Este 8 de diciembre vence el plazo para que la ANM decida sobre el proyecto Quebradona en Jericó
La Agencia Nacional de Minería deberá definir este 8 de diciembre si autoriza o niega la nueva prórroga de exploración del proyecto Quebradona, mientras organizaciones ambientales y sociales del Suroeste alertan sobre sus impactos y piden frenar la iniciativa.
A pocos días de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) decida si autoriza o niega una nueva fase de exploración al proyecto Quebradona, en Jericó, Antioquia, organizaciones ambientales del Suroeste intensificaron su llamado para detener la continuidad de la iniciativa minera.
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Lina María Velásquez Escobar, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, aseguró que la comunidad mantiene una “oposición masiva” respaldada por años de movilización social y miles de firmas ciudadanas.
¿Qué pasará el 8 de diciembre?
En las últimas horas, a través de varias publicaciones en X, Velásquez Escobar, reiteró su rechazo al proyecto minero Quebradona y aseguró que el próximo 8 de diciembre, cuando la Agencia Nacional de Minería (ANM) tome una decisión sobre la solicitud de nueva fase exploratoria, “el Suroeste antioqueño espera que se niegue por completo la continuidad del proyecto”.
Según un comunicado publicado y firmado por diversas organizaciones del Suroeste —entre ellas la Mesa Ambiental de Jericó, Imagina Jericó, el Cinturón Occidental Ambiental (COA), veedurías y colectivos ciudadanos—, la posible aprobación de una nueva prórroga le permitiría a AngloGold Ashanti completar 20 años de trabajos exploratorios en Jericó y Támesis.
En el documento conjunto, estas organizaciones reiteran su llamado: “¡No más exploración minera en Jericó!”, y señalan que la ANM debe acatar la Resolución 0855 de 2025 del Ministerio de Ambiente, que declaró al Suroeste como Zona de Reserva Natural Temporal, una figura que busca proteger el territorio previamente a cualquier decisión de carácter extractivo.
Cuestionamientos a AngloGold Ashanti por su historial en la región
Velásquez Escobar indicó que, durante estos 18 años, la compañía ha enfrentado sanciones de Corantioquia “por tala de árboles y por violación al retiro mínimo de la Quebrada La Fea”.
En sus declaraciones, Lina María Velásquez Escobar también afirmó que la empresa ha querellado a más de 80 campesinos y líderes que se han manifestado contra la exploración minera en Jericó. Según publicó, estas acciones han generado un ambiente de presión e intimidación entre quienes se oponen al proyecto.
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Asimismo, señaló que la compañía denunció penalmente a 11 campesinos del corregimiento Palocabildo, acusándolos de secuestro, lesiones personales y hurto, hechos que —según organizaciones y líderes locales— no corresponden a la realidad.
El comunicado difundido por las colectividades del Suroeste agregó que la población ve estos procesos como intentos de judicialización para “silenciar la oposición” al proyecto minero.
Más de 78.000 respaldos: “La oposición es masiva”
La lideresa recordó que en 2020, la campaña Salva Al Suroeste logró reunir 78.198 apoyos ciudadanos, dirigidos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para pedir la negación de la licencia ambiental al proyecto.
“Después, a los cuatro años hicimos otra recogida inmensa de firmas”, dijo. Ese recopilatorio se consolidó en el libro ‘40 razones para rechazar la licencia ambiental del proyecto de minería Quebradona, en Jericó, Antioquia’, empastado en agosto de 2021.
Velásquez insistió en que la movilización continúa: “La oposición es masiva y, a pesar de la judicialización, sigue viva”.
La coyuntura ambiental del suroeste también ha sido denunciada por voces nacionales. Susana Muhamad, politóloga y ex ministra de Ambiente, advirtió en declaraciones recientes que el 8 de diciembre vence el plazo para que la ANM y el Ministerio de Minas decidan si extienden la exploración a AngloGold Ashanti. “¡No más! Es claro que no hay licencia social. La comunidad quiere mantener el paisaje y el agua, defender la agroecología, el buen vivir y el turismo biocultural”, señaló en su cuenta de X.
Muhamad agregó que “han judicializado a los viejos sabios de Jericó que han defendido su territorio” y pidió que el Gobierno, tal como lo prometió el presidente Gustavo Petro, niegue la prórroga y que la Agencia Nacional de Minería acate el mandato político del ‘Gobierno del cambio’.
La organización Morro de Agua se sumó también, manifestando que, cuatro años después de la primera gran movilización, las organizaciones del Suroeste realizaron una nueva recolección masiva de firmas, cuyo resultado fue el libro “40 razones para rechazar la licencia ambiental del proyecto de minería Quebradona, en Jericó, Antioquia”, empastado en agosto de 2021.
Según afirmó, este documento evidencia que la resistencia sigue viva, pese a los procesos de judicialización que han enfrentado varios habitantes de la región.
¿Qué está pasando en Jericó?
La tensión social y ambiental en Jericó, suroeste de Antioquia, se ha intensificado en las últimas semanas ante la inminente decisión de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que el 8 de diciembre deberá definir si concede una cuarta prórroga para que AngloGold Ashanti continúe explorando el proyecto minero Quebradona.
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De aprobarse la solicitud, la transnacional completaría 20 años de trabajos exploratorios en las montañas de Jericó y Támesis.
Desde 2007, las organizaciones campesinas, ambientales y comunitarias han liderado una oposición persistente al proyecto, argumentando afectaciones sobre el agua, los ecosistemas y la vocación agrícola del territorio.
En ese tiempo, aseguran que la empresa ha sido sancionada por Corantioquia, ha promovido querellas y denuncias penales contra más de 90 campesinos y líderes locales, y ha intentado —según denuncian— silenciar la resistencia mediante procesos de judicialización.
En 2020 y 2021, dos grandes campañas ciudadanas reunieron decenas de miles de firmas pidiendo que las licencias ambientales fueran negadas.
El debate llega a un punto crítico justo después de que el Ministerio de Ambiente declarara la Zona de Reserva Natural Temporal del Suroeste, que incluye Jericó y Támesis, y de que voces como la exministra Susana Muhamad alertaran que no existe “licencia social” para avanzar.
Las organizaciones esperan que el Gobierno cumpla su palabra de priorizar la protección del territorio y el agua.