¿Qué pasó en la Asamblea de Antioquia que suspendieron el debate del presupuesto del departamento para el 2026?

La discusión en segundo debate del Proyecto de Ordenanza #53, que busca establecer el presupuesto general de Antioquia para la vigencia fiscal 2026, fue abruptamente suspendida el martes 18 de noviembre, luego de que el ambiente se caldeara entre un grupo de asistentes y los diputados, por lo que la presidenta de la corporación, la diputada uribista Verónica Arango, suspendió la sesión y la pasó para hoy 19 de noviembre, en una decisión que no estuvo exenta de polémica y críticas, por quienes la consideraron antidemocrática.

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Incluso, en un principio Arango aseguró que en la sesión de este miércoles no iba a permitir el ingreso de asistentes, pero luego cambió de decisión, pues incluso el mismo gobernador Rendón hizo el pedido de que fuera abierta al público

El proyecto en cuestión es crucial para el departamento, pues fija un presupuesto que supera los $7,96 billones de pesos, representando un incremento cercano al 17% respecto al presupuesto del 2025 (que fue de más de $6 billones).

¿Hubo sabotaje o censura en la Asamblea?

La sesión ordinaria del 18 de noviembre, convocada para el segundo debate del presupuesto, no pudo finalizarse debido a una serie de alteraciones en el recinto. La Asamblea emitió un comunicado señalando que, en cumplimiento del principio de acceso ciudadano, se había permitido el ingreso de un grupo de personas que se identificaron como estudiantes de la Universidad de Antioquia.

Una vez dentro, se les recordaron las normas de permanencia, indicando que las intervenciones debían hacerse desde el atril y con previa inscripción, conforme al Reglamento Interno.

No obstante, la entidad denunció que, durante el desarrollo de la sesión, se presentaron interrupciones reiteradas desde las graderías. A pesar de los llamados al orden, algunos asistentes persistieron en comportamientos que fueron calificados como saboteo, incluyendo “improperios, intervenciones soeces, agresiones verbales contra funcionarios y alteraciones sistemáticas del debate”.

Ante estos hechos, la decisión de suspender el debate fue tomada por la presidenta de la Asamblea, la diputada Verónica Arango, con el fin de salvaguardar “el orden, la seguridad y la integridad del debate democrático”.

La continuidad de la plenaria fue programada para hoy, miércoles 19 de noviembre. Sin embargo, la suspensión generó una fuerte polémica entre los diputados, especialmente por la directriz final de la Presidencia de realizar la sesión sin público asistente.

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La diputada Verónica Arango defendió la medida, señalando que la suspensión fue necesaria “debido a que desde las gradas el público no permitió el desarrollo con improperios, insultos y agravios”. Arango reafirmó el compromiso de la corporación con la democracia, pero también con la responsabilidad de garantizar que sus funcionarios y diputados “tengan garantías”. No obstante, señaló que los estudiantes y la comunidad pueden participar con micrófono abierto, inscribiéndose previamente, o seguir la transmisión en YouTube.

Desde la oposición, el diputado Juancho Muñoz criticó duramente la decisión, acusando a la Presidencia de la Asamblea de “Evitar a toda costa el debate”. Muñoz denunció la “maniobra” de convocar la sesión para la mañana del 19 de noviembre “a puerta cerrada”, impidiendo que “estudiantes, ni profesores, ni administrativos puedan entrar, observar o alzar la voz para defender el financiamiento de las universidades públicas de Antioquia”.

Muñoz sentenció que “cuando una institución necesita esconderse del pueblo para tomar decisiones, es porque sabe que está actuando en su contra”. Además, aseguró que el intento de someter a votación el ingreso del público al recinto “revela el miedo que algunos le tienen a la participación y al control ciudadano”.

Otro diputado de oposición, Manuel García, calificó el aplazamiento y la pretensión de cerrar las puertas como un “error político, con costos políticos” e insistió en la necesidad de escuchar a los estudiantes de la UdeA y otros sectores sociales.

El diputado Luis Peláez se sumó a las críticas, preguntando si realizar la sesión sin público era antidemocrático, y lamentando que “muchos diputados se enseñaron a hacer debates con las gradas vacías y se asustan cuando las ven llenas”.

Incluso el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, intervino en el debate público, solicitando a la Asamblea que continuara el debate del presupuesto “con participación ciudadana”. Rendón enfatizó que la discusión presupuestal “demanda escuchar todas las voces, siempre en un ambiente cordial y respetuoso”.

El presupuesto que se debate

El Proyecto de Ordenanza #53, aprobado previamente en primer debate por la Comisión Primera de Hacienda y Asuntos Económicos, está aforado en 7,96 billones de pesos. De este monto, alrededor de 5,4 billones de pesos van directamente a los proyectos de inversión del departamento (POA).

El incremento presupuestal está impulsado por mayores ingresos tributarios y la recuperación de rentas no tributarias, como el monopolio de licores y los aportes de la FLA.

Entre las principales fuentes de ingresos para 2026 se encuentran:

• Licores: se proyecta un ingreso de $1,2 billones.

• Impuestos de vehículos: proyectados en $785.000 millones, destinados principalmente a combatir el hambre.

• Transferencias corrientes del Gobierno Nacional: alrededor de $2,1 billones.

En cuanto a la inversión social, el Plan Operativo Anual de Inversiones (POA), sustentado por el diputado Luis Gabriel Gómez Grisales, prioriza cinco áreas clave:

1. Educación: 2,48 billones, destinados en gran parte al pago de la nómina de profesores (1,7 billones).

2. Infraestructura física: Más de $1 billón, enfocado en el mantenimiento vial terciario y secundario, y cofinanciación de proyectos estratégicos como el Túnel del Toyo (aproximadamente $28.000 millones) y el Metro de Medellín (más de $29.000 millones).

3. Salud: Cerca de $977.000 millones, dirigidos al aseguramiento y fortalecimiento de la red hospitalaria.

4. Seguridad y justicia: Más de $291.000 millones, para infraestructura y tecnología de seguridad y convivencia.

5. Medio ambiente: Más de $138.000 millones, con un foco importante en acueducto y saneamiento básico.

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Sin embargo, el debate se ha centrado en las denuncias de presuntos recortes a la educación superior pública. El diputado Muñoz señaló que el Proyecto 053 “recorta los recursos destinados a la UdeA, al Politécnico Jaime Isaza Cadavid y a la IU Digital”.

La Asamblea retomó hoy 19 de noviembre la discusión para la aprobación final del presupuesto, con la tensión entre la necesidad de garantizar el orden institucional y el reclamo de la ciudadanía, especialmente los estudiantes, por la participación democrática en un debate que define las prioridades de inversión para todo el departamento.