Sin acuerdo: funcionarios del ICBF en Antioquia completarán diez días en paro

Los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia ajustarán este jueves diez días en paro sin que todavía se llegue a un acuerdo para resolver una crisis a múltiples frentes que aqueja a esa entidad.

En medio de las tensiones, mientras los sindicatos aprobaron el pasado viernes 15 de agosto mantenerse firmes en sus protestas, trascendió que en dicha entidad se formalizó la salida de la directora regional encargada Diana Carolina Baloy, quien estuvo en su cargo hasta el pasado 15 de agosto.

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Aunque la salida de Baloy se ha manejado con hermetismo, ya que al interior de la entidad la mayoría de los empleados desconoce si renunció a su cargo o fue removida desde Bogotá, este martes fue nombrada en su reemplazo Catalina García Robledo, quien venía desempeñándose como coordinadora de Ciclos de Vida y Nutrición.

Juan José González Ospina, defensor de Familia y presidente del capítulo Antioquia de Sidefam, uno de los sindicatos del instituto que participa del cese de actividades, explicó que pese a que en días recientes se vienen desarrollando varios espacios de diálogo con las directivas del instituto en Bogotá, los más de 350 empleados que participan del paro han decidido mantenerlo.

Según plantea González, dicha decisión fue tomada en una asamblea realizada el pasado viernes, en el que los funcionarios inconformes concluyeron no tener todavía soluciones de fondo a los múltiples problemas que han motivado las protestas.

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Uno de los principales factores de malestar se asocia a una crisis de infraestructura en la mayor parte de las sedes del ICBF en Antioquia.

“Estamos pidiendo locaciones dignas para los funcionarios y para la atención de los beneficiarios. Por ejemplo, el Centro Zonal Suroriente, que estaba ubicado en la carrera 70, se quemó en un incendio en diciembre pasado y todavía no han dado soluciones. Todo es paliativo. También el Centro Zonal Aburrá Sur, que queda en Itagüí, hace 17 años se viene pensando en una reubicación por hacinamiento y mal estado”, expresó González

Además de la infraestructura, que incluye problemas en muchos más puntos del departamento, los sindicatos también exigen que en la regional Antioquia se cubran 96 cargos que se encuentran vacantes desde hace más de cinco años.

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De igual forma, una de las demandas de los empleados es que se nombre a un director en propiedad y se den respuestas de fondo a los retrasos que persisten en el concurso público iniciado desde 2023 con ese fin.

Cabe recordar que la inestabilidad en dicho cargo fue también el centro de una polémica ocurrida en mayo pasado entre la Gobernación de Antioquia y la dirección del instituto en Bogotá, luego de que desde el Departamento se denunciara que la alta rotación en ese cargo estaba afectando los procesos misionales.

“Resulta preocupante para los antioqueños que desde 2022 la Dirección Regional de ICBF no cuente con una designación estable. La alta rotación en este cargo afecta la gobernabilidad de una institución clave para el país y la región, y debilita el liderazgo, la comunicación y la articulación con las entidades territoriales del Departamento. Esta inestabilidad limita la capacidad de respuesta oportuna y efectiva frente a situaciones urgentes y prioritarias como la desnutrición infantil, la inseguridad alimentaria y la violencia contra la niñez”, expresó el gobernador Andrés Julián Rendón en una carta enviada a la directora nacional del ICBF, Astrid Elena Cáceres Cárdenas.

Según explicó González Ospina, otro de los frentes de preocupación para los sindicatos es que en las reuniones que se han sostenido en días recientes con varias directivas, entre ellas la secretaria general del instituto, el director de gestión humana y la directora administrativa, todavía no se da razón de los tiempos para que se conformen las ternas de los que saldrá el director en propiedad ni cuándo se realizarán las entrevistas aún pendientes.

Por ahora, la información que se ha hecho pública en dichos espacios es que el concurso público tendría un avance del 84%.

A pesar de que el cese de actividades se mantiene, González señaló que tras la salida del cargo de la ex directora regional Baloy, esperan que las conversaciones avancen, dado que esta última era señalada de actuar de forma hostil contra los reclamos de los empleados.

Finalmente González reiteró que pese a que la atención presencial en los 18 centros zonales del instituto se mantiene suspendida, los servidores han seguido atendiendo todos los casos urgentes en los que se requiere la intervención de la entidad para proteger la integridad de niños en riesgo.