30 años después, restituyen 332 hectáreas despojadas por ‘paras’ en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba en Urabá

Doce familias de la región de Tulapas, en Urabá, podrán retornar a sus tierras tras una sentencia judicial que ordena restituirles 332 hectáreas que les fueron despojadas en la década de 1990 por parte de paramilitares que actuaron en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba.

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La orden del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras se da tres décadas después de que estos campesinos tuvieron que salir de sus predios y pone fin a un proceso administrativo y judicial que se extendió durante diez años en uno de los casos de despojo que se ha vuelto emblemático en el país.

“Estas familias fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba, a través de grupos paramilitares de la familia Castaño, de Carlos Castaño, Vicente Castaño y Sor Teresa, la hermana de ellos. A través de ellos fueron despojadas esas tierras. Hoy, por fin, después de 30 años, celebramos que les devuelvan la tierra a esas familias”, afirmó el abogado de la fundación Forjando Futuros Gerardo Vega, quien ha llevado la reclamación en nombre de la familia Agamez Quintana, propietaria del predio Así es la Vida, ubicado en la vereda El Porvenir, de Tulapas.

A los integrantes de esta familia, en 1995, la violencia los obligó a abandonar su hogar. “Entraron los paramilitares y comenzaron a matar a los vecinos, entonces nos tuvimos que ir y ellos dieron 15 días para que la gente desocupara la zona”, recuerda Julia Agamez, una de las beneficiarias de la sentencia.

Después del fallo judicial, estos fueron autorizados para entrar a su finca y desde hace unos días comenzaron a sembrar, pero aún falta parte del trámite para que legalmente y con todos los documentos del caso estas tierras retornen a sus propietarios y que estos puedan acceder a medidas de reparación y programas de apoyo previstos en la política de restitución de tierras.

Vega aclaró que, aunque la decisión judicial que ahora beneficia a estas doce familias es un avance significativo, aún hay cientos de víctimas que continúan esperando que el Estado les garantice su derecho a la restitución y al retorno digno a sus territorios.

El caso de Tulapas, ubicado entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, se ha considerado uno de los mayores casos de despojo de tierras del país. Allí, miles de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos mediante la violencia paramilitar y posteriormente pasaron a manos de grandes proyectos ganaderos y forestales.

Esto sucedió entre las décadas de 1990 y 2000, mediante un modus operandi que combinó las amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados, según se ha documentado tanto mediante casos de la justicia ordinaria como de Justicia y Paz (el mecanismo que se implementó después de la desmovilización de los grupos paramilitares) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Así operó el modelo de despojo

En ese esquema, los grupos paramilitares, principalmente las AUC intimidaban a campesinos y pequeños propietarios, obligándolos a abandonar sus predios o a venderlos por valores muy inferiores a su precio real. La sentencia muchas veces fue que “me vende o le compramos a la viuda”.

Una vez las víctimas eran expulsadas, intermediarios, empresarios y particulares formalizaban la adquisición de las fincas mediante escrituras públicas, compraventas simuladas o procesos administrativos.

Las investigaciones judiciales establecieron que el Fondo Ganadero de Córdoba desempeñó un papel relevante en numerosos casos de despojo.

De acuerdo con sentencias de la Corte Suprema de Justicia, fallos de Justicia y Paz y decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Fondo adquirió o administró predios que previamente habían sido abandonados por sus propietarios como consecuencia de la violencia paramilitar.

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En varios casos, la justicia concluyó que esas operaciones facilitaron la consolidación del despojo y el posterior aprovechamiento económico de las tierras, aunque la responsabilidad penal ha recaído en personas específicas y no implica que todas las actuaciones de la entidad hubieran sido ilícitas.

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Este modelo permitió que miles de hectáreas cambiaran de manos bajo una apariencia de legalidad, mientras las víctimas permanecían desplazadas.

Años después, mediante procesos de restitución de tierras, la justicia ha ordenado devolver numerosos predios a sus propietarios originales y ha documentado cómo la violencia paramilitar y determinadas transacciones comerciales estuvieron estrechamente vinculadas en la consolidación del despojo en Córdoba.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo operó el despojo de tierras en Tulapas, Urabá, según las decisiones judiciales?

Las decisiones judiciales han documentado que el despojo combinó amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados ejecutados por grupos paramilitares, principalmente las AUC. Una vez los campesinos abandonaban sus predios o los vendían bajo presión por valores muy inferiores a los reales, terceros formalizaban las adquisiciones mediante escrituras, compraventas o trámites administrativos, dando apariencia de legalidad a las transacciones.

¿Qué papel tuvo el Fondo Ganadero de Córdoba en el despojo de tierras de Tulapas?

Diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyeron que el Fondo Ganadero de Córdoba adquirió o administró predios abandonados por sus propietarios a causa de la violencia paramilitar. En varios casos, la justicia determinó que esas operaciones facilitaron la consolidación del despojo, aunque precisó que las responsabilidades penales recaen sobre personas específicas y no sobre todas las actuaciones de la entidad.

¿Qué ordenó exactamente el juez en favor de las 12 familias de Tulapas?

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras ordenó restituir 332 hectáreas a 12 familias que fueron despojadas de sus predios en la década de 1990. La decisión también abre la puerta para que accedan a las medidas de reparación y a los programas de apoyo contemplados en la política de restitución de tierras, una vez se completen los trámites pendientes.