A punta de tribunales le montan la oposición a De la Espriella

El Tribunal Superior de Bogotá revocó una tutela que obligaba al presidente Abelardo de la Espriella y al Congreso a pedir disculpas por el acto religioso que se llevó a cabo en la ceremonia de la posesión presidencial, el 7 de agosto pasado.

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Esto luego de que, en primera instancia, la tutela había ordenado al primer mandatario y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, pedir esas disculpas.

De hecho, tanto De la Espriella como Henríquez ya habían dado las excusas. Pero en esa nueva decisión, los magistrados concluyeron que no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, religión y cultos.

En la decisión hubo varios argumentos. Primero, se consideró que la tutela era improcedente, pues no se presentó un derecho de petición a las autoridades accionadas solicitando rectificar, retractarse o aclarar las manifestaciones religiosas de la ceremonia.

Segundo, dijeron que la sesión del Congreso en pleno en la que el presidente tomó posesión no fue convocada para adherir a una religión en específico, ni para perjudicar una creencia, religión o iglesia. Además, destacaron que hubo representantes de varias religiones y ninguno invitó a adherir a sus convicciones, ni rechazaron a personas “pertenecientes a otros cultos o no creyentes”.

Además, aseguraron que, por ser la posesión una convocatoria del Congreso, que “representa la voluntad popular” y se conoce como la institución que “integra todos los matices y tendencias dado su carácter democrático”, esta admite la participación de personas e instituciones que piensan diferente.

La decisión tocó otros siete puntos, pero, más allá de eso, volvió a poner sobre la mesa algo que viene ocurriendo: decisiones del Gobierno que, poco después de ser anunciadas o adoptadas, terminan bajo el escrutinio de los jueces.

Mientras el Ejecutivo avanza con sus determinaciones, sectores de la sociedad civil y de la oposición recurren a la justicia para elevar sus cuestionamientos y buscan que sean los jueces quienes determinen si esas medidas pueden mantenerse, deben limitarse o, por el contrario, cuentan con respaldo jurídico.

Medidas que llegaron a los juzgados

Hasta ahora, la justicia ha revisado decisiones del Gobierno relacionadas con los bombardeos a campamentos de grupos armados con presencia de menores de edad, la fumigación aérea de cultivos ilícitos y la exposición de cadáveres en bolsas por parte del presidente De la Espriella.

Otro ejemplo, conocido justamente esta semana, ocurrió sobre la decisión del Gobierno de poner fin a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en la que permanecen integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, como parte las medidas adoptadas para desmontar la “paz total”.

En este caso, un juzgado frenó temporalmente el cierre de ese espacio tras una tutela en la que se alegó que la medida podía afectar los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de los excombatientes.

Para explicar el tema, EL COLOMBIANO consultó a abogados expertos, quienes plantean que, además de la discusión estrictamente jurídica, estas decisiones se producen en medio de un escenario politizado.

La discusión parte de una premisa: la independencia de la Rama Judicial implica que los jueces deben poder tomar decisiones sin presiones de otros poderes, pero eso no significa que sus fallos estén por fuera del debate público.

¿Un debate político o jurídico?

Para Alfonso Portela, experto en derecho administrativo y exregistrador delegado en lo electoral, el tema tiene que ver con el clima político que atraviesa el país. “Es producto de la misma polarización. Cualquier evento o circunstancia que de alguna manera pueda tener un alcance jurídico inmediatamente lo activan a través de todas las acciones judiciales”, explica.

Sobre la polémica religiosa, Portela dice que el tema “parte de que la Constitución considera al Estado como laico, así que cualquier situación que se incline hacia una religión o creencia, inmediatamente va a generar la discusión precisamente por eso”. Y reitera que, por la situación política del momento, en la que el actual presidente ganó con una ventaja menor al 1 % de los votos frente a su rival, los temas polémicos van a tener trabas. Hace parte del sistema democrático.

Agrega: “En un Estado como el nuestro, de derecho afortunadamente, pero polarizado, todas estas circunstancias tienen que ver con judicializar los hechos políticos o las actuaciones administrativas. Así vamos a seguir hasta que el clima político cambie”. Habla, incluso, de temas como el de la fumigación aérea de cultivos ilícitos y los bombardeos a campamentos en los que mueren menores de edad.

Por su parte, el abogado y docente Óscar Santamaría señaló: “Están acudiendo a los jueces constitucionales para trancar el manejo que el presidente le está dando al Estado. No dejarlo gobernar, y es entendible porque hubo un cambio de gobierno y de postura ideológica”.

Agrega que “la oposición del Pacto Histórico y otros partidos independientes están acudiendo a los jueces para que esto pase”.

Pero el mismo presidente aseguró desde Girón (Santander), en un encuentro organizado por la Corte Constitucional, que mantiene “respeto absoluto y reconocimiento” por los magistrados y sostuvo que, aunque puede haber discrepancias, “nunca” desconocerá sus decisiones. “El alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria”, afirmó.

Y luego la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, respondió al mensaje de De la Espriella sobre la independencia judicial y defendió los mecanismos previstos para controvertir las decisiones de los jueces. “Nuestras decisiones, aunque deben ser acatadas, pueden no ser compartidas, pero habrá cauces legales para revisar cualquier fallo”, señaló.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué decisión tomó el Tribunal Superior de Bogotá respecto a la tutela sobre la posesión presidencial?

Revocó el fallo de primera instancia que obligaba al presidente Abelardo de la Espriella y al Congreso a pedir disculpas por el acto religioso realizado durante la ceremonia de posesión del pasado 7 de agosto. Los magistrados concluyeron que no se vulneraron los derechos a la libertad de conciencia, religión y cultos.

¿Qué ejemplos de medidas gubernamentales han llegado a los juzgados?

Los bombardeos a campamentos de grupos armados con presencia de menores de edad, la fumigación aérea de cultivos ilícitos, la exposición de cadáveres en bolsas por parte del presidente, y el fin de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez vinculado al desmonte de la “paz total”.

¿Cuál fue la postura del presidente Abelardo de la Espriella ante la Rama Judicial?

Desde Girón (Santander), aseguró que mantiene un “respeto absoluto y reconocimiento” por los magistrados, afirmó que nunca desconocerá sus decisiones a pesar de las discrepancias, y sostuvo que ”el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria”.