En centros de reclusión de menores están violando los derechos: Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo emitió un informe que revela las “condiciones deplorables” en estos centros especializados. El Icbf ya inició los correctivos.
Reportero. Creo, como Rainer Werner Fassbinder , que “ lo que no podemos cambiar, debemos al menos describirlo”.
Cuando la Policía de Ibagué captura a un menor de edad lo remite, usualmente, al Instituto Politécnico Luis A. Rengifo, un centro que tiene la misión de “resocializar a los jóvenes infractores”. A este lugar llegaron investigadores de la Defensoría del Pueblo y el hallazgo fue contundente: “En la visita se encontraron celdas sin luz natural ni artificial y varias de ellas presentan humedad, paredes con hongos, inundación, corrosión, malos olores y camas en condiciones deplorables”.
Los investigadores fueron más allá. Visitaron los centros de atención especializada para jóvenes en Bogotá, Cali, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena. Los testimonios de 260 adolescentes fueron suficientes para concluir que “El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente ha sido un instrumento de vulneración de los derechos de niños y niñas”.
En los 18 centros de reclusión estudiados, la Defensoría encontró que se violaron 11 derechos del Código de Infancia y Adolescencia, como el de no ser sometido a ningún tipo de aislamiento; a mantener comunicación con los familiares, a permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito próxima al domicilio de los padres. Algunos vulneraron el derecho a las condiciones óptimas de higiene, seguridad y salubridad. De hecho, son varios los casos en donde incumple el derecho a ser examinado por un médico.
En muchos casos las complicaciones se presentan antes de que los jóvenes ingresen a los centros especializados. “Se encontraron múltiples situaciones en las cuales se impuso la privación de la libertad sin dar posibilidad de tramitar opciones de justicia restaurativa y principio de oportunidad”. Según el informe, desde 2006 sólo se han dado 19 casos en Medellín donde se aplica el principio de oportunidad para jóvenes infractores.
Niñas embarazadas
Los investigadores relataron que hubo centros en los que “se encontraron en privación de libertad adolescentes mujeres en estado de gestación y con hijos lactantes, lo cual desconoce las normas de protección a la infancia y la adolescencia”.
En los centros visitados encontraron espacios de “observación” y “reflexión”; lugares “en los que se aísla a quienes infringen las normas de convivencia, entre dos y 40 días, tiempo durante el que se impide a los adolescentes su participación en actividades deportivas, culturales y sociales”.
Son condiciones, a juicio de la Defensoría, “denigrantes (...) carecen de una cama mínimamente dispuesta, luz, ventilación y batería de saneamiento básico, como ducha y sanitario adecuados, además de ser el lugar en donde tienen que consumir sus alimentos”.
El año pasado, la Defensoría advirtió la anterior irregularidad ante el Icbf, entidad que emitió un memorando ordenando “suspender las celdas castigo”. Las autoridades coinciden en que los casos de adolescentes infractores van en aumento. En 2010, según la Policía, se registraron 24.405 delitos por parte de adolescentes frente a 30.843 en 2013, es decir, hubo un aumento del 20%.
Icbf toma medidas
Juliana Cortés, subdirectora de responsabilidad penal para adolescentes en el Icbf, explicó que “tan pronto se conocieron las irregularidades se tomaron acciones. Implementamos planes de contingencia en las regiones visitadas por la Defensoría. En el caso de las celdas de castigo expedimos un protocolo de intervención para adolescentes en crisis. No se debe acudir nunca al aislamiento”.
Para que los centros de atención dejen de ser vistos como cárceles es necesaria una cuantiosa inversión y el apoyo de entidades territoriales. Cortés aseguró que la Gobernación del Tolima, por ejemplo, ya destinó 180 millones de pesos para adecuar la infraestructura. Aunque el Icbf subcontrata la operación de los 32 centros de atención a jóvenes que hay en el país con congregaciones religiosas como Capuchinos y Claretianos, este año planea aumentar la inversión hasta 200 mil millones de pesos, frente a 116 mil millones de pesos que se invirtieron en 2014.
Hasta el momento, la misión de garantizar el derecho de los jóvenes y “resocializarlos” no se ha cumplido. Los investigadores de la Defensoría les preguntaron a los jóvenes qué sentían después de pasar por estos centros: “ellos expresan sentimientos de frustración, tristeza, desesperanza, aburrimiento y resentimiento”.