principal fuente de ingresos no tributarios, que tan solo en el último cuatrienio entregó aportes por cerca de 3.3 billones de pesos.