Estos son los argumentos de una acción popular ante la Justicia que busca frenar la compra de 17 aviones Gripen

La compra de los 17 aviones de combate Gripen para reemplazar la flota de Kfir enfrenta un desafío judicial. Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca suspender la ejecución del contrato firmado con la empresa sueca Saab hasta que el Gobierno haga pública la información relacionada con la financiación de la operación, los costos financieros y los soportes presupuestales que respaldan el negocio.

La demanda fue radicada por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional.

Justamente, el recurso judicial argumenta una posible afectación a los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público.

Además, solicita medidas cautelares para detener de manera provisional los desembolsos y demás actuaciones financieras asociadas al contrato mientras se resuelve el caso, según el documento conocido por El Tiempo.

De acuerdo con la acción popular, la compra de los aviones asciende a 3.135,5 millones de euros y el contrato ya habría sido suscrito y estaría en fase de ejecución.

La controversia y la información financiera

El origen de la demanda está en varios derechos de petición que Rodríguez presentó el pasado 20 de agosto para conocer detalles sobre lo relacionado con las aeronaves.

Entre la información solicitada estaban las condiciones de pago, el cronograma de desembolsos, los estudios de costo-beneficio, la minuta contractual y los documentos que respaldaron las autorizaciones presupuestales expedidas para la compra.

Según el demandante, la FAC negó parte de la documentación al considerar que está protegida por reserva legal debido a razones de defensa y seguridad nacional. Para Rodríguez, esa restricción se aplicó de forma muy amplia, incluyendo documentos de carácter financiero y presupuestal que, a su juicio, deberían ser públicos.

En las respuestas entregadas al abogado, la Fuerza Aeroespacial confirmó la existencia de varios soportes para la operación, entre ellos un aval fiscal del Confis emitido el 14 de agosto de 2025, el documento Conpes 4155, un concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y la autorización de vigencias futuras. Sin embargo, sostiene la demanda, dichos documentos no fueron entregados.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa reiteró la negativa a suministrar la información solicitada y mantuvo el argumento de la reserva legal.

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Piden suspender pagos y desembolsos

La principal solicitud de la acción popular es que el Tribunal ordene suspender la ejecución del contrato, incluyendo desembolsos, giros, autorizaciones de vigencias futuras y cualquier acto presupuestal o financiero relacionado con la compra.

El demandante también pidió una medida cautelar urgente para que esa suspensión se produzca mientras avanza el proceso judicial.

Además, busca que las entidades involucradas revelen públicamente el mecanismo de financiación de la compra, el costo financiero total de la operación, los intereses proyectados y los documentos que respaldan las decisiones presupuestales adoptadas para concretar el negocio.

Uno de los puntos centrales del recurso tiene que ver con el impacto que la compra podría tener sobre las finanzas públicas. La acción sostiene que aún no se conocen de manera pública las condiciones de financiación ni el costo total del endeudamiento asociado a la adquisición de las aeronaves.

El abogado también menciona el contexto fiscal derivado de la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto y plantea que el país enfrenta necesidades presupuestales adicionales para atender la reconstrucción y la atención de las zonas afectadas.

En caso de que el Tribunal no acceda a suspender completamente la operación, la demanda propone una medida alternativa.

Esta medida sería que se detengan únicamente los desembolsos y compromisos financieros futuros que aún no se hayan perfeccionado, mientras se hace pública la información financiera y presupuestal relacionada con la compra de los Gripen.

Ahora será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el encargado de evaluar si admite la acción popular y si decreta las medidas cautelares solicitadas contra uno de los contratos de defensa más costosos suscritos por el Estado colombiano en los últimos años.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué demandaron la compra de los 17 aviones de combate Gripen en Colombia?

La compra fue demandada mediante una acción popular que señala una posible afectación a la moralidad administrativa y al patrimonio público, debido a que el Gobierno negó información sobre la financiación, costos financieros y soportes presupuestales al declararlos bajo reserva legal.

¿Qué medidas cautelares se solicitaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

La demanda pide una suspensión provisional urgente de la ejecución del contrato con Saab y la detención de los desembolsos, giros y autorizaciones de vigencias futuras; como alternativa, solicita frenar únicamente los compromisos financieros no perfeccionados hasta que se publique la información presupuestal.

¿Cuánto cuesta la compra de los aviones Gripen para la Fuerza Aeroespacial Colombiana?

De acuerdo con la acción popular, el contrato firmado para reemplazar la flota de aviones Kfir asciende a 3.135,5 millones de euros y ya se encuentra en fase de ejecución.