Reclutamiento de jóvenes, un problema sin rostro

En Medellín, la baja denuncia en los casos de reclutamiento de menores de edad, por parte de grupos armados, constituye un problema al momento de profundizar en investigaciones que permitan la judicialización de los responsables.

Con el diagnóstico de esta problemática y las rutas de atención para hacerle frente, iniciaron, el pasado lunes 9 de abril, las sesiones de la Mesa Municipal de Prevención del Reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales.

Este organismo local, junto con entidades nacionales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, trabajan en el diseño de un plan de intervención que llegue a todas las comunas de Medellín.

Una de las prioridades será que los habitantes de los barrios puedan acceder a asesorías psicológicas o jurídicas ante un caso de reclutamiento cercano.

Los sectores a los que se dará prioridad son Altavista, Robledo, La Loma y San Javier (sector de Las Independencias), donde se han emitido recientemente alertas por parte de la Defensoría del Pueblo.

Cifras inexactas

Según Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, existen dificultades para consolidar estadísticas sobre los menores de edad afectados por este fenómeno.

“El año pasado tuvimos 12 casos, pero pueden haber muchos más que no han sido reportados, por tratarse de un tema invisibilizado. Por eso queremos que tenga rostro y que podamos tener una intervención en prevención y atención, así como una línea judicial que evidencie esta situación”, indica Arcila.

De acuerdo con el informe de Derechos Humanos 2017 de la Personería de Medellín, uno de los principales inconvenientes en términos del problema de reclutamiento y uso de menores de edad en actividades delincuenciales en la ciudad es la inexistencia de un plan claro de atención para la desvinculación de las víctimas de esos grupos.

Alejandro De Bedout, secretario de la Juventud de Medellín, afirma que de los 554.000 jóvenes que habitan la ciudad, el 11 % (66.000) se encuentran en situación de riesgo.

La principal estrategia para enfrentar el reclutamiento, indica el secretario, es la implementación de una alerta temprana para atender los casos de mayor riesgo.

Alexandra Virviesca, delegada de la Unidad para la Protección del Interés Público de la Personería de Medellín, explica que, junto con el reclutamiento comercial (mendicidad, ventas callejeras), se han fortalecido modalidades de vinculación para encargarlos de la distribución de sustancias psicoactivas dentro de las instituciones educativas y surgido otras, como el reclutamiento con fines sexuales.

Un fenómeno complejo

Andrés Felipe Lopera Becerra, politólogo de la Universidad de Antioquia, explica que algunos de los factores principales que inciden en el reclutamiento, utilización y vinculación de niños y adolescentes en grupos ilegales son la presencia de dichas organizaciones en sus barrios, la precarización económica, la falta de acceso a bienes y servicios básicos y las dificultades de acceso a la justicia en territorios donde los actores armados comienzan a apoderarse de espacios que, originalmente, debería ocupar el Estado local.

Adicionalmente, Lopera señala que una situación que pone en mayor riesgo a los menores de edad es que, por lo general, los reclutadores son personas cercanas a las víctimas y no agentes externos.

“No hay una diferencia tajante entre las personas que componen estas organizaciones armadas y los chicos a los cuales reclutan. Son del mismo territorio, muchas veces son vecinos o conocidos”, advierte.

Dentro de las funciones asignadas a los menores de edad se encuentran operaciones como suministro de información, cobros de extorsiones y tráfico de estupefacientes. “Están en la primera línea, donde pueden ser desechables o son más baratos” para estos grupos, asegura.

El politólogo enfatiza en que uno de los obstáculos para contabilizar a las víctimas es que no se habla solo de reclutamiento, sino también de vinculación y utilización y que estas modalidades se convierten en zonas grises que, a veces, no se abordan.

“No está muy claro cuántos están realmente reclutados, cuántos vinculados y cuántos utilizados. Asisten muy pocos jóvenes a las denuncias que se ponen en la Unidad de Víctimas. La mayoría es porque los desplazaron del territorio y necesitan una ayuda humanitaria”, aclara.