Iglesia emitió alerta por posible reactivación del paramilitarismo en Urabá

El obispo de Apartadó, Hugo Alberto Torres Marín, expresó preocupación por la reaparición del fenómeno paramilitar, que se consideraba estaba superado con el proceso de desmovilización adelantado por esas organizaciones en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

El jerarca católico se pronunció sobre recientes hechos en la región de Urabá en los que han sido asesinados líderes sociales y políticos, y se ha recrudecido el desplazamiento forzado y el narcotráfico.

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El obispo expresó su dolor ante el abandono por parte del Estado a esta región que con el paso de los días “se ve consumida en situaciones de desplazamiento, narcotráfico, pandillas juveniles y la destrucción del ecosistema con el aumento de la minería ilegal”.

La Iglesia diocesana de Apartadó advirtió que en la región las comunidades campesinas, comerciantes, jóvenes y niños se han convertido en actores del conflicto armado por lo cual hizo un llamado a los líderes gubernamentales y organismos de seguridad para que emprendan acciones que permitan tomar el control de estas tierras y se pueda detener este conflicto que empaña la identidad de los habitantes de Urabá.

Los hechos

Como se informó, el pasado 10 de enero fue asesinado en la vía corregimiento Saiza de Tierralta, Córdoba, a la localidad antioqueña de Carepa, con arma de fuego José Yímer Cartagena Úsuga, integrante de la Marcha Patriótica y vicepresidente de Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú.

El 27 de enero en zona rural de Turbo mataron al reclamante de tierras Porifirio Jaramillo, quien fue sacado de su casa por hombres armados que le dieron muerte en un paraje de la vereda El Tigre.

En diálogo con EL COLOMBIANO el comandante de la Policía Urabá, coronel Luis Eduardo Soler, informó que este año continuó el aumento de los homicidios en la región, la mayoría originado en retaliaciones y purgas de la organización del llamado clan del Golfo. Según las estadísticas en el primer mes de 2017 se presentó un incremento de siete casos con relación al mismo período de 2016, Se pasó de 23 asesinatos a un total de 30 este año y los municipios con más incrementos fueron Turbo y Apartadó.

La reacción de la Fuerza Pública, dijo el oficial, ante los homicidios y quema de vehículos repartidores de gaseosas y cervezas por el no pago de extorsiones ha sido una serie de operativos que terminó con la captura de 21 integrantes de “los Urabeños”, que hacían a parte del grupo de alias “Inglaterra.

Entre los capturados figuran alias “Grosero”, sindicado de atentar contra la Fuerza Pública y de alias “el Gordo”, quien al parecer fue uno de los responsables de la quema de dos distribuidores de cerveza en la vía a Belén de Bajirá, en enero pasado. En otro operativo cayó un arsenal en el corregimiento Piedras Blancas.

Para enfrentar esta situación la Policía en Urabá fue reforzada con hombres de fuerzas especiales como la Unipol.

Por su parte, Tony Lozano, secretario de Gobierno de Apartadó, indicó que en enero se registraron 7 homicidios en la población contra 5 de igual período de 2016. Cuatro de estas personas, indicó el funcionario, llevaban pocos meses de haber llegado a la población.

Destacó que para hacerle frente a este fenómeno les llegaron refuerzos de los grupos Unipol y Goes de la Policía, el Gaula y una fuerza élite del Ejército Nacional.

La Iglesia Peregrina en Córdoba y Urabá alza su voz para expresar su asombro ante las situaciones de orden público que tienen conmocionada a las gentes de la región:

1°. La gravedad social que significa el asesinato aleve de tantos líderes sociales y personas que, en un país democrático, empiezan a formar parte de los nuevos movimientos políticos independientes, legítimamente constituidos; es inaudito que reaparezca este fenómeno que se creía ya superado.

2°. El reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, cuyos grupos ingresan súbitamente a las zonas que abandonan integrantes de las Farc en su proceso de desmovilización e implementación de los acuerdos logrados en la Habana, Cuba.

3°. El modo atroz como silencian a reclamantes de tierras (en la última semana ya son más de ocho entre líderes y reclamantes); tierras de las que fueron despojadas las comunidades, en forma fraudulenta y criminal.

4°. E, control bélico de las tierras vinculadas con el fenómeno de las rutas del narcotráfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y el apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotación de la minería ilegal, la extracción de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos y el arrasamiento del ecosistema. De esto último es ejemplo el desplazamiento de pobladores y comunidades en la zona de Ituango, frente a lo cual no hay una toma de posición humanitaria por parte del Estado.

5°. Aunado a lo anterior, el incremento de las pandillas juveniles, que están invadiendo los grandes centros urbanos en Urabá, como Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao, índice inequívoco de que estamos entrando en una macabra dinámica de delincuencia organizada que gira en torno al microtráfico y la extorsión a comerciantes, empresarios, personas de a pie y que acude a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social, generando desconcierto y pánico en todos los pobladores urabaenses.

Ante estas situaciones la Iglesia se pregunta:

1. ¿Cuál es el futuro para las comunidades campesinas y de las regiones que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de los actores del conflicto armado? Salen unos y entran otros, “como Pedro por su casa”, cuando debería estarse asumiendo el manejo estatal adecuado de los territorios, para crear la autonomía, fruto del ejercicio constitucional de las fuerzas del Estado, justamente allí donde anacrónicamente no ha hecho presencia. ¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos? ¿Dónde queda lo de “pacta servanda?” No entendemos por qué se da esta situación, estos lamentables vacíos de autoridad. El gobierno nacional debe pronunciarse con claridad sobre estos asuntos que tanto daño hacen y que son causa fundante del descrédito que viene en aumento vertiginoso. Por lo menos la sospecha salta de inmediato.

2. De otra parte, haciendo eco al sentir social, la Iglesia expresa su dolor e inconformismo ante el juego de palabras empleado por representantes legítimos de los entes gubernamentales para denominar un fenómeno vergonzante que ha empañado a nuestras fuerzas militares y de policía, y que, como si no fuera ya luctuoso, ahora difama a toda esta feraz tierra de promisión, utilizando los gentilicios, emblema de la pujanza y honradez de sus pobladores; o dándoles identidad con los nombres topográficos, como nuestro estratégico Golfo de Urabá; o estigmatizando apellidos tan prestigiosos como el de Jorge Eliécer Gaitán, o la extensa descendencia Úsuga; o todo un grupo humano de industria y comercio reconocido a nivel internacional como el pueblo paisa. Duele porque se descubre un fondo malintencionado de “sofisma de distracción,” un mimetismo sutil para adormecer a la población con engaño. Reclamamos el fin de la estigmatización de una región, y el de llamar con otros nombres lo que todos reconocemos como paramilitarismo.

3. Frente al tema de la desmovilización y construcción de paz, nos preguntamos: ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la subregión? ¿Qué es lo que nos toca hacer en medio de una situación cada vez más desconcertante? No podemos olvidar lo que ha ocurrido en el pasado y que amenaza con repetirse: la historia trágica del asesinato sistemático de tantas personas que se comprometen en un cambio social y político que, bien sabemos, se debe llevar adelante.

Es tarea de todos los líderes de la región tomar conciencia de estas situaciones y agotar juntos las soluciones.