¿Cuál fue el resultado (y el costo) de la modernización en Alcaldía y Gobernación?

Once secretarías, seis gerencias, una subsecretaría y una unidad especial se anexarán al armazón de los gobiernos de Antioquia y Medellín, luego de la conclusión de los procesos de ajuste llevados a cabo este año por la alcaldía y la gobernación.

Las nuevas dependencias liderarán temáticas de política pública para adultos mayores, personas con discapacidad, seguridad, protección animal, ciencia, tecnología e innovación, turismo, asuntos étnicos y equidad de género.

Ambos procesos fueron guiados por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp). Fernando Grillo, director de la entidad, contó que acompañaron a la alcaldía en el dimensionamiento de su propuesta de modernización. Con la gobernación, dijo, ocurrió algo similar.

Grillo señaló que el Dafp escuchó y opinó técnica e imparcialmente frente a las ideas de cambio y transformación para aterrizar las propuestas.

Pero antes de abrir el debate veamos cómo quedaron las dos administraciones luego de los cambios y ajustes.

La nueva gobernación

El Departamento, hasta ahora, tenía una estructura orgánica determinada por la ordenanza 12 de 2008 y el decreto ordenanza 2575 del mismo año pero, en líneas gruesas, era la misma estructura desde hace 20 años. Ese fue uno de los argumentos del actual gobierno para adelantar el cambio.

Por eso, tras seis meses de adecuaciones —gracias a las facultades concedidas por la Asamblea el 14 de marzo—, la Gobernación presentó su nuevo nivel central. Justificó, en la exposición de motivos, que la modernización se requería para responder a la ejecución de objetivos trazados en el plan de desarrollo 2020-2023.

El balance final de la nueva estructura trajo la creación de cinco secretarías: Seguridad y Justicia; Inclusión Social y Familia; Turismo; Tecnologías de Información; y Suministros y Servicios. También nacieron tres gerencias: Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Protección Animal.

Surgieron cuatro secretarías regionales y sectoriales (Seres). Según explicó el gobernador Aníbal Gaviria, con estas se busca fortalecer la presencia y la articulación en las subregiones, además de descentralizar la oferta institucional y acelerar proyectos.

También apareció en el organigrama Activa, empresa departamental que promoverá eventos y turismo en las regiones. Se integrará al nuevo conglomerado público de Antioquia (similar al que fue creado en Medellín en 2015 cuando Gaviria era alcalde).

La Gobernación explicó que antes de la transformación, el nivel central tenía 173 cargos (132 directivos y 41 asesores) con un costo anual de $30.892 millones. Con una poda del panel de asesores, en la nueva estructura habrá 167 cargos (164 directivos y solo 3 asesores) con un costo anual de $30.859 millones, es decir, $32 millones menos.

Así quedó la alcaldía

Por la misma ruta —avalado por facultades otorgadas por el Concejo el 30 de mayo— la alcaldía emprendió el plan de ajuste. La base de los cambios fue un estudio desarrollado por un equipo de la misma administración, con el acompañamiento del Dafp.

La justificación oficial es similar: fortalecer el nivel central para cumplir con las promesas del plan de desarrollo.

El secretario (e) de Gestión Humana, Carlos Alberto Gutiérrez, resaltó los postulados generales: “Medellín se moderniza para tener una ciudad más pacífica, más incluyente, más estratégica, más innovadora y más ambientalista”.

Así, fueron creadas dos secretarías: No-Violencia e Innovación Digital; una subsecretaría de Protección y Bienestar Animal; tres gerencias: una para asuntos étnicos, otra de diversidades sexuales e identidades de Género, y una más de proyectos estratégicos; además de una unidad administrativa especial para el programa Buen Comienzo.

Para la implementación del rediseño institucional se crearon 23 puestos: 16 del nivel directivo y siete del nivel profesional. En este escenario, el costo anual de los cargos a crear ascendía a $4.536 millones, según el concepto de viabilidad fiscal entregado por la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, para mitigar el efecto de lo que costaría esa nueva nómina, la Secretaría de Gestión Humana suprimió 43 cargos de otros niveles, con lo que la modernización municipal terminará costando $2.086 millones anuales.

Esto equivale a 0,31 % sobre los gastos de funcionamiento y 0,5 % sobre los gastos de personal, según el concepto emitido por Hacienda.

En la última década, la alcaldía ha tenido variaciones en su estructura y sus funciones.

En el gobierno de Aníbal Gaviria (2012-2015), también vía facultades temporales, se “modernizó” la administración. Se creó la Secretaría de Seguridad (decreto 495 de 2012) y seis vicealcaldías (decreto 1364 de 2012) para coordinar y articular sectores administrativos.

Pero en 2016 estos cambios se revirtieron en la alcaldía de Federico Gutiérrez. Este concentró en la Secretaría de Gobierno la gestión del gabinete y el control de las entidades adscritas al despacho (acuerdo 01 de 2016) y el 4 de marzo de 2016 fue expedido el decreto 406 en el que dejaron de existir las vicealcaldías.

Efectividad y permanencia

Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia y actual director del Instituto Anticorrupción, opinó que es normal que la estructura de las entidades territoriales se ajuste a sus prioridades de política pública y a sus planes de gobierno.

A su parecer, los reajustes responden a la inserción de temas en la agenda pública que son empujados por las nuevas generaciones y por el espacio que ganan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Lo importante es que las personas contratadas sean idóneas. Toca darle tiempo a estas nuevas secretarías y gerencias para que puedan madurar y dar resultados”, indicó.

Para Néstor Julián Restrepo, coordinador de la maestría de Comunicación Política de Eafit, el problema no es que haya mayores costos de funcionamiento, sino que los cambios no se sostengan al ser políticas de cada gobierno y no del Estado. “El problema tampoco es que haya un Estado más grande, lo que es malo es que se agrande para cumplir una visión burocrática”, dijo.

Consideró que si bien es interesante que aparezcan otros temas en la agenda de las administraciones que se tienen que adaptar a las nuevas necesidades, la duda que lo asalta es la efectividad de los nuevos puestos, el cumplimiento de sus cometidos y el requerimiento de que lleguen personas idóneas.

“La administración pública parece corriendo la Vuelta a Colombia en bicicleta estática, no se mueve. Cada cuatro años se monta y se desmonta, se crean puestos para cumplir metas, pero se suprimen a los cuatro años”, opinó.

Le trasladó la responsabilidad a la sociedad civil, a los concejos y a la Asamblea. “(Estas corporaciones) no pueden convertirse en un apéndice del gobierno de turno, tienen que cumplir su labor de contrapeso”, concluyó.

Para Jhon Fernando Restrepo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Medellín, ambas administraciones se juegan su legitimidad con la implementación de esta nueva estructura porque, argumentó, existe una teoría de la administración que sospecha de tanto cargo burocrático por los mayores intereses políticos que se crean con nombramientos.

Desde la otra orilla, complementó, es un logro de las minorías que visibilicen sus necesidades. “Sectorizar la administración puede servir para conocer mejor estos grupos, es una oportunidad para hacer política más incluyente”, sugirió.

Santiago Leyva, profesor del Departamento de Gobierno de Eafit, destacó que la reforma municipal le haga eco a la visión y objetivos de Daniel Quintero, no obstante, dijo que la alcaldía sigue necesitando una reforma estructural para modernizar la administración. “Este proceso no partió de un diagnóstico profundo sobre los problemas y sus causas. Se partió de las necesidades puntuales para la implementación del plan de desarrollo. No es una reforma estructural, aunque sí incluye ajustes temáticos”, finalizó.