Daniel Quintero, uno de los cinco alcaldes investigados por presunta participación indebida en política

El alcalde Daniel Quintero es uno de los seis mandatarios sobre los cuales la Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones disciplinarias por su presunta participación indebida en política, según lo informó este 23 de febrero la procuradora Margarita Cabello.

Son en total cinco alcaldes con Quintero (los demás son los de Bogotá, Manizales, Catagena y Cimitarra) y un gobernador (el de Caquetá) los que están inmersos en estos procedimientos del Ministerio Público.

Respecto al caso puntual de Quintero, la funcionaria anotó que la investigación se da por una serie de manifestaciones públicas que ha hecho en el marco de la revocatoria de su mandato y que llevarían a pensar que se constituye como participación en política. Sin embargo, aún no hay conclusiones determinantes del caso y el procedimiento busca establecer si es responsable o no por estas presuntas irregularidades.

Cabello también sostuvo a los servidores públicos de Medellín, incluidos los de elección popular, que el proceso de revocatoria se puede entender como un proceso electoral y que, por eso, sobre ellos recaen las prohibiciones y restricciones de participación en política.

“El procurador provincial de Medellín le ha dicho (a Quintero) 'ojo con usar el cargo, los bienes públicos y a sus funcionarios para orientarlos y pedirles que voten por el sí o voten por el no o se abstengan dentro del proceso de revocatoria”, dijo la procuradora.

Frente a todos los casos que investigan, Cabello también sostuvo que desde septiembre de 2021 se han enviado oficios y alertas a los distintos mandatarios y servidores públicos del país respecto a las prohibiciones en participación política.

“Hemos anunciado los riesgos que corren los funcionarios, incluso los de elección popular frente a la participación en política. Que no nos digan que no los conocen y que estamos abusando del ejercicio de nuestras funciones para iniciar las aperturas de investigación correspondientes”, advirtió.

Uno de los hechos sonados en este sentido en Medellín ocurrió el 22 de diciembre cuando se denunció que en el piso 12 de la Alcaldía se reunieron funcionarios y contratistas para revisar las firmas recolectadas para la revocatoria del alcalde, luego de que la Registraduría le entregara a Quintero copia digital de las mismas.

El mismo Quintero confirmó una revisión ese día por medio de un trino, según el cual en la recolección “existió un proceso sistemático de falsificación, uniprocedencias y más del 60 % de los ciudadanos reales ni siquiera eran de Medellín”. Sus aseveraciones se dieron incluso antes de que la Registraduría emitiera un concepto.

En redes sociales se decía que más de 20 trabajadores de la Alcaldía fueron puestos a revisar las firmas. Incluso, se dijo que este número pudo llegar a 100 y que cada uno tenía el deber de revisar 1.500 firmas.

EL COLOMBIANO pudo conocer que, según algunos testimonios, a las personas que participaron les quitaron los celulares y les hicieron firmar un documento de confidencialidad.

Varios expertos en el tema han reiterado que estas acciones irían en contravía del deber de no usar recursos públicos para la defensa del proceso de revocatoria, pues todos deben salir del propio bolsillo del mandatario.

No obstante, para el alcalde este tipo de investigaciones son persecución de parte de los organismos de control en su contra. Por ello, en la noche de este 23 de febrero viajó a Washington para solicitar medidas cautelares, por esta razón y por supuestas amenazas en su contra que, según dijo, se han incrementado en las últimas semanas.