Dragas y ‘dragones’ para la minería ilegal se disparan en Bajo Cauca: habría más de 200
Así lo denunció el senador antioqueño Juan Espinal. Agregó que la extracción ilegal de oro en Antioquia dejaría rentas ilícitas por casi USD 6.000 millones al año.
Las imágenes son aterradoras: un enorme desierto se extiende por kilómetros y solo es interrumpido por inmensos pozos de un agua de color verde, casi fluorescente. A sus pies están unos “dragones”, tan grandes como casetas, aparcadas en el lecho café del río. No es la estampa que ofrece un país en el África, es el panorama que hoy vive el Bajo Cauca por cuenta de la degradación que sufre el territorio a raíz de la minería ilegal.
Las denuncias de lo que viene sucediendo en esta subregión las ventiló recientemente el senador paisa Juan Espinal, tras una visita a la zona y proponer un debate en el Congreso. Los registros que trajo muestran lo que esta práctica ilegal —aupada por los bandidos, como señala el senador— ha causado al río Nechí y sus afluentes.
Pero Espinal no solo acusa de la actual situación a los grupos criminales. También señaló la desidia del gobierno pasado, que terminó haciéndose el loco con el Bajo Cauca. Prueba de ello, según Espinal, es la proliferación de dragas y “dragones”.
Un dragón o “dragón brasileño” es una enorme máquina flotante, tan grande como una casona, utilizada para extraer oro del lecho de los ríos. Estos operan sobre los cauces y usan enormes tubos para aspirar masivamente hasta 200 metros cúbicos de lecho fluvial en apenas una hora. Toda una degradación ambiental para obtener apenas un kilo de oro a la semana.
“Cuando Duque le entrega el gobierno a Petro, y Antioquia todavía tenía su Delegación Minera, en el río Nechí, entre El Bagre y Nechí, apenas había 20 dragas y dragones. Pero al terminar el gobierno Petro y luego de quitarle a Antioquia la delegación, le entrega al presidente Abelardo una situación muy preocupante: ya no hay 20 dragas y dragones, ahora hay 200”, alertó Espinal.
Desde 2024, Antioquia perdió su Delegación Minera por decisión del gobierno Petro, por lo que las mediciones oficiales no han vuelto a tener datos contundentes.
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Sin embargo, otras fuentes dan cuenta del desgreñe de la minería ilegal en el departamento desde esa fecha. Por ejemplo, en sus rendiciones de cuentas, la Policía Nacional registró un aumento en las minas de oro ilegales en Antioquia, pasando de 824 en 2024 a 910 en 2025. Estas se hallan diseminadas en por lo menos 64 municipios.
El dato preocupa, pues, según la Policía, también aparecieron minas ilegales en regiones como el Oriente y el Suroeste, zonas cuya principal vocación económica nada tiene que ver con minería.
“Ojo que desde hace unos años hay un sinnúmero de dragas en el Suroeste. No más mire lo que viene pasando entre Bolombolo y La Pintada. Y ahí sí no hemos visto a los falsos ambientalistas del Suroeste haciendo llamados de atención, especialmente cuando estaba Petro, para que combatiera esas dragas. ¿No”?, comentó Espinal.
Y para cerrar, la Policía hizo una estimación de los ingresos anuales de toda la cadena asociados a la producción ilegal de oro en Antioquia. La cifra entre 2024 y 2025 llegó a $558.000 millones. De esta, los grupos ilegales se habrían quedado con cerca de casi $100.000 millones.
Deja casi lo mismo que la cosecha cafetera
Por su parte, Espinal también comentó que cada dragón de estos costaría unos dos millones de dólares, cifra que resultaría impagable para pequeños mineros aún asociándose, por lo que, para él, el monto es la principal sospecha de su financiación ilícita.
“Yo pregunto, ¿realmente estamos ante un pequeño o un mediano minero que ‘tiene’ 2 millones de dólares para un dragón? ¿O realmente de quién son esos ‘dragones’? ¿O son de manos criminales que están explotando y extrayendo ilegalmente recursos naturales, afectando el ambiente?”, cuestionó.
Espinal también se quejó de lo poco que se ha hecho contra estos nocivos elementos por parte de las autoridades, incluso desde el gobierno anterior, toda vez que los dragones operan y se construyen prácticamente en la cara de la autoridad.
“Los dragones están a media cuadra del parque de El Bagre. Esto no es que esté en la profundidad de las zonas rurales. Están en toda la orilla de la vía principal. Eso parece un parqueadero de dragones ilícitos. Sería bueno que las autoridades investiguen de quien son”, apuntó.
Pero la denuncia más grave que hizo Espinal tiene que ver con las “ganancias” que las rentas ilícitas del oro ilegal que sale de Antioquia le dejan a quienes explotan el territorio, acabando por ahí derecho con el medioambiente. Según el senador, el oro ilícito en 2025 dejó en los bolsillos de los criminales hasta 6.000 millones de dólares.
“Ese platal es casi lo que deja toda la cosecha cafetera a nivel nacional. Ese es el nivel que tienen estos grupos para percibir rentas ilícitas. Vuelvo y repito, Colombia quedó inmersa en una ilegalidad profunda que realmente se fortaleció por la Paz Total de Petro”, apuntó.
Problemática en cifras
Más allá de las denuncias de Espinal, hay varios datos que dan cuenta de la magnitud de la problemática. Por ejemplo, el informe de Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión (Evoa), que mide el fenómeno de la minería ilegal en el país, daba cuenta que en 2022 Antioquia registró 35.332 hectáreas con evidencias de explotación de oro de aluvión, de las cuales 17.861 —casi el 51%— eran explotación ilícita.
Ese mismo informe también indicó que los municipios con mayores áreas de Evoa ilegal estaban en el Bajo Cauca. Zaragoza, Nechí, Cáceres, El Bagre, Caucasia y Tarazá, concentraban el 76% de las hectáreas.
Para 2023, el mismo monitoreo registró 41.119 hectáreas en Antioquia. De ellas, 22.807 hectáreas –casi el 55%– fueron clasificadas como explotación ilícita.
Es decir que, según el informe, en apenas un año las hectáreas dedicadas a la explotación ilegal de oro en Antioquia aumentaron casi un 28%.
Y ojo al dato, el Evoa 2023 también indicó que de las 79.631 hectáreas clasificadas como explotación ilícita de oro en todo el país, Antioquia puso el 39%.
Propuestas a Abelardo
Espinal informó que ya fue radicado un debate en la Comisión Quinta para analizar la extracción ilícita de oro en Antioquia, Tolima, Santander y Bolívar.
Pero además, para Espinal, ahora lo que hay que hacer es apoyar al gobierno entrante para que le ponga por fin coto a esta situación tan descontrolada.
Por ello uno de los planteamientos centrales de Espinal es que el Estado agilice y acompañe los procesos de formalización minera en Antioquia. Según su posición, facilitar que los mineros tradicionales obtengan títulos y puedan operar legalmente permitiría reducir el espacio disponible para las actividades ilícitas.
Eso sí, para él es clave que una mayor formalización debería estar acompañada de una mayor presencia institucional en las zonas mineras.
Por ello, vinculó la política minera con una condición previa: mejorar la seguridad en los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva.
Así, el fortalecimiento de la coordinación institucional entre el Gobierno Nacional, las autoridades ambientales, la Fiscalía y la Fuerza Pública permitiría controlar la problemática y además garantizar ofensivas contundentes contra la extracción ilícita.
Frente al tema de una eventual recuperación de la delegación minera de Antioquia, el senador condicionó esta posibilidad a la recuperación de las condiciones de seguridad necesarias para que los funcionarios puedan realizar labores de campo.
“¿Para qué delegación minera en Antioquia si no se ha recuperado la seguridad en el departamento? ¿Para que la Gobernación envíe un funcionario a zonas plagadas por ilegales, poniendo en riesgo su vida? Lo primero que hay que hacer es recuperar el orden público”, apuntó.
Finalmente, Espinal propuso que, si Colombia va a ingresar al Escudo de las Américas, debería estrechar lazos con gobiernos como el gringo para luchar contra la minería ilegal de la misma forma que se hace hoy contra el narcotráfico.
“La extracción ilícita de oro a nivel nacional, al igual que la coca, toca temas como las rentas ilegales o los delitos transnacionales. Porque ese oro no solamente se mueve en Colombia, ese oro se mueve en diferentes países. Estamos ante un delito transnacional que además afecta al patrimonio ambiental de nuestro país”, puntualizó.
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