El Oriente antioqueño no quiere volver a su pasado de violencia: clamor en la mesa de seguridad citada por el Congreso
En Marinilla avanza el encuentro citado por el Congreso, al que fueron convocados el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y las máximas autoridades departamentales y militares. Habitantes y organizaciones piden mayor articulación entre la gobernación y el gobierno nacional.
Con casi dos horas de retraso, por las dificultades que tuvo la delegación nacional para llegar debido a los vuelos afectados en el aeropuerto José María Córdova por condiciones climáticas, comenzó este jueves 3 de octubre la sesión de la comisión segunda del Senado, que citó a una mesa de seguridad para analizar los problemas que se vienen presentando en el Oriente antioqueño.
La reunión, encabezada por el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se cumple en el teatro regional Valerio Antonio Jiménez, de Marinilla, con la presencia de las máximas autoridades de seguridad del país y el departamento, así como de varios alcaldes de la subregión del Oriente y algunos congresistas de la bancada antioqueña.
Habitantes de esta zona del departamento estaban a la expectativa sobre las discusiones y las acciones que se espera se den en esta mesa de seguridad, ante el incremento de hechos como homicidios, extorsiones y otras afectaciones que han hecho que las personas aumenten la percepción de inseguridad y que muchas poblaciones, en especial de zonas rurales, estén en riesgos.
Algunos alcaldes hablaron antes de iniciar la jornada sobre llamadas extorsivas a comerciantes y ganaderos, pero también recordaron hechos que han causado preocupación como el del pasado 28 de agosto, cuando en San Luis, presuntos integrantes del Clan del Golfo habrían evitado, en pleno parque principal del pueblo, que la Policía capturara a un sicario, tras lo cual se tuvo que aumentar el pie de fuerza en el municipio.
En su intervención, con una oración inaugural, el obispo de la Diócesis Sonsón Rionegro, Fidel León Cadavid, llamó la atención sobre la intención de grupos armados al margen de la ley de hacerse la retoma del control social y militar en la subregión, lo que genera zozobra entre los habitantes.
“Ese sería el clamor de la gente, defender nuestro territorio que está siendo tomado por grupos al margen de la ley que traen inseguridad y también zozobra. Y nosotros quisiéramos que nuestro territorio sea un territorio de paz” dijo el religioso ante las autoridades presentes.
A su turno, el alcalde de Rionegro Jorge Rivas recordó algunas cifras de inseguridad, como el aumento de los homicidios en municipios como Sonsón, donde la tasa de muertes violentas está en 55 por cada 100.000 habitantes; o la lucha que libran bandas delincuenciales en el área del altiplano del Oriente cercano por el microtráfico y las rentas ilegales, lo que deja a la población civil en medio de acciones bélicas.
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Rivas también recordó los tiempos de la primera década del siglo XXI y dijo: “No queremos volver a esa época, que los alcaldes no sean amenazados ni los ciudadanos secuestrados”. Este es en realidad un clamor generalizado, pues nadie quiere que en el Oriente antioqueño, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, se repita esa historia de sangre y destierro que ha causado sufrimiento a tantas personas.
El delegado de la mesa de Derechos Humanos del Oriente, Jhon Jairo Serna, pidió declarar esta subregión en crisis humanitaria y que se constituya en un laboratorio de seguridad humana integral, al reiterar que no solo se trata de reforzar el pie de fuerza, sino también de tener mayor inversión social. Uno de los llamados de la sociedad civil es justamente que se aumente la articulación entre los gobiernos departamental y nacional para tomar acciones efectivas.
Durante el encuentro, el director nacional de la Policía, general William René Salamanca, anunció que se incrementarán los uniformados en 20.000 nuevos en la institución y que, tan pronto eso ocurra, el Oriente antioqueño será una de las áreas prioridades para hacer un refuerzo del pie de fuerza.
Además, el ministro Velásquez anunció que promoverá la realización de un “consejo de seguridad humana” en esta subregión, en un plazo máximo de 40 días, con la presencia de otros ministerios, con el fin de analizar las causas estructurales de la violencia y la inseguridad. Según el jefe de cartera, en los 23 municipios del Oriente los homicidios han disminuido este año en un 2,7% y también han bajado los hurtos y secuestros, pero se da un incremento de la extorsión, lo que a su vez ha generado el aumento en la percepción de inseguridad.
La gente tiene temor
Hechos como el del parque de San Luis o la masacre de Rionegro en junio pasado que dejó siete personas asesinadas, así como las denuncias por la presencia de hombres armados en distintos corredores del Oriente han despertado el temor y la urgencia de que se tomen acciones, incluso desde el gobierno nacional. Hace poco, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente lanzó una grave alerta sobre la presencia de hombres con armas largas transitando por el corredor que conecta a los municipios de Cocorná, San Francisco, Granada y El Carmen de Viboral.
La denuncia puso en evidencia nuevamente el plan de expansión y control territorial del Clan del Golfo en el Oriente y refleja su avance para controlar esa franja del cañón del río Calderas hasta el corregimiento de Santa Ana, que hace parte a su vez de un corredor que permite conectar el Magdalena Medio con el Valle de Aburrá. Controlar ese corredor, en pocas palabras, equivale a controlar el Oriente para sus fines criminales. Así lo hicieron antes las Farc y el ELN, y así lo hicieron los paramilitares en su contraofensiva.
Según denunció la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, a pesar de las reiteradas denuncias, ni Gobernación de Antioquia, Gobierno Nacional ni Fuerza Pública han tomado “las medidas constitucionales para proteger a la población civil ante la arremetida de los criminales en los cañones de Río Verde, Santo Domingo, El Melcocho, Aquitania, La Danta y San Miguel”.
En respuesta a estas denuncias, el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, aseguró que desde la llegada del actual gobierno –reconociendo la rápida expansión del Clan del Golfo en el Oriente– se ha coordinado con la fuerza pública una estrategia de seguridad que ha arrojado, a su juicio resultados importantes para contrarrestarla. Tanto él como el gobernador Andrés Julián Rendón han expresado que los diálogos de paz del gobierno nacional con estas estructuras las “han envalentonado”.
La Secretaría de Seguridad de Antioquia, en coordinación con el Ejército, acordaron hace unas semanas que el comando de la Cuarta Brigada se traslade para despachar en la zona del Oriente y así definir una nueva estrategia para recuperar el control del corredor con una acción conjunta entre el Batallón Especial Energético y Vial No. 4, el Batallón Juan del Corral y el Gaula Oriente.
Uno de los anuncios que se hicieron entonces es la conformación del segundo Empás del Oriente, los escuadrones de 20 soldados y 20 policías que creó la Gobernación como estrategia de seguridad. A comienzos de agosto pasado comenzó a operar el primero en zona de Páramos y esperan tener listo el segundo para que opere en Zona de Bosques.
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