Procuraduría pide a la Supersalud intervenir EPS del Oriente antioqueño
Las deficiencias en la prestación de los servicios a los usuarios y la falta de pagos a las IPS tienen en ascuas a la entidad de salud
Para defender los derechos de 22.650 usuarios, la Procuraduría General de la Nación requirió la intervención de la Superintendencia de Salud para la solución de las dificultades en la prestación de servicios de salud por parte de la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Ecoopsos SAS, que opera en Rionegro y otros municipios del Oriente antioqueño.
En el marco de una mesa de trabajo preventiva, el Ministerio Público conoció el incremento de las quejas y acciones constitucionales interpuestas por los usuarios en contra de la mencionada EPS, consistentes en la suspensión de servicios médicos, atención en muchos casos solo de urgencias vitales y dificultades con el giro de recursos hacia las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Inicialmente, la Procuraduría Provincial de Rionegro solicitó al subgerente regional de Ecoopsos, Jair Sánchez, pagar con urgencia lo adeudado a las IPS y rendir un informe de las actuaciones iniciadas por la EPS ante la contingencia generada por el cierre de la empresa de salud, así como los detalles acerca de la red de atención contratada y la fecha prevista para retomar los servicios médicos de los pacientes.
Dada la falta de respuesta por parte de la EPS en el término establecido, en comunicación dirigida al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, la Procuraduría solicitó “informar las acciones que se han adelantado en el Oriente con Ecoopsos, para garantizar a los usuarios el acceso y goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud y la vida”.
El ente de control del Ministerio Público señaló a las entidades requeridas la urgencia de solucionar esta problemática originada por la falta de acceso a los servicios médicos, “pues sumada a las dificultades en la entrega de autorizaciones a los usuarios de otros territorios donde tienen afiliados, genera inconvenientes entre los pacientes IPS y EPS, como es el caso del Magdalena Medio”.
El Ministerio Público recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas.