Antioquia

Pasarán tijera en juntas directivas de siete hospitales de Antioquia, ¿por qué?

En Antioquia hay hospitales que gastan hasta $50 millones al año para que sus juntas directivas sesionen. Con ordenanza, buscan poner en cintura altos costos.

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Comunicador Social - Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. He trabajado para medios como Radio Bolivariana y El Tiempo. Hago parte del Área Metro e investigo temas de gobierno, política, salud, servicios públicos e historia. Creo en la importancia del periodismo para vigilar al poder.

hace 2 horas

En plena crisis de la salud, en el sector público de Antioquia no se explican cómo varios de los hospitales públicos del departamento se están gastando millonarias sumas de dinero solamente para sostener numerosas juntas directivas.

Buscando poner en cintura esos costos administrativos, en la Asamblea de Antioquia cursa un proyecto que le daría un remezón a los órganos directivos de siete hospitales, algunos causantes de gastos de más de $50 millones, solamente en materia de remuneración de sesiones.

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Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia, explicó que con la iniciativa se busca igualar a seis miembros las juntas directivas de siete instituciones. El listado lo integran el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, el Hospital Mental de Bello, Carisma, el Hospital La María, el Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia, el Hospital San Rafael de Itagüí y el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello.

En materia de costos, Ramírez arrancó cuestionando la utilidad de mantener juntas directivas de hasta nueve miembros, advirtiendo que dichos órganos son tan grandes que es un problema en sí mismo garantizar el cuórum de las sesiones.

De igual forma, la funcionaria advirtió que las normas que regulan esos órganos se han venido quedando obsoletas, ya que datan de mediados de la década de 1990, cuando las necesidades y afugias de la red hospitalaria departamental eran muy diferentes a las actuales.

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“Una junta directiva de nueve integrantes se está haciendo poco funcional para reunir el cuórum”, sostuvo Ramírez, añadiendo que con juntas tan grandes no se garantizaría siquiera un equilibrio en la toma de decisiones que, según la norma, pretende poner en armonía al sector político-administrativo, científico, los gremios de la producción y la comunidad.

Desde el punto de vista financiero, la secretaria recordó además que los miembros que concurren a esas juntas deben ser remunerados, lo que incrementa ostensiblemente los costos administrativos de los hospitales.

De acuerdo con los cálculos de esa dependencia, por cada sesión, un integrante de una junta de un hospital puede estarse ganando entre $500.000 y $600.000.

Este incentivo, sostuvo Ramírez, también ha generado que muchas juntas sesionen más veces.

“Esto está poniéndole, además de la dificultad operativa, unos costos adicionales a las empresas sociales del Estado, que ya están en una labor bastante compleja de llegar a niveles de eficiencia, de recortar costos administrativos para poder sostenerse en un sistema de salud que les ha impuesto unos retos bastante complicados”, dijo la funcionaria.

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Otro de los cambios que se buscan con el proyecto es el de regularizar los periodos de los gerentes, de tal forma que los mismos sean institucionales y no personales, de tal forma que si un gerente renuncia, su reemplazo permanezca por lo que resta del periodo original.

Durante el primer debate de la iniciativa, realizado el pasado 15 de diciembre, uno de los gerentes que apoyó los recortes fue el del Hospital Marco Fidel Suárez, Julián Felipe Pineda, quien sostuvo que juntas directivas tan numerosas como las de su institución —que suma nueve integrantes— hacen que la toma de decisiones sea más lenta y costosa.

“Tenemos una gran dificultad cuando se tienen que poner de acuerdo, por ejemplo, en el tema económico. Normativamente son seis juntas al año y nosotros llevamos 12, ¿a qué se debe esto? Durante diferentes periodos del año nosotros tenemos que hacer adiciones al presupuesto por diferentes situaciones que se presentan. Si lo pasamos a valores, hay que pagarles a los juntarios medio salario mínimo, si lo multiplicamos por las sesiones que van, da $8 millones, que multiplicado por los diferentes juntarios da más de $50 millones”, alertó Pineda, abogando para que el recorte burocrático se avalara.

Según quedó propuesto en el proyecto de ordenanza, el objetivo de la Gobernación es igualar al margen mínimo legal de integrantes a todas las juntas directivas, reduciendo así los costos administrativos.

Durante las últimas sesiones de 2025, la iniciativa alcanzó a ser discutida por la Comisión Segunda de Asuntos Sociales, obteniendo siete votos positivos y ninguno en contra.

Hoy jueves 15 de enero, la iniciativa será discutida en plenaria desde las 9:00 de la mañana, que decidirá si la aprueba en segundo y último debate.