Ajuste final en acuerdo da tranquilidad a la Fuerza Pública

Con una fe de erratas, el Gobierno y las Farc, corrigieron uno de los puntos que más polémicas causó del acuerdo definitivo y que, aparentemente, perjudicaba a los comandantes de la Fuerza Pública, ya que los castigaba por hechos delictivos cometidos por sus subalternos.

“Se elimina la frase ‘tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma’ y se reemplaza por ‘tal y como se establece en el derecho internacional’, quedando así: ‘se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como se establece en el derecho internacional’”.

Dicha noticia fue bien recibida por la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, Acore, cuyo presidente, el general (r) Jaime Ruíz, celebró el apoyo del Ministerio de Defensa y de los altos mandos militares para hacer los cambios necesarios.

“El anuncio de la fe de erratas soluciona una parte, sobre todo lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma, mientras que de otros temas de la justicia transicional, se nos ha dicho que serán solucionadas dentro del proceso de implementación de los acuerdos, una vez sean refrendados por el Congreso”, afirmó el oficial retirado.

Según el representante de Acore, el Congreso tendrá como primer punto de su agenda la aprobación de la llamada Ley de Amnistía, “donde necesariamente debemos estar nosotros para darle el blindaje correspondiente para que sea el resultado de una negociación. Por eso el compromiso que hay es socializar los resultados a todos los integrantes de las Fuerza Pública, incluso aquellos que se encuentran en los diferentes centros de reclusión”.

La decisión tomada por los equipos negociadores también fue bien recibida por el comandante de las Fuerzas Armadas, general Juan Pablo Rodríguez: “la rápida implementación es necesaria para agilizar la libertad de nuestros militares detenidos”, dijo en su cuenta de Twitter.

Reparo internacional

Sin embargo, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch y uno los principales opositores del acuerdo de paz, se declaró “decepcionado” por la decisión que tomaron los equipos negociadores.

“Esta concesión no era necesaria para alcanzar la paz con las Farc, pues sus comandantes ya habían aceptado la nueva versión del acuerdo. Por el contrario, el cambio realizado hoy es una burda capitulación del Gobierno del presidente Santos a la presión de los comandantes del Ejército que buscan aprovecharse del proceso de paz para garantizar su impunidad”.

Agregó que no se justifica que el Gobierno “sucumba” ante presiones para que los comandantes del Ejército no rindan cuentas por su rol en más de 3.000 casos de “falsos positivos”.

Hoy 15.000 integrantes de la Fuerza Pública, entre militares y policías, están vinculados en procesos judiciales, de esa cantidad, 5.500 podrían beneficiarse con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de estos, 2.000 podrían recobrar su libertad.