Un año de sortear al virus y a la violencia en Bello

El primer año de gobierno del alcalde bellanita, Óscar Pérez Muñoz, ha estado marcado por la pandemia, la violencia de grupos ilegales y la crítica de la comunidad a la planta de tratamiento de aguas de EPM. Conversamos con él sobre estos y otros asuntos de relevancia.

¿Cómo evalúa los efectos de la pandemia en Bello?

“Los hemos enfrentado de forma proactiva, pudieron haber sido más fuertes, porque en una ciudad de 700.000 habitantes tenemos 15.000 recuperados y 300 casos activos, lo que quiere decir que hubo un buen trabajo de parte y parte: el gobierno local en sus estrategias, y el autocuidado de la ciudadanía. Aún no podemos cantar victoria, tenemos más de 250 fallecidos, pero para un contagio de 15.000, no llegar al 1% de letalidad es un buen resultado, a pesar de lo intempestivo que nos cogió la pandemia, pues nadie estaba preparado para esta situación”.

¿Cuál ha sido el momento más crítico?

“La primera cuarentena (25 de marzo) fue traumática, por lo que se deriva del encierro de las personas y que perdieran sus empleos; la presión social para llegar con las ayudas humanitarias a los necesitados, la incertidumbre de cuánto iba a durar y cuándo llegaría el pico de contagios, y la presión por el aumento de camas UCI”.

Otro tema de salud pública son las quejas sobre la planta de tratamiento Aguas Claras. ¿Cuál es su postura frente al manejo que le da EPM a los cuestionamientos de la comunidad?

“Cuando llegamos en enero, encontramos un alto nivel de olores desagradables generados por la planta. Armamos un equipo de reacción con la comunidad, EPM y el Concejo, de ahí salieron las 36 acciones a las que se comprometió EPM, que tienen que derivar en cero olores. De esas 36 acciones, en el último encuentro que tuve con EPM nos dijeron que solo faltaba una, hicimos un recorrido por la planta y los olores se han mitigado, pero tenemos que estar vigilantes y que EPM cumpla el compromiso de cero emisión de olores negativos”.

El Consejo de Estado falló en favor de EPM y ordenó a Bello devolverle $89.527 millones por el pago de la plusvalía en ese proyecto. ¿Ese pago no generará un vacío fiscal en el Municipio?

“Claro que sí, si somos obligados a eso, tendremos que llegar a un acuerdo con EPM, porque estos $89.527 millones fueron entregados en 2009, recursos que se invirtieron en infraestructura para la unidad deportiva, el intercambio vial de Madera, el puente ciclopeatonal que comunica a la unidad deportiva con Las Vegas, pavimentación de la autopista entre Solla y Niquía, canchas sintéticas y megacolegios. Si tuviéramos que sacar ese dinero, como municipio no somos capaces, pues nuestra estructura fiscal no tiene la capacidad de hacerlo, pero además venimos pidiendo una aclaración de ese fallo (ante el mismo Consejo de Estado), porque consideramos que al Municipio lo condenan por una cosa que ya estaba juzgada y fallada a nuestro favor. El cobro de plusvalía lo hicimos de forma técnica, y si hubo algún cobro de más, no fue de $89.527 millones, y se tendría que volver a revisar bajo las condiciones del Estatuto Tributario, pero no es justo que Bello deba pagarle ese dinero a EPM”.

Los bellanitas han sufrido la violencia generada por la disputa de tres bandas, la cual mermó por el trabajo de las autoridades y por un pacto de paz entre esos grupos. ¿Cuál es la estrategia para evitar que ese conflicto se reactive?

“Primero, lo que ha pasado hoy en Bello no obedece a ningún pacto, y como Estado no reconocemos ningún pacto entre criminales; la única alianza que se reconoce es la de la institucionalidad, con la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Cuando llegamos al gobierno en enero, nos encontramos un cartel de los 10 más buscados del municipio, de esos ya van ocho capturados, es una cifra positiva. Tenemos que darle reconocimiento a la ciudadanía, porque a través del mecanismo de recompensas, nos ha venido entregando información y ya repartimos $400 millones. La estrategia es seguir trabajando de la mano con la ciudadanía y no dejar de lado la presencia con la Fuerza Pública. Además, venimos generando oferta institucional para los jóvenes de sectores afectados por la violencia, y pronto todo el gobierno se va a desplazar a estos barrios, a Pachelly, a Niquía y al barrio Mesa, a tocarles la puerta a estos jóvenes, a invitarlos a que estudien, hagan deporte. Estamos trabajando con los gremios y asociaciones, para que con los empresarios generemos empleo. La oferta institucional para los jóvenes incluye el proyecto Galileo para educación superior, la creación del Inder Bello y el programa de estímulos para los artistas bellanitas”.

Un proyecto importante que se desarrolla en Bello es el Central Park, que incluye el autódromo. ¿Usted es partidario de esa obra?

“Claro, ese proyecto de la Gobernación debe desarrollarse. Creemos que si se le permiten otros usos, puede ser benéfico para la ciudad. Es un autódromo y está diseñado técnicamente para eso, pero ahí también podemos tener patinaje, atletismo, ciclismo; si se abre para que la comunidad se apropie cuando no haya carreras, puede ubicar a la ciudad en una buena posición turística, por las carreras y grandes eventos. Además, sería más caro desechar ese proyecto, debe seguir adelante”.

Hay varios sectores urbanizados de forma ilegal, lo que genera desalojos problemáticos como el de hace unas semanas en el barrio París. ¿Bello tiene cómo llevar los servicios a esos nuevos vecindarios, o cómo controlará este fenómeno?

“El municipio no alcanza a generar una oferta institucional completa para todos esos sectores. Históricamente se ha fallado en el control y nosotros llegamos a ejercer control en estas zonas, pero hay que dejarle claro a la comunidad que no estamos recuperando ese espacio por fastidiarla, sino que detrás de estas invasiones está el fomento de rentas criminales por parte de grupos al margen de la ley, que venden estos lotes y le están haciendo daño al medio ambiente, porque los incendios de los últimos meses son intencionales, para la quema de árboles y poder entrar los ilegales a vender el terreno. En París estamos en la recuperación de un lote perteneciente al Hospital Mental, del cual se han apoderado los ilegales para vendérselo a la gente. La culpable no es la ciudadanía, porque abusan de su buena fe, pero son los que terminan sufriendo por los recursos que han invertido ahí”.

El Consejo de Estado ordenó construir el acueducto de la vereda Granizal, zona que tampoco está en el POT. ¿Cómo actuará la Alcaldía?

“Después de este fallo en el que condenan a EPM, a Bello y otras instituciones, creamos una mesa técnica en la que el Municipio empieza a asumir compromisos para cumplirlo, como el cambio en el POT para que EPM pueda llegar ahí con los recursos. Iniciamos la caracterización de la comunidad con el censo del Sisbén 4, entonces vamos a aprovechar para hacer la identificación y cumplir el fallo. Y lo otro es mejorar las vías de acceso. Por ahora EPM está surtiendo el agua con carrotanques”.

¿Cuál es su postura frente a la idea de eliminar los peajes en el norte del Aburrá?

“Estamos de acuerdo, el Aburrá Norte ha tenido una carga durante más de 20 años. Inicialmente el compromiso de esta carga con estos dos peajes fue para la construcción de la doble calzada Bello-Hatillo, que ya está, entonces esta carga ya deben asumirla otras regiones, porque estos peajes no han permitido el crecimiento empresarial ni un desarrollo más armónico en la zona”.

Una apuesta suya en educación es el proyecto Galileo, ¿qué tiene de innovador?

“La posibilidad de generar una oferta de educación superior muy rápida para los jóvenes, entregándoles una beca hasta por el 80% en la carrera técnica, tecnológica o profesional que escojan. Invitamos a 25 universidades del Valle de Aburrá, las tendremos acá en la ciudad, y hacemos una apuesta con 3.000 becas en este cuatrienio, hasta por el 80% del valor de la matrícula, y hay un compromiso de las universidades de ayudarnos con este subsidio. La inversión de la Alcaldía supera los $5.000 millones anuales”.

¿Hay planes de crear una universidad en el municipio, para que los bellanitas no tengan que ir a estudiar a otras ciudades?

“Sí, estamos trabajando en el estudio de factibilidad para la universidad pública de Bello, tenemos un equipo técnico realizando este estudio que debe terminar en diciembre, para presentárselo a los Ministerio de Educación y Hacienda. El sitio ya lo tenemos dispuesto con el Departamento y el Idea, que es el colegio de San Elías, ubicado en el corazón del conflicto (de bandas), entre los barrios Araucarias y Pachelly”.

A diferencia de su anterior mandato en Bello, ¿cómo siente hoy el clima político y de gobernabilidad?

“Siento las fuerzas políticas a favor, he reconocido con respeto a la clase política de nuestra ciudad y hay un trabajo armónico con los diferentes sectores, excepto con la izquierda de Bello; sin embargo, para ellos (los de izquierda) las puertas de nuestro gobierno tampoco han estado cerradas, la ciudad la construimos todos. Nuestro Plan de Desarrollo, que fue aprobado por 16 votos de 19, nos da tranquilidad para trabajar y se empieza a generar una confianza institucional y algo por lo que hemos venido trabajado: recuperar la confianza ciudadana”.