Cambio de contratistas en Hidroituango tiene a Daniel Quintero con la Contraloría encima

El atropellado cambio de constructores que puso bajo incertidumbre las obras finales de Hidroituango está ahora bajo la lupa de los entes de control. La Contraloría General de Antioquia abrió una actuación especial de fiscalización sobre el megaproyecto, en la que determinará si durante la licitación de sus obras finales se habrían perdido recursos públicos.

Pese a que dicho cambio de constructores fue una decisión de la EPM de Jorge Carrillo y la Alcaldía de Daniel Quintero, el ente anticipó que centrará sus pesquisas sobre la Sociedad Hidroituango S.A., dueña del proyecto y de la que la Gobernación y EPM son los grandes accionistas.

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“La Contraloría General de Antioquia busca verificar con rigor técnico, y sin prejuzgar responsabilidades, si dichas decisiones generaron impactos fiscales (...) y si se configuraron eventuales responsabilidades fiscales, dada la magnitud de los recursos públicos comprometidos, ya que pasó de $410.000 millones a cerca de $900.000 millones, sin que supuestamente se evidencie una variación proporcional del alcance técnico de las obras”, advirtió el ente.

Esta última sociedad publicó, no obstante, un comunicado en el que sostuvo que la responsabilidad de ese cambio de contratistas sería del resorte de EPM y señaló que pondría a disposición del ente de control un paquete de comunicaciones internas en la que esta expresó sus reparos a la decisión.

Las pesquisas de la Contraloría partieron de una solicitud formulada por la abogada Gloria Jaramillo, también conocida como Tyche, en la que planteó que el ente debería realizar una auditoría integral para revisar la licitación de las obras finales de Hidroituango, que abarcan las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, aún pendientes de encenderse.

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En su recurso, Jaramillo planteó que los aplazamientos que sufrió dicho proceso, el incremento de su presupuesto y los traumatismos que generó en la ejecución de las obras habrían tenido un alto impacto financiero tanto en la Alcaldía como en la Gobernación.

Aludiendo a la veeduría realizada sobre ese proceso por el sindicato de EPM, Sinpro, y también a pesquisas propias, Jaramillo planteó que, además del incremento en el presupuesto, se habría generado un lucro cesante de $5.000 millones diarios por cada unidad de generación, lo que equivaldría a un detrimento patrimonial de aproximadamente $3 billones.

“Estos hechos configuran indicios serios de un posible detrimento patrimonial, derivado no de un evento fortuito, sino de decisiones administrativas y contractuales específicas, adoptadas por la alta dirección de EPM y la junta directiva de Hidroituango ESP, bajo la presidencia del alcalde de Medellín para el periodo correspondiente”, argumentó la abogada, señalando además ver con sorpresa que pese a esas grandes estimaciones ningún ente de control hubiera iniciado procesos al respecto.

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Al hacer pública la apertura de la auditoría, la Contraloría informó que sus pesquisas tendrán ese enfoque, anticipando que en la investigación le prestará especial atención a posibles sobrecostos y contingencias fiscales asociados al cambio de contratistas, eventuales afectaciones al patrimonio público y más riesgos fiscales en los que se podría haber incurrido.

Entre tanto, este 3 de febrero, la Sociedad Hidroituango emitió un pronunciamiento, en el que defendió sus actuaciones.

La entidad argumentó en primer lugar que desde 2011, cuando se firmó el contrato tipo BOOMT con EPM (Construir, Operar, Poseer, Mantener y Transferir, por sus siglas en inglés), la compañía de servicios públicos se había convertido precisamente en el principal responsable del proyecto y gozaría de plena autonomía para tomar decisiones sobre el mismo.

“Durante la administración del alcalde Quintero, quien además ejercía la Presidencia de la Junta Directiva de EPM, en 2023 esa empresa decidió de manera autónoma y en atención a sus procedimientos internos de selección, no continuar con los contratistas iniciales que desarrollaban la etapa constructiva desde 2011, y los cambió”, argumentó la sociedad, señalando a renglón seguido que desde que tuvo conocimiento que ese cambio se iba a realizar formalizó su oposición por escrito.

En dichas comunicaciones formales, enfatizó la sociedad, se alertaron de los retrasos que se podrían generar en la obra y los respectivos riesgos financieros.

Bajo ese panorama, la Sociedad señaló que dichas comunicaciones fueron dejadas a disposición de la Contraloría General de Antioquia, para que en sus investigaciones tenga claridad sobre cómo se dio el cambio de contratista y las consecuencias de la decisión.