Por cuatro años explotaron oro ilegal en las narices del Ejército en el Bajo Cauca, Antioquia
La explotación ocurrió a pocos metros de la piscina del batallón ubicado en el municipio de Cáceres. Ejército aseguró que denunció y hasta hizo intervenciones.
Comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé como periodista en Qhubo y El Mundo. Apasionado por los deportes, las estadísticas, los temas judiciales y de movilidad. Un curioso por buscar los detalles de la noticia.
Durante cuatro años, una mina ilegal de oro operó al lado de un batallón del Ejército en Cáceres, Bajo Cauca. Pese a que la institución confirmó tener conocimiento de estas extracciones desde hace casi un lustro, la falta de medidas permitió que la explotación criminal prosperara a pocos metros de la autoridad militar.
Si bien el hecho se conoció por un reportaje de New York Times, la situación se venía presentado desde 2022 a pocos metros de la piscina del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles.
Al lado de este batallón se encuentra la finca La Mandinga, una propiedad de 2.000 hectáreas que perteneció al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco o Javier Montañez, quien está condenado desde 2011 a 33 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas y narcoterrorismo.
Dos años después, el predio fue afectado por medidas cautelares del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para ser incluida en los procesos de Justicia y Paz. El 13 de febrero de 2020 fue transferida al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas.
Pese a encontrarse este megalote en manos del Estado, la poca vigilancia que hubo sobre el mismo permitió que en 2022 no empezaran a llegar víctimas del conflicto a la zona, sino mineros ilegales, quienes comenzaron a realizar explotaciones ilegales, todo bajo la tutela del Clan del Golfo, según las autoridades.
“Entre 2.000 y 2.500 mineros informales han ocupado ilegalmente el área para adelantar explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título ni amparo legal, causando un deterioro ambiental severo e irreversible en la región”, informó el Ejército Nacional.
Incluso los militares que pertenecen a la Brigada 11 del Ejército hicieron intervenciones en estos mismos predios, como parte de su ofensiva contra la minería ilegal en todo Antioquia.
“El Ejército Nacional ha ejecutado múltiples acciones y ha desarrollado más de 20 intervenciones directas sobre la zona, logrando la destrucción de maquinaria y demás elementos empleados en estas actividades criminales”, indicaron.
Los operativos militares habrían terminado en confrontaciones con los mineros ilegales y con integrantes de este grupo delincuencial. Sin embargo, el Ejército aseguró que no ha contado con apoyo de las entidades desde el Gobierno Nacional para poder solventar el problema de raíz en estos predios, que deberían ser utilizados para las víctimas del conflicto, pero que hoy están en poder de mineros ilegales, quienes deben darle parte de sus ganancias en la explotación al Clan del Golfo.
El Ejército señaló que desde el primer momento que supieron de las explotaciones en estos predios, informaron a la Fiscalía y a la Procuraduría, pero la respuesta para solucionar la problemática no fue la esperada.
Comisión de MinDefensa
Tras lo ocurrido, una comisión liderada por el Ministerio de Defensa se encargará de la investigación sobre la mina ilegal al lado de este batallón del Ejército, según anunció el jefe de esta cartera, Pedro Sánchez.
“Se desplegó una comisión para confirmar de primera mano lo que dijo el periodista de New York Times. Cero tolerancia si encontramos algo de connivencia o falta de acción de parte de los militares que están en la zona y que son responsables de atacar este crimen”, dijo.
En medio de esta comisión se buscará establecer si hubo alguna omisión por parte de los militares de este batallón para establecer las sanciones correspondientes. “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, agregó Sánchez.
¿Es o no de la SAE?
Tras la denuncia, el Ejército aseguró que los predios utilizados para esta explotación ilegal pertenecerían a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, esta entidad aseguró que no tenía nada que ver con esta finca.
Amelia Pérez Parra, presidenta de esta entidad, explicó que “la revisión institucional también estableció que La Mandinga no fue entregado a la SAE por parte de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), según consta en las actas de empalme realizadas en 2014”.
Agregó la funcionara que su entidad no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido con la explotación ilegal en este predio, que está en los límites con el municipio de Caucasia, de acuerdo con la verificación documental que se hizo tras conocerse la denuncia realizada por el medio estadounidense.
Otro que evadió su responsabilidad sobre esta explotación ilegal fue el Clan del Golfo, que a través de sus redes sociales aseguró que “no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca”.
Lo que sí reconocieron es que cobran “un impuesto a estas actividades”, el cual se hace directamente a los mineros, dependiendo de la ganancia que obtengan.
Las autoridades de Estados Unidos también comenzaron sus investigaciones, puesto que se conoció que parte del oro explotado ilegalmente al lado de este batallón estaría terminando en cadenas de suministro que llegan a la Casa de la Moneda gringa. Lo delicado es que en EE. UU. existe prohibición de fabricar lingotes de oro con metal proveniente de otros países, medida que habría sido vulnerada por este grupo armado.