Cumbre Petro-Trump: los 5 fracasos que Estados Unidos le endilga a Colombia en la lucha contra las drogas
En la conversación entre jefes de Estado, estos son los puntos más críticos.
Periodista especializado en temas de crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo. También soy escritor y dramaturgo, autor de las obras teatrales “La Trilogía del Mal” y “Estallido”.
La lucha contra el narcotráfico es uno de los puntos centrales de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, en Washington.
El jefe de Estado colombiano llegó a esa cita con una inclusión en la Lista Clinton y una descertificación para su país a cuestas.
Los siguientes son los factores en los que, para la Casa Blanca, el gobierno Petro está fallando en materia de control antidrogas.
1). El crecimiento de los cultivos ilícitos
De acuerdo con los monitoreos de cultivos ilegales de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen, los sembradíos de coca vienen creciendo en Colombia desde los diálogos de La Habana, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las antiguas Farc.
En ese entonces (2013), se calculaba que en Colombia había 48.000 hectáreas de coca, y de allí inició un crecimiento sostenido de esa actividad. Durante el mandato de Petro, la cifra se incrementó de 230.000 hta en 2022 a 262.000 en 2024.
Lo que ha hecho Petro es cuestionar los reportes de la ONU, aduciendo que sus analistas están sumando áreas de cultivo que están abandonadas. El debate llegó a tal punto que el informe oficial, con las cifras de 2024, no ha sido publicado, mientras avanzan “mesas técnicas” entre las partes.
2). La fumigación aérea con glifosato y la baja erradicación manual
La reducción histórica en los cultivos que había logrado Colombia hasta 2013, se debía en gran parte a la fumigación aérea con glifosato y a una agresiva campaña de erradicación manual forzada.
Sin embargo, las fumigaciones se suspendieron durante los diálogos de La Habana y, al llegar Petro al poder, la erradicación manual forzada se redujo como parte de una política gubernamental, en la cual el Estado no criminalizaría a los cultivadores.
En ese sentido, entre 2022 y 2025 las hectáreas erradicadas cayeron de 68.893 a 8.051, la peor cifra en la última década.
El asunto ha sido tan crítico, que el gobierno no tuvo más remedio que autorizar de nuevo la erradicación terrestre con glifosato desde finales de 2024, pero a la fecha los procesos de contratación de los erradicadores no han culminado y el programa no registra avances.
3). El auge de la producción de cocaína
Como consecuencia del aumento en los cultivos, de la demanda internacional del narcótico y de los procesos de tecnificación introducidos por mafias del exterior, la producción de cocaína se disparó.
Aunque también viene creciendo desde los días de la negociación de La Habana, entre 2022 y 2024 saltó de 1.738 toneladas métricas de cocaína a 3.001 anuales. Con eso, Colombia es el país que produce el 72% de toda la cocaína que circula en el planeta, según la ONU.
El Gobierno le puso la lupa a la interdicción, que en 2025, por citar el último año con una cifra récord, incautaron 985 toneladas, es decir, apenas la tercera parte de la droga que sale del país, de acuerdo con las estimaciones.
Esta situación fue uno de los motivos principales por los que la Casa Blanca descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas, el pasado mes de septiembre.
4). La política de “paz total”
En el documento con el cual el Departamento del Tesoro de Estados Unidos justificó la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton, consignó que él “es un exguerrillero elegido presidente en 2022”, que “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.
Esto implica que la nación del norte desaprueba la principal política del jefe de Estado colombiano, y la culpa de los pobres resultados en la lucha antidrogas.
5). El frenazo a la extradición de disidentes
En el marco de esa misma “paz total”, el Gobierno ha suspendido la extradición de objetivos de alto valor estratégico para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se trata de Willinton Henao Gutiérrez (“Mocho Olmedo”), del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF); Geovany Andrés Rojas (“la Araña”), de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; y Gabriel Yepes Mejía (“HH”), de los Comuneros del Sur.
Todos están protegidos bajo la figura de gestores y negociadores de paz, mientras conversan con el Gobierno en las mesas de diálogo.
En una entrevista con EL COLOMBIANO, en septiembre de 2025, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, no ocultó el descontento de su país por la suspensión de dichas extradiciones.
“Estas personas han mandado ese veneno a nuestro país. Hubo víctimas que han sufrido en Estados Unidos, y toda esta cadena trae violencia, daños y familias fracturadas. Tenemos la certeza de que ellos siguen delinquiendo. Es una decisión de Colombia, pero nuestro interés sigue siendo fuerte en llevar a esos bandidos a la justicia, porque las víctimas la merecen”.