Reapertura de biblioteca España es cada vez más incierta
La Alcaldía explica reclamos a contratistas. Aún se desconocen los trabajos que se deben hacer para repotenciar la edificación.
Periodista egresado de UPB con especialización en literatura Universidad de Medellín. El paisaje alucinante, poesía. Premios de Periodismo Siemens y Colprensa, y Rey de España colectivos. Especialidad, crónicas.
Además de estar claro que la biblioteca España tendrá sobrecostos superiores al 100 % del valor de su construcción (de $15.000 millones terminará costando $31.000 millones), lo más grave es que aún es incierta la fecha en la que se reanudarán los trabajos de reconstrucción, así como la terminación de los mismos.
La secretaria de Infraestructura Física de la Alcaldía, Paula Palacio Salazar, aclaró que más que incumplimientos del contratista de las reparaciones (el consorcio Obras Medellín 2015), el proceso sancionatorio a esta firma se da por un mal manejo del anticipo de $3.800 millones (del total de $9.746 millones), que no todo ha sido justificado.
“El contratista debe presentar un plan de flujo de manejo del anticipo e ir generando los soportes adecuados de las facturas y demás requerimientos que tiene el manejo de recursos del Estado”, precisó la funcionaria.
Reiteró, como lo señaló el alcalde, Federico Gutiérrez, que el contratista solo ha justificado debidamente $1.100 millones del anticipo. De esta situación, además de enviar copias a entes como la Contraloría y la Procuraduría, la Alcaldía hizo la respectiva reclamación a la aseguradora, “para que esta responda por los recursos”, recalcó la funcionaria.
Sin claridad
Además de lo anterior, la secretaria Palacio Salazar reveló que el contrato firmado con Obras Medellín 2015, “no contempló, dentro del alcance, resolver qué estaba pasando realmente con la estructura”, lo que obligó a contratar estudios de sismo resistencia, que aún no están terminados y que van a determinar las obras por abocar para garantizar la seguridad de la edificación.
El concejal Bernardo Guerra exige que se sancione a los integrantes del consorcio, se busque la caducidad del contrato y se “inhabilite por cinco años en la construcción pública a los implicados”, en este caso las firmas bogotanas Lab Construcciones S.A. y Constructora Crearq S.A.
EL COLOMBIANO buscó contactar al consorcio y a las dos firmas por separado. En ningún caso halló respuestas.