El metro de la 80 pone a prueba la política de protección a moradores de Medellín

Seis años de concertación, reuniones comunitarias, sesiones en el concejo y estudios de suelo, ambiente, sociedad y derecho, tienen a Medellín a las puertas de un punto de no retorno.

El escenario se antoja decisivo: en la obra del Metro de la 80, el proyecto de movilidad masiva más importante en el que se embarca la ciudad desde la construcción del Metro (impactará a 32 barrios con 17 estaciones, movilizando 179.400 pasajeros al día), se aplicará por primera vez la nueva La Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP)

A falta de un último anexo que la reglamente, nada que construya el Estado en la capital de Antioquia podrá hacerse sin tener en el centro del eje al habitante que vive y/o depende de la zona impactada por las obras.

La estrategia (acuerdo 145 de 2019) cobija a “todos los habitantes del territorio; arrendatarios, propietarios, poseedores, comerciantes formales e informales”, define el documento macro de la política pública. El cronograma para su aplicación en el Metro de la 80 está en marcha. Si bien los documentos de diagnóstico y conceptualización de la estrategia están listos, hace falta la hoja de ruta que permitirá aterrizar la teoría a la práctica, establecer reglas, derechos y deberes fijos que todas las partes conozcan. Un anexo (el 22) que la Alcaldía espera sancionar el 31 de enero de 2021.

“Sin él, la estrategia para los moradores está sin dientes. Sin una clara línea de cómo llevarse a cabo”, explica Sergio Lopez, arquitecto, urbanista y director del Metro de la 80. El inicio de obras, planteado para el segundo trimestre del 2021, se hará cuando la política pública se encuentre reglamentada. “Nuestro compromiso es no adelantar ninguna gestión de compra de predios antes de eso”, aclara Lopez, “ni llevar a cabo ninguna acción que no esté en el marco de los derechos que plantea la estrategia para los habitantes de las zonas intervenidas”.

O como los prefiere nombrar Análida Rincón Patiño, profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del proceso, los ciudadanos-moradores que tendrán a partir de esta política una serie de derechos reconocidos y protegidos por el Estado cuando vean su habitar impactado por una obra pública. No solo en lo referente a la vivienda y a su propiedad, para lo cual la política establece, prioritariamente, procesos de reasentamiento en sitio, también en todo lo que implica vivir en un territorio

“Cuando hablamos de esa figura ciudadano-morador nos referimos a una persona que se define como un habitante de un territorio y no solo el propietario de una vivienda o suelo”, señala Rincón. Esto implica que lo que se está involucrando en cada obra son unas dinámicas sociales, una forma de vida, identidad y pertenencia que las comunidades han creado y consolidado en el tiempo.

“Un Estado debe ser lo suficientemente sensible para entender y proteger esto de forma integral. Y eso es lo que busca esta política”. Para ello la estrategia plantea un protocolo que abarca el antes, el durante y el después de cualquier intervención física. Está dividido por fases y comprende la participación ciudadana desde la etapa técnica y de diseño de la obra, en la que se planta la necesidad de un estudio de viabilidad social, “que no es lo mismo que un censo”, señala Rincón.

El reasentamiento y la negociación del valor de los predios, los puntos que históricamente reciben la mayor crítica social de los procesos de construcción de las obras públicas en la ciudad, también se verán abarcados.

“Lo que siempre se ha notado en adquisiciones prediales del pasado es un Estado que llega a comprar sin que las personas tengan idea de a qué tienen derecho. En esta política la socialización va más allá de llegar y decir `vendanme que voy a hacer una obra`. Les permitirá a los ciudadanos tener una posición negociadora más firme desde el inicio”, explica López. El Metro de la 80 tiene un presupuesto preliminar de aproximadamente 750 mil millones de pesos para la adquisición de predios en todo su corredor.

En ese tema, la excepción no hace la regla. “Habrá personas que deseen y estén dispuestas a salir de su barrio, pero la estrategia establece que la primera opción de reasentamiento debe ser en el mismo lugar”, señala Luz María Múnera, exconcejala de la ciudad (2015-2019) que acompañó e impulsó como ponente la formulación del proyecto desde su asiento en la corporación. No solo se contemplan los decretos normativos con los que el Estado debe comprar, también se exige (en la medida que sea posible) un plan de reubicación en el sitio donde viven las personas.

“No puede volver a pasar que las obras se terminen sin que las personas que tuvieron alguna afectación tengan solucionado su necesidad de vivienda”, agrega la profesora Patiño. Y allí, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed - es clave en el proceso.

“Hay un reconocimiento mucho más amplio en todas las esferas de protección para el morador”, señala Jessica Barios, asesora de proyectos de Isvimed. “Son las mismas comunidades las que participarán de una manera activa en su plan de reasentamiento. La estrategia busca que la comunidad proponga y decida, junto al Estado, dicho proceso. La reubicación en sitio es la primera opción, pero hay que ser conscientes de que existen condiciones que pueden favorecer o no ese proceso”, dice Barrios, refiriéndose, por ejemplo, al estado del suelo y a la oferta de propiedades en la zona.

“Incluso los diseños de las obras públicas van a poder ser modificados según la construcción colectiva que logren las comunidades y el Estado”, agrega Barrios. “Estos dos elementos son apenas dos de los reconocimientos que están incluidos. Lo que también es importante de este documento es que le da el Estado las herramientas necesarias para llevar a cabo estos procesos”.

Habitar símbolos

El plan reconoce que “morar”, del latín morari (detenerse, retardarse, entretenerse, obrar con lentitud; y por extensión: pararse, permanecer y residir), está asociado al verbo memorari (recordar) y a mos, moris (manera de vivir). Por ello, plantea una serie de compensaciones que van más allá de lo material: implica la “construcción de espacios públicos y colectivos que tienen alto significado para el entorno vecinal de la comunidad, que se caracterizan no solo por aspectos físico-espaciales, sino también por intangibles como las representaciones culturales y simbólicas”.

Se trata de lugares que han sido producidos y apropiados por la comunidad. Y que cualquier obra pública, a partir de esta política, debe “diferenciar y proteger”, pues “poseen un valor vivencial y simbólico”. Y en ello incluye, también, a los activos ambientales del barrio, un componente que ya preocupa a la comunidad del corredor de la 80. Mauricio Jaramillo, ingeniero forestal que ha estado al tanto del proyecto, le expresó sus preocupaciones a EL COLOMBIANO el pasado mes de octubre.

“Los árboles son el verdadero fundamento que debe tener esta ciudad como estrategia contra el cambio climático. Pero este proyecto, desde mi punto de vista, apunta a un deterioro ambiental del corredor de la 80”, criticó el ingeniero. Pese a que el gerente del Metro de la 80 negó que se haya presentado ya el respectivo permiso para la tala de árboles a la autoridad ambiental la estrategia se propone otorgar las herramientas para que dicha discusión, y las demás, se realicen en el marco de una protección a estos habitantes y el bien común.

“No debería existir una tensión entre el desarrollo y las comunidades. Los proyectos de infraestructura deben entrar armónicamente con los tejidos sociales y urbanos”, finaliza Múnera, un reto que tendrá el Metro de la 80. “Nos proponemos llegar a hacer comunidad. Esta obra va a cambiar el entorno de ese corredor, y queremos hacerlo bien. Eso es lo más importante de la Política Pública de Moradores”, promete López. Un proyecto que representará un antes y un después para la movilidad de Medellín, y un voto de confianza del Estado con la ciudadanía: la máxima es que el desarrollo no deje a nadie atrás.