Seguridad

Procuraduría también pidió cárcel para Gustavo Villegas

Periodista y escritor. Diplomado en información económica y financiera, Geopolítica y finanzas para no financistas.

06 de julio de 2017

La Procuraduría General de la Nación pidió este jueves la medida de aseguramiento intramural contra el exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, y el exguerrillero y contratista de la Alcaldía, Mariano Humberto Zea Ospina.

A los dos se les investiga por un supuesto favorecimiento a la banda criminal “la Oficina” para que sus líderes se sometieran a la justicia.

La audiencia contra Villegas y Zea inició a las 2:30 de la tarde con el pedido de la Procuraduría para que se accediera a la petición de la Fiscalía de ordenar la detención preventiva intramural.

Para la Procuraduría, las pruebas aportadas permiten inferir que Zea y Villegas presuntamente incurrieron en el delito de concierto para delinquir agravado.

Una de esas pruebas se deriva de un interrogatorio de la Fiscalía a alias “Julio Perdomo” , quien declaró que en una reunión personal que tuvo con el exsecretario de Seguridad, este último le habría dicho que lo del proceso de sometimiento a la justicia de integrantes de “la Oficina” iba por buen camino y que culminado ese proyecto él, Villegas, aspiraría a la Alcaldía de Medellín.

“Todos hubiéramos votado por él “, dijo Perdomo, de acuerdo con lo que leyó el agente del Ministerio Público.

Para la Procuraduría, Villegas Restrepo requería de una autorización legal para negociar o propiciar ese acercamiento con “la Oficina”. El no tenerla significaría que la función pública pudo ponerse al servicio de esa estructura criminal, independientemente de si se lograba o no el sometimiento .

En opinión de la Procuraduría, Villegas, como secretario de Seguridad, habría pasado la raya de lo lícito, toda vez lo que hubiera podido ser un intercambio de opiniones para un sometimiento, pasó a un comportamiento comprometedor de pactos y acuerdos entre las partes. Y más, agregó el representante de la Procuraduría, si había beneficios personales para Villegas.

El agente del Ministerio Público insistió en que el acercamiento de Villegas a “la Oficina” para la entrega se desnaturalizó, se desvirtuó y hasta se sacrificaron algunas piezas de esta banda para garantizar el mecanismo de poderes que manejan.

De la mano con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría recordó que realizar acuerdos o convenios con organizaciones criminales sin autorización legal es una forma de promoción de dicha organización.

Luego de decretarse un receso de una hora para que la defensa de Villegas y Zea estudiaran las pruebas de la Fiscalía, la audiencia fue suspendida hasta este viernes tras una falsa alarma de bomba en el piso 8 de la Alcaldía de Medellín. (Lea: Falsa alarma de bomba obligó evacuación de la Alcaldía de Medellín)

“Un acuerdo siniestro”: Fiscalía

El Fiscal 64 calificó el pasado miércoles el caso que se le sigue a Villegas como un “acuerdo siniestro”, por su presunta relación con cabecillas de la estructura criminal “La Oficina de Envigado”, y que pretendía concluir en un proceso de sometimiento a la ley.

En criterio del ente acusador, el funcionario buscaba reducir los índices de homicidios en la capital antioqueña, posicionarse para una eventual candidatura a la alcaldía y también habría obtenido beneficios personales, mediante el no cobro de extorsiones a una empresa distribuidora de alimentos de la que es socio.

Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía afirmó que Villegas utilizó medios y bienes de la Alcaldía de Medellín para adelantar ese proceso de sometimiento, sin tener autorización del Gobierno Nacional y sin contar con un marco legal para realizar esos contactos con la organización delincuencial.

Según las hipótesis del fiscal 64, Villegas no atacó a “La Oficina de Envigado”, como era su deber.

En su lugar, la habría promovido y ayudado para que tuviera una dignidad de la que carece. Para ello, el funcionario se habría concertado con alias “Julio Perdomo” o “el Viejo”, quien fue capturado en marzo de 2017 por el presunto delito de desplazamiento forzado y concierto para delinquir; y con Mariano Humberto Zea Ospina, exguerrillero que estuvo en prisión en los 90 y quien ha sido contratista de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Entre las pruebas aportadas por la Fiscalía dentro de la imputación de cargos, figura la presunta entrega de información privilegiada de Villegas a cabecillas de las estructuras criminales.

En agosto de 2016, les habría advertido de la próxima publicación del cartel de los delincuentes más buscados por la Policía, lo cual, afirmó la Fiscalía, habría servido para que se evadieran de las autoridades alias “Diablo”, “Pecoso” y “Gordo Arepas”.

De acuerdo con declaraciones de testigos, Villegas habría obrado de esa manera para mostrar que estaba firme en sus relaciones con los cabecillas de “La Oficina”.

Los supuestos favores de “la Oficina”

También en octubre de 2016, el hoy exsecretario de Seguridad de Medellín habría omitido su deber ciudadano de denunciar un delito ante las autoridades: la retención de un camión de la empresa Surtialimentos en el sector de Santo Domingo, por el que ilegales exigían el pago de una “vacuna” de 150.000 pesos.

El Fiscal dijo que Villegas le pidió ayuda a alias “Julio Perdomo”, por intermedio de Zea, para solucionar el problema, en una cadena de mensajes que llegó hasta alias “el Perro”.

En su escrito, la Fiscalía destacó las relaciones presuntamente delictivas de Villegas, a través de “Julio Perdomo” y Zea, con cabecillas de “La Oficina de Envigado” como alias “Pichi”, “Soto” y “Barney”.

Para el ente acusador, Villegas tenía un loable propósito de propiciar el sometimiento a la ley de las estructuras criminales, pero el mismo se habría desvirtuado para favorecer sus intereses, además de incurrir en una presunta desviación de sus funciones como secretario de Seguridad de Medellín.

Entre los hechos destacados por la Fiscalía para probar los presuntos ilícitos, figuran conversaciones de Villegas con “Julio Perdomo” y Zea para que, por ejemplo, le ayudaran a recuperar un vehículo de la Alcaldía de Medellín, que había sido retenido por ilegales en el barrio El Pedregal.

Dentro de ese presunto esquema de ayudas recíprocas y muestras de buena voluntad entre las partes, la Fiscalía destacó las gestiones de Villegas para frenar unas extorsiones que en noviembre de 2016 les estaban haciendo a conductores del barrio Boston. Alias “Julio Perdomo” confirmó que se habló con los cabecillas delincuenciales y no hubo más cobros ilegales.

Apoyada en testimonios e interceptaciones telefónicas, el ente acusador reveló que los tres fleteros que cometieron un hurto en la Autopista Norte, en enero de 2017, no habrían sido capturados por las autoridades locales, sino que habrían sido entregados por órdenes de cabecillas como alias “Pichi”, con la intermediación de “Julio Perdomo”.

En una de las pruebas de la Fiscalía, Villegas presuntamente dice “ayúdeme con los fleteros, que le bajen a eso, porque ayuda mucho para lo que sigue”.

Según la Fiscalía, el entonces secretario de Seguridad les habría advertido a los cabecillas de “La Oficina” que si no entregaban a los fleteros, habría operativos de las autoridades en el barrio Manrique. Al sitio de la entrega llegó el alcalde, Federico Gutiérrez, luego de que Villegas le dijera por teléfono: “no se preocupe, ya los tengo”.

Ayer, el Fiscal 64 descubrió las pruebas en contra de Villegas y Zea, a los cuales les imputó los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia de particular. Así mismo, pidió para ellos una medida de detención intramural, porque, en su criterio, son una amenaza para la sociedad y pueden interferir con la investigación penal que se adelanta contra ellos.

Extraoficialmente, fuentes cercanas a Villegas Restrepo expresaron que el exfuncionario está tranquilo, pues tiene el convencimiento de que los acercamientos que tuvo para propiciar el sometimiento de integrantes de “La Oficina de Envigado” se hicieron con sujeción a la ley.