Decreto del Gobierno Petro tiene en vilo obras por impuestos para 2026

Un decreto del Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene en jaque a los proyectos de obras por impuestos que se alistan para el próximo año en Antioquia y el resto del país. Pese a ser uno de los mecanismos con los que el Ejecutivo viene sacando pecho para demostrar su trabajo articulado con el sector privado en las zonas más vulnerables, una norma expedida por el Ministerio de Hacienda para mitigar las afugias contables podría desplomar el número de proyectos que el próximo año se estructuren a través esa figura.

Para comprender el problema hay que remontarse al pasado 28 de mayo de este año, fecha en la que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, firmaron y publicaron el controvertido Decreto 0572, que le metió mano a las tarifas de autorretención del impuesto de renta.

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Calificada por sus detractores como “pan de hoy y hambre para mañana”, esta figura consiste en adelantar a las empresas el cobro del impuesto de renta; es decir, que desde 2025 comiencen a pagar sus obligaciones de 2026.

En el caso del Gobierno del presidente Petro la medida aparece como una bocanada de aire para sortear sus problemas de caja, que tan solo a finales de junio pasado, según el grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, había cerrado en $6,5 billones, uno de los niveles más bajo de los últimos cinco años.

Aunque el Gobierno presentó la autorretención como una medida para mejorar la eficiencia del recaudo y combatir la evasión, entre varias agremiaciones económicas y expertos la misma ha sido calificada como inconveniente, no solo por ahorcar la caja de las empresas, sino por dejar en los rines al Gobierno que asuma las riendas del país el próximo año.

Antes de que se emitiera el decreto, gracias a un borrador que se filtró a la opinión pública, agremiaciones como la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) alertaron que recurrir a ese mecanismo podía repercutir negativamente en el recaudo de 2026 y golpear fuertemente al sector productivo.

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Bruce Mac Master, presidente de esa asociación, planteó que la norma no estaría justificada técnicamente y podría generar una reacción en cadena en la que, mientras la Nación podría sobreestimar sus ingresos fiscales, el sector privado vería afectado su flujo de caja y hasta incrementaría sus deudas.

Sin importar esos reparos, a los que se sumaron otras agremiaciones como la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) y múltiples expertos, el Gobierno dejó en firme el decreto, con el que esperaba un recaudo adelantado de $7,8 billones, según estimaciones preliminares.

Aunque desde finales de mayo pasado la polémica por el decreto de autorretención había girado en torno principalmente de esos puntos, uno de los coletazos que hasta ahora venían pasando de agache era el de su impacto en las obras por impuestos, que preocupa especialmente al sector privado en Antioquia, el departamento en donde más proyectos se adelantan a través de este mecanismo.

¿Cómo funciona el mecanismo?

Para comprender este segundo coletazo hay que recordar que las obras por impuestos funcionan como una especie de canje. Según quedó establecido en la ley que las creó en 2016, el objetivo del sistema consiste en que las empresas puedan saldar hasta el 50% del impuesto sobre la renta emprendiendo proyectos en los municipios más golpeados por el conflicto armado en vez de pagarlo en dinero. En dichas reglas de juego quedó estipulado que los municipios objeto de los proyectos deben estar situados en zonas clasificadas como Zomac (Zonas más afectadas por el conflicto armado) o en municipios PDET (aquellos considerados claves en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc).

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Para el caso de las empresas que se vinculen a dicho mecanismo, el Gobierno exige que las obras estén asociadas a temas como salud, infraestructura de servicios públicos, educación, infraestructura vial, entre otros.

Según explican conocedores de la norma, el lío para las empresas que desde ya están estructurando proyectos para el próximo año es que el adelanto en el cobro del impuesto que impuso el Gobierno Petro reduce directamente su capacidad para invertir en el mecanismo.

Una de las razones del fenómeno consiste en que cuando se aplican dichas autorretenciones, tal como ocurrió en 2023, las empresas no solamente terminan pagando la totalidad del impuesto de renta del año entrante por anticipado, sino que incluso terminan pagando de más y quedando hasta con saldos a favor que las obligan a emprender engorrosos trámites de devoluciones ante la Dian.

Dado que el mecanismo de obras por impuestos fue pensado precisamente para que la acreditación de las mismas reemplace el pago del impuesto de renta, muchas empresas que ya tuvieron problemas en 2023 con la autorretención están pensando o embarcarse en un solo proyecto o no adelantar ninguno.

Como la norma ya entró a regir desde finales del mayo pasado, en el sector privado la esperanza para los dolientes del mecanismo es que el decreto de autorretención se caiga por cuenta de unas demandas de nulidad que le fueron formuladas desde hace varios meses o que desde el Ministerio de Hacienda se expida alguna alternativa normativa para que la figura no termine sepultado por culpa de los descuadres financieros que arrastra el Gobierno Nacional.