¿Por qué hay polémica en Itagüí por unos embargos de la Alcaldía a los que deben multas de tránsito?

Esmeralda Bermúdez se quedó sin con qué pagar el arriendo y el mercado de este mes por culpa de unos partes de tránsito de hace más de cuatro años. A finales de octubre pasado, esta habitante del barrio Los Velásquez, ubicado en el norte de Itagüí, se percató de que su cuenta de Nequi se había quedado congelada.

Bermúdez ya sabía que tenía pendiente una multa sin pagar desde 2021 y temiendo que se tratara de un embargo fue de inmediato a la Alcaldía.

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“Yo ya había visto en Instagram que estaban haciendo los embargos de las cuentas. Lo primero que hicieron fue congelar la cuenta, es decir, no me dejaba sacar plata ni transferirla”, narra. “Me di cuenta un jueves. El viernes me madrugué para la Alcaldía y realicé un acuerdo de pago. Di el 30% de las dos multas que tenía, que fueron $463.000”, explica, señalando que lo pactado con el municipio consistió en que el restante (de una deuda de casi $1.600.000) lo podría financiar en cuotas de $100.000 por un año.

“Me dijeron que en seis días hábiles se descongelaba la cuenta para poder mover mi dinero. El martes miré el Nequi, donde tenía $1.400,000, y ya la plata me la habían debitado automáticamente”, cuenta, agregando que asustada al día siguiente volvió a madrugarse para la Alcaldía.

“Me dijeron que la plata ni siquiera había ingresado allá, que eso era tema de los bancos. Entonces que había que esperar a que la plata ingresara para poder devolvérmela y que eso se demoraba por ahí 20 días hábiles”, señaló.

Preocupada por el descuadre, Esmeralda se fue entonces para el banco y allí, señala, también se desentendieron del problema y le argumentaron que ellos solamente cumplían órdenes.

Casos como el de Bermúdez hacen parte de una polémica reciente que ha generado debate en el municipio de Itagüí, en donde otros ciudadanos han expresado sus reparos ante una serie de procesos de cobro coactivo que viene realizando la administración municipal.

Aunque en medio del caldeado ambiente político de ese municipio desde varios sectores han planteado que dichos cobros serían arbitrarios, la Alcaldía de Itagüí se refirió a la situación y explicó que dichos procesos no son nuevos, planteando que son una obligación legal de todos los entes territoriales del país.

Así lo expresó el secretario Jurídico de Itagüí, Oscar Darío Muñoz Vásquez, quien enfatizó que dichos cobros están reglados y son el último recurso al que acude el municipio para recuperar su cartera.

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“La facultad coactiva que tiene la administración deviene del Estatuto Tributario Nacional y el estatuto tributario que tiene la ciudad. Eso no es un artilugio que nosotros tengamos, es algo de todos los municipios. No es porque queramos, es porque nos obliga la ley”, dijo.

Muñoz explicó que antes de llegar a los cobros coactivos, hay una etapa de cobro persuasivo, en la que se busca al deudor para llegar a un acuerdo voluntario.

“Eso lo hemos refinado tanto en Itagüí que al ciudadano le llega un correo electrónico donde dice que tiene una multa de tránsito, un mensaje de texto, un WhatsApp. Todo eso hace parte de una política de eficiencia. Algunos preguntarán: ‘¿Por qué en Itagüí lo hacen y en otros municipios no?’. No sé los otros municipios qué capacidad tengan. Nosotros hemos logrado refinar y depurar bastante bien el tema desde hace más de 10 años. Llegamos a un nivel de capacidad para poder llamar al ciudadano y decirle: ‘Venga, que nos debe’. Si el ciudadano no llega, nos corresponde acometer el camino coactivo, que es librar el mandamiento y con el mandamiento la orden de embargo a la cuenta”, dijo el funcionario, enfatizando que, en caso de omitir realizar esos procesos, los funcionarios de la Alcaldía podrían exponerse a procesos disciplinarios y hasta de responsabilidad fiscal.

“Aquí se ha querido vender, y de pronto algunos medios de comunicación o algunas personas han querido vender, que es que nosotros de manera abusiva lo hacemos, no. Lo que estamos haciendo es cumpliendo una obligación legal”, insistió.

Sobre casos similares o parecidos al de Esmeralda, Muñoz sostuvo que no se trataría de una situación frecuente, pero que podría explicarse en función de dos escenarios.

Mientras por un lado indicó que pueden darse casos en los que los acuerdos de pago se incumplan, dando pie a un proceso ejecutivo, por otro adujo que como los sistemas están automatizados también hay un margen de error en algunos cobros.

“Cuando hemos logrado evidenciar el error, de manera inmediata lo corregimos y ordenamos los desembargos y devolvemos los recursos que haya que devolver. Aquí lo que hay que dejar claridad es que esa no es la regla general, esos son casos excepcionales que pueden pasar”, dijo el funcionario.

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Hacienda en un debate realizado el pasado 5 de noviembre en el Concejo de Itagüí, en lo corrido de este año se han registrado un total de 341.380 procesos de cobro coactivo por infracciones de tránsito.

En materia de recaudo, dichos procesos se tasaron en $5.071 millones en 2022, $9.438 millones en 2023, $16.081 millones en 2024 y $24.120 millones en lo que va de este año, es decir que en menos de cuatro años, el municipio ha aumentado el recaudo en un 375%.